Tegucigalpa.- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en conferencia de prensa desarrollada el martes 3 de noviembre, vía plataforma zoom, expusieron sus preocupaciones frente a la situación de derechos humanos, cuando el estado se someterá en unos días, al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La comparecencia del estado de Honduras está prevista para este jueves 5 de noviembre, y ahí, el régimen de Juan Orlando Hernández deberá responder a 150 recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos hace 4 años y medio.
La FIDH y COFADEH expusieron con suma preocupación el incremento de la militarización de la sociedad hondureña, las desapariciones forzadas, la impunidad, la criminalización de la protesta social y el deterioro del estado de derecho, entre otros aspectos.
Al respecto, la Secretaria General de la FIDH, Gloria Cano, señaló que la organización que representa “se encuentra alarmada por la gravedad de la situación en materia de derechos humanos en Honduras”.
Hemos seguido muy de cerca y denunciado en repetidas ocasiones el detrimento de la democracia y el aumento del militarismo, y la pérdida del estado democrático de derecho, dijo Cano.
La FIDH considera que el EPU que se llevará a cabo el 5 de noviembre es una oportunidad para un balance de la situación de derechos humanos, sostuvo la Secretaria General de la FIDH.
Cano expuso que en 2009, la FIDH ya había denunciado y documentado a través de una misión de evaluación, las graves violaciones a los derechos humanos producidas por el golpe de estado, entre ellas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
“La historia nos muestra el nivel de degradación de la situación de los derechos humanos en Honduras. Hoy 11 años después del golpe de estado y casi 40 años de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, las graves violaciones a los derechos humanos no cesan”, sostuvo.
Cano explicó que “por un lado está la persistente y creciente militarización del país y además el contexto del covid19 ha venido vulnerando los derechos civiles y políticos de muchas de las comunidades”.
La FIDH se encuentra alarmada por la militarización de las zonas geográficas identificadas como “resistentes”. El derecho a la protesta social está siendo opacado, prueba de ello, es el aumento a las vigilancia militar en Guapinol, en donde varias personas han sido criminalizadas por defender el derecho al agua.
La Secretaria General de la FIDH denunció la criminalización y hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos. Honduras sigue siendo el país con la tasa más alta de asesinatos de defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente. Catorce ambientalistas fueron asesinados en 2019.
La FIDH también expresó suma preocupación por la impunidad que persiste en las desapariciones ocurridas en los años ochenta, así como las desapariciones forzadas que vienen ocurriendo en el marco de la pandemia del covid19.
“La FIDH considera que los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público (MP) en Honduras para esclarecer las desapariciones forzadas han sido insuficientes”, dijo Gloria Cano.
“Que sigan ocurriendo desapariciones forzadas convierte a Honduras en un caso representativo y prende las alarmas de la comunidad internacional por la extrema gravedad de esos delitos”, advirtió la Secretaria General de la FIDH.
La FIDH agrupa a más de 100 organizaciones a nivel mundial y tiene su sede en París, Francia.
Durante la rueda de prensa, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expresó que los 3 temas que mantienen preocupado al comité, son las desapariciones forzadas, cuya práctica se ha reactivado.
Otro de los temas es la persecución que existe hacia personas que luchan por sus territorios, como es el caso de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, de la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón, expuso.
Oliva destacó la situación de 8 defensores ambientalistas que están privados de la libertad por su lucha emprendida en la defensa de la Montaña Carlos Escaleras, que enfrenta la amenaza de la extracción minera en la zona.
La Coordinadora General del COFADEH explicó a los medios de comunicación, que otro tema que se ha colocado en el informe que se presentará por parte de la sociedad civil ante el Examen Periódico Universal (EPU), es el de la desaparición de 17 personas, ocurridas durante la suspensión de las garantías constitucionales, ordenadas por el régimen a causa de la pandemia del coronavirus.
Además hemos colocado el tema de todo lo que ha significado la criminalización de la protesta social y los efectos de la misma, así como los niveles de militarización y la remilitarización en la sociedad hondureña, manifestó Bertha Oliva.
“Honduras se va a someter al Examen Periódico Universal (EPU), que es una oportunidad y creemos que sí podemos hacer reflexionar al régimen para que cambie la práctica de exterminio, que cambie esa práctica de llevarnos cada vez más a una consolidación de una dictadura sanguinaria”, indicó Oliva.
