Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Mientras las mujeres indígenas esperan las oportunidades para promover micro empresas de tejidos, envasados de alimentos y producciones agrícolas, hay personas clasificadas que cada mes reciben el “bono 10 mil” o la “bolsa solidaria” que da el gobierno de turno, así lo denunció María Santos Paz, del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras, CEM-H, en La Esperanza, Intibucá.
El presupuesto para las mujeres campesinas e indígenas, existe, pero no nos apoyan, incluso en cabildo abierto a grupos ya organizados se les entrega diez mil lempiras, pero si son afines al poder político, agregó la defensora.
Hay mucha necesidad en todas las mujeres de Honduras, porque en el área urbana también las compañeras tienen que ver como sobreviven y sostienen a sus hijos. La vulnerabilidad aumenta cuando hay que ganarse la vida en la calle, vendiendo frutas, verduras, tortilla, laborando en casas ajenas, no teniendo ningún beneficio social, más que vender barata la fuerza de trabajo, explicó Paz.
En Honduras hay unos 8 millones y medio de habitantes, de los que el 52 por ciento (52%) son mujeres, y de éstas, el 30 por ciento (30%), madres solteras, equivalente a más de 1 millón 300 mil mujeres, que se puede decir las adultas están a cargo de la sostenibilidad total del hogar, que incluye salud, educación y protección integral de sus hijos e hijas, y las menores a cargo de sus hermanos y hermanas, además de realizar trabajos informales para ayudar en el sustento familiar.
Todo esto sucede porque no hay equidad en la distribución de riquezas, pese a que existe el presupuesto etiquetado y la asignación de recursos que fortalezcan el respeto de los derechos e igualdad de las mujeres, preocupa que el Gobierno no le de importancia necesaria, y aun más que esté desviando los fondos para otros programas gubernamentales de “vida mejor” y de olvide que hay de la Ley Credimujer, para acceder a recursos productivos, y otras demandas para fortalecer la unidad de investigación de femicidios del Ministerio Público, una lucha que iniciaron organizaciones de mujeres y feministas desde el año 2014, para ser incluidas en el Presupuesto General de la República 2015.
Aunque existan leyes que obligan a las instituciones estatales informar públicamente sobre la inversión en género realizada por el Estado, las mujeres denuncian que el gasto destinado para ellas, es invisible en los dos años que llevan aprobadas esas Disposiciones Generales de Presupuesto, DGP. Contrario con el presupuesto del Gabinete de Defensa y Seguridad, que pasó 9 mil 379 millones en el 2015, a 14 mil 3 millones en el 2017, según la Propuesta de Presupuesto presentada recientemente al Congreso Nacional. Es decir, que mientras el gasto militar se incrementa, los femicidios suman, entre el 2014 y 2015, unos 997 crímenes contra mujeres, y en lo que va del año 2016 ya se registran un aproximado de 390 femicidios, de los cuales el 94.2% están en la impunidad.
Si bien en el mes de marzo de 2016 se creó la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (adscrita a la Agencia Técnica de Investigación –ATIC-), asignándosele un presupuesto de 30 millones de Lempiras, al mes de agosto de este año aún no se transferían los fondos que fueron aprobados por el Congreso Nacional en diciembre 2015, para el inicio de su funcionamiento, denunciaron representantes del Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H; el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD; la Plataforma Credi-Mujer; y la Plataforma 25 de Noviembre, en el marco de la introducción del Proyecto de Presupuesto Público para el año 2017 ante el Congreso Nacional.
Estamos demandando que se hagan planteamientos presupuestarios con perspectiva de género, el 5% total de las trasferencias de las municipalidades debe ser para programas que mejoren la calidad de la vida de la mujer, y 50 millones de lempiras se destinen a la Ley CREDIMUJER, como se establece, y aunque se aprobó cinco millones, con ese monto no se hace nada, denunció Suyapa Martínez, directora del CEM-H.
Los recursos asignados en el Presupuesto del 2016 (30 millones de Lempiras para la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios adscrita a la ATIC), son insuficientes para poder ampliar la cobertura, dado que sólo está funcionando en Cortés y Francisco Morazán. A eso se le suma que los fondos no fueron trasladados. Por ello, exigimos que se le entreguen los 30 millones al Ministerio Público y que se le incrementen los recursos a esta Unidad para la apertura de al menos dos oficinas más, en zonas en donde se registre un mayor número de femicidios.
Otra petición es que se transfieran 30 millones de lempiras al Ministerio Público, MP, para las investigaciones de muertes de mujeres, y si eso no sucede, continuaremos con esta lucha, pues los fondos son respaldados por una ley, aproada el año pasado, por lo que el diputado Francisco Rivera, presidente de la comisión de Presupuesto debe velar para que procedan los desembolsos de estos presupuestos, y que rechace todos informes presentados por las Secretarias de Estado, que no reúnen el requisito de etiquetado de género.
