Global Witness hace un llamado al Estado hondureño a que tome medidas enérgicas para poner fin a una campaña de desprestigio en contra de grupos que trabajan para proteger a las y los defensores de la tierra y del medio ambiente en Honduras, el país más peligroso del mundo para este tipo de activismo. El gobierno debe garantizar la protección de defensoras y defensores locales e investigar nuevos actos de intimidación en contra de comunidades que se han movilizado en contra del robo y la destrucción de su tierra, demandó la organización no-gubernamental.
“Aún no sabemos quiénes están detrás de esta campaña coordinada para silenciar o desacreditar a quienes denuncian la crisis de derechos humanos relacionada con la tierra y los recursos naturales en Honduras. Pero sí sabemos que se trata de un intento de desviar atención de la corrupción existente en los más alto niveles y de los abusos que expusimos en nuestra reciente investigación, la cual evidencia quiénes son responsables por el escalofriante número de asesinatos y ataques”, dijo Ben Leather, encargado de incidencia de Global Witness.
“En reiteradas ocasiones, el gobierno hondureño se ha comprometido con proteger a las y los defensores en riesgo. Sin embargo, estos activistas siguen siendo asesinados y la campaña de desprestigio en su contra sigue sin respuesta. Está ampliamente documentado que la estigmatización aumenta la vulnerabilidad de personas defensoras ante posibles ataques. Debido a eso, es aún más crítico que el Estado condene públicamente cualquier intento de desacreditar a las y los defensores, así como las organizaciones internacionales que les apoyan”.
En enero, Global Witness publicó los resultados de una investigación de dos años sobre quienes están detrás de los asesinatos de las y los hondureños que se oponen a minas, represas, la tala o agricultura a gran escala en su tierra. El informe demuestra que, con 123 asesinatos desde el año 2009, Honduras es el país más mortal per cápita en el cual defender los derechos a la tierra y al medio ambiente. Subraya la situación no solamente de las y los activistas que se identifican como ambientalistas, sino también quienes defienden sus derechos en torno a su territorio indígena o comunidades campesinas. Demuestra que los proyectos que se encuentran en el corazón de los conflictos tienen vínculos con élites ricas y poderosas, entre ellos políticos conocidos. Las y los defensores en riesgo trabajan para exponer esta corrupción y asegurar que la riqueza de Honduras beneficie a todos los ciudadanos y no solo una pequeña élite corrupta.
Desde la publicación del informe, integrantes de grupos locales de derechos humanos como el MILPAH y el COPINH han sido objeto de elevados niveles de hostigamiento y una defensora de derechos humanos fue demandada civilmente por un elevado valor de indemnización por parte de una empresa. Mientras tanto, Global Witness y sus aliados internacionales como Oxfam y Front Line Defenders han sido objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales, que cuestiona su independencia política y la credibilidad de su labor. Esta campaña también incluye una serie de tuits y videos que les acusa de ocultar información sobre sicarios y el narcotráfico.
“Global Witness es una organización mundialmente reconocida, con más de 20 años produciendo reportajes respetables. Ganadora del Premio Skoll y el Premio Ted en el 2014, la organización no está alineada con ningún partido ni movimiento político y se enorgullece de su rigor investigativo independiente”, afirmó Leather.
“Nuestro informe sobre Honduras fue fruto de una investigación de dos años que implicó la meticulosa recolección y corroboración de testimonios, además de la recopilación de evidencia documental como registros judiciales e informes gubernamentales. Hacemos esta labor porque el Estado hondureño no está haciendo lo suficiente para investigar los crímenes y castigar a los responsables. El gobierno ahora tiene la oportunidad de actuar en base a los hallazgos de nuestro informe y las denuncias de comunidades locales, y demostrar que su policía y órganos judiciales no forman parte de la corrupción que hemos documentado”, concluyó Ben Leather.