El EPU no puede pasar desapercibido de que Honduras está en crisis, resaltó.
Y agregó que “sabemos que en un país donde no tenemos un estado democrático de derecho, pues todos los derechos de las y los ciudadanos están siendo violentados a diario, aseguró la reconocida defensora de derechos humanos.
A propósito de esto, la conferencia de prensa se produjo un día después que dos reconocidos periodistas fueron víctimas de detención ilegal y uso excesivo de la fuerza ejercida por agentes policiales, en un hecho que se suscitó en la capital de la República, el lunes 2 de noviembre en horas de la noche.
Se trata de los periodistas Cesario Padilla y Miriam Elvir que laboran para el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), organización que a través de su página digital: Conexhion.hn, registra las violaciones a los derechos humanos que el régimen comete en contra de la prensa independiente, las amenazas contra periodistas, la libertad de expresión y la protesta social, entre otros.
En la conferencia de prensa, los periodistas escucharon el testimonio de Jeannethe Mejía, madre del joven César Roberto Haddid Ortíz Mejía (19), desaparecido el 22 de junio de este año, y del cual las autoridades no han dado respuesta aún.
César Roberto Haddid cursa el último año de la carrera de Informática del Instituto Cibernet School y es miembro de los Scouts de Honduras.
La madre, Jeanneth Mejía narró que su hijo salió de la casa de sus abuelos al mediodía del 22 de junio con el propósito de recogerla en su trabajo. El joven conducía un vehículo particular.
Tras varios minutos de esperarlo, Jeannethe llamó a casa de su padres en donde le dijeron que César Roberto Haddid ya había salido. Transcurrió el tiempo y ya alarmada, pidió ayuda a su hermana y cuñado para que indagaran en postas policiales para averiguar si el joven estaba detenido.
La madre angustiada dijo que visitaron varias postas policiales sin obtener resultados.
“La policía no ha hecho absolutamente nada y siguen bajo el concepto que la desaparición no es un delito, por eso estoy aquí ante ustedes porque ya no sé qué hacer”, declaró.
Por otro lado, el caso que fue conocido por al menos 3 fiscales del Ministerio Público (MP), no ha tenido la debida diligencia. El último de dichos funcionarios que fue consultado sobre los avances de las investigaciones no conoce en detalle las circunstancias y otras pistas que puedan desarrollar una investigación eficaz del caso. Lo que significa que el expediente sobre la desaparición no está en orden.
Mejía también señaló que no se hizo una inspección minuciosa del vehículo que manejaba su hijo al momento de su desaparición, con el propósito de encontrar pistas que son clave para la investigación.
Ellos han sido tan deficientes, no es posible que en 3 meses y medio, no tenía asignado un fiscal. Yo fui a la Fiscalía de turno, pero ahí me dijeron que las denuncias de desaparecidos no son un delito.
“Hay una confabulación, porque cómo es posible que en la posta de La Granja no me aceptaron la denuncia, no me apoyaron”, denunció Jeanneth Mejía.
Finalmente Mejía dijo que varios medios de comunicación han brindado información errónea sobre el caso, por lo que ella se preguntó: ¿De dónde están sacando esta información, quién se las da, y yo sigo esperando; no tengo absolutamente nada.
EL Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye los expedientes de derechos humanos de los estados miembros de Naciones Unidas y ofrece a cada estado, la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos en su país y para cumplir con sus obligaciones en esta materia.
Son un total de 150 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le formuló al estado de Honduras en 2015, y de las cuales, muy pocas se han adoptado.
Además de la presencia de periodistas de varios medios de comunicación nacionales y corresponsales internacionales de prensa, se conectaron a la transmisión reconocidas y reconocidos defensores de derechos humanos, entre ellos David Funkhouser (Filadelfia, Estados Unidos), María Adela Antokoletz de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina), Pablo Ruíz de SOAWTACH (Chile), Vicky Cervantes de la “Voz de los de Abajo” (Chicago, Estados Unidos), Pablo Cala de la “Fundación Hasta Encontrarlos” (Colombia).
También siguieron la transmisión, el director de Casa Alianza- Honduras, José Guadalupe Ruelas, Ana Ortega de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el periodista Edu Nachman (Chile) y Seidy Irías de Cattrachas, entre otros asistentes a la conferencia de prensa virtual.