Nos preocupa que esos fondos es estén destinando a las prioridades del gobierno, y son sus programas de “vida mejor” y “la bolsa solidaria”, que no son malos, pero se distribuye partidariamente, además que a las mujeres no se les enseña a ser productivas, sino que se les obliga a estar subordinadas, aseveró Martínez.
Por lo que es necesario cambios reales en los funcionarios públicos, es urgente tener gobiernos con otras perspectivas y dinámicas. Que no piensen que con militarizar la sociedad se resuelve el problema de inseguridad, las cifras dicen que más siguen matando, crean cárceles por todos lados y aumenta la criminalidad, porque no es la solución a los problemas, sino que necesitamos nuevas visiones integrales desde las políticas públicas, que nos representen y que nos incluyan, puntualizó la feminista Suyapa Martínez.
Denuncias por la indiferencia al presupuesto etiquetado para las mujeres
En una conferencia de prensa, el martes pasado, se sostuvo que mientras la violencia doméstica es la primera causa de denuncia de delitos contra las personas (20 mil casos anuales/promedio), y la violación sexual ocupa el tercer lugar entre los delitos más denunciados a nivel nacional (3 mil denuncias anuales/promedio), las asignaciones presupuestarias destinadas a las mujeres siguen siendo microscópicas.
Ese extremo se evidencia en los renglones presupuestarios de las siguientes instituciones estatales: la Fiscalía Especial de la Mujer, la que representa apenas el 1.5% del presupuesto del Ministerio Público; los juzgados Especializados en Violencia Doméstica, los que representan apenas el 1.08%, dentro del Poder Judicial, en comparación a otros juzgados que tienen asignaciones de hasta 4.79% del presupuesto. Asimismo el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos de las Mujeres CAPRODEM, con un 0.17% y la Unidad de Género con 0.11%, que representan únicamente el 1.36% del total de ese poder el Estado. Lo anterior sumado al debilitamiento del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que pasó de un presupuesto de 29 millones en el 2013 a 22.5 millones en los últimos cuatro años (0.010%), del total del Presupuesto General de la República).
Por lo tanto, el CEM-H, CESPAD, la Plataforma Credi-Mujer; y la Plataforma 25 de Noviembre, denunciaron que a más de un año de aprobada la Ley de CREDIMUJER, las instituciones competentes del Estado no se han preocupado por la reglamentación de un programa al que apenas se le han asignado 5 millones de Lempiras. Esa es una situación que preocupa a las mujeres campesinas, que continúan esperando los préstamos de este programa mientras se priorizan recursos para otras acciones de gobierno, en particular, enfocadas en la militarización de la sociedad hondureña. En estas circunstancias, la Ley CREDIMUJER se enfrenta al riesgo que los fondos solicitados sean canalizados por el Programa Vida Mejor, desnaturalizando los objetivos y propósitos de esta Ley.
Agrega el documento presentado, “denunciamos que las Audiencias Públicas de Presupuesto, a pesar de estar establecidas en el artículo 10 de las DGP, no se realizaron en su totalidad. Por otro lado, las audiencias realizadas por los Gabinetes Sectoriales de Seguridad y Defensa, Gobernabilidad y Descentralización y de Conducción y Regulación Económica, no reflejaron la inversión realizada en género, y sólo Seguridad reportó una inversión de 1 millón de lempiras para el funcionamiento de la Unidad de Género, y la Secretaría del Trabajo, una inversión de 12.5 millones para el Programa de Centros de Cuidado Infantil, dejando evidenciada la falta de voluntad política de las y los funcionarios para el cumplimiento de las DGP-2016. De igual forma, a las organizaciones de mujeres se les limitó la participación a una representación, lo que dificulta que las mujeres organizadas emitan sus diferentes expresiones y alcen su voz en demanda de justicia presupuestaria”.
Además denuncian la falta de cumplimiento del artículo 152 de las DGP, en cuanto a la transferencia municipal, que plantea el traslado de un cinco por ciento (5%) para programas a favor de las Mujeres, al que le dará seguimiento el Instituto Nacional de la Mujer –INAM- en Coordinación con las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y las Organizaciones de Mujeres. Lo anterior, a pesar de la nota enviada por parte de la Secretaría de Gobernación Justicia y DD HH que incluye en la distribución el 5%.
Y consideran que es necesario que las y los funcionarios de gobierno en todos sus niveles cumplan con los artículos que tienen que ver con la perspectiva de género que en concreto es, visibilizar la inversión realizada en las mujeres, en los informes y la asignación de recursos destinados a atender sus necesidades y demandas.
