Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
Más de 50 gigabyte de información en poder del Ministerio Público desde mayo de 2016, así como numerosos testimonios y pruebas documentales sobre el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, fueron analizados por el grupo Asesor Independiente de Personas Expertas (GAIPE), donde concluye, que la fiscalía cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado público durante una conferencia de prensa que se desarrolló en un hotel capitalino donde estuvieron presentes, la madre, las hijas y otros parientes de la ambientalista asesinada, así como sus apoderados legales.
Liliana María Uribe, miembro del equipo GAIPE, explicó que en las investigaciones se basaron en “la prueba con la cual nosotros construimos las relaciones, primero de identificación de prácticas criminales que empleó DESA (empresa de Desarrollos Energéticos SA), con el único y cabal objetivo de destruir, de desvertebrar, de atacar al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares)”.
Uribe agregó que “lograron el asesinato de Berta Cáceres, nosotros lo concluimos a partir de la prueba que recolectamos de distintas fuentes, pero básicamente la fundamos en la información que tiene el Ministerio Público, desde que empezó la investigación”.
Inmediatamente después del asesinato de la defensora de derechos humanos el 2 de marzo del 2016, su familia exigió al estado que conformara un grupo internacional para monitorear la investigación conducida hasta ese entonces, por el Ministerio Público. Como respuesta a la negativa de parte de las autoridades hondureñas, la familia y el COPINH, reunieron apoyos y organizaciones nacionales e internacionales y formaron el GAIPE, data en el comunicado.
Según Berta Zúñiga Cáceres, hija de la hoy extinta Berta Cáceres, quien ahora está al frente del COPINH, “el caso que se supone que es emblemático y que tiene una investigación ejemplar, no nos imaginamos como son el resto de las investigaciones que tal vez no tienen tanta resonancia y lo otro es una complicidad con respecto a los autores intelectuales”.
Según doña Austraberta Flores, madre de Berta Cáceres, el informe es excelente, pero que todo eso la fiscalía ya lo sabía.
“Todo eso ya lo sabía la fiscalía y lo sabía todo de parte del estado, pero no han querido hacer la captura porque saben que está comprometido el mismo gobierno, ha sido completamente nulo”, sostuvo la madre de la ambientalista.
Agregó que ya se van a cumplir dos años del asesinato de la ambientalista y defensora de los territorios y que aún no han presentado o no han querido presentar las evidencias que ellos ya las tienen, y todo eso da la sensación de que no quieren capturar a los hechores intelectuales, especialmente no quieren hacer justicia.
Marcia Aguiluz del Centro Por La Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL ), expresó que el informe establece que “hay personas de los que ellos pudieron observar que estarían implicadas pero que tienen que ser indagadas por el Ministerio Público”.
Asimismo sostiene que “esas personas, al igual que todas, tienen derechos y entonces cuando el Ministerio Público los indague, seguramente se sabrá públicamente sus nombres pero no corresponde al grupo obstaculizar las investigaciones”.
DESA es la empresa que tiene el contrato en Honduras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La empresa niega su implicación en el asesinato y en cualquier delito.
La conclusión del informe es que este asesinato no fue un hecho aislado. Según GAIPE, tienen las evidencias para demostrar “la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores”.
“Las acciones criminales en contra del COPINH nosotros las identificamos y documentamos 164 agresiones que van desde homicidios, persecuciones, atentados contra el COPINH y contra las personas de las comunidades, esas investigaciones están alguna de ellas de manera separada”, agregó Uribe.
GAIPE surge tras la unión de varios expertos quienes sintieron el malestar de activistas y familiares de Cáceres con las autoridades al solicitar una investigación independiente al Estado, petición que al parecer no fue atendida por lo que el grupo asesor inició la cruzada de indagar más acerca de la muerte de Berta Cáceres.
