Tegucigalpa.
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de las fuerzas de seguridad del estado, impidió que unas 200 personas, entre mujeres, ancianas, niños y niñas, pudieran visitar a sus familiares que se encuentran privados de libertad, en la cárcel de máxima seguridad denominada El Pozo, ubicada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
Los parientes de los reclusos que se desplazaron desde tempranas horas de esta mañana en 7 unidades de transporte, fueron obligados a bajarse de las unidades a la altura de La Ceibita, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
Cabe señalar que de Ceibita a Ilama, hay unos 44.3 kilómetros. Sería como caminar de Siguatepeque hasta la base militar estadounidense de Palmerola, en el departamento de Comayagua.
Las unidades de transporte partieron de lugares como San Pedro Sula, La Lima, Chamelecón, la colonia Planeta, El Progreso, Tegucigalpa y habían formado una caravana con destino a Ilama.
Las denuncias expuestas detallan que policías y militares les explicaron que estaba prohibido viajar hacia “El Pozo” y que debían regresar a sus casas. Acto seguido procedieron a decomisar y destruir las pancartas que portaban los familiares donde demandaban mejor trato para sus parientes.
“Nuestros planes eran manifestarnos en cercanías de la cárcel para expresar nuestro apoyo a nuestros parientes que están presos”, manifestó una de las familiares que habló con www.defensoresenlinea.com, a cambio de mantener su nombre en anonimato.
“Lo que hicimos fue caminar, imagínese que las ancianas aguantaron esa gran caminata, caminamos 3 horas, pero no logramos llegar, porque nos ponían enfrente retenes militares”, manifestó la informante, quien tiene a su compañero de hogar cumpliendo una pena de 18 años, por el delito de tentativa de homicidio, de los cuales ha cumplido 10.
La afectada narró que su esposo fue trasladado del presidio de San Pedro Sula a El Pozo, en octubre del año pasado y que a partir de ahí; sólo lo ha visto una vez. Añadió que su familiar fue operado el 14 de febrero de este año de la vesícula, y desde entonces no ha estado bien de salud ya que ha perdido varias citas médicas con el especialista.
“Mi esposo de 44 años, está enfermo, padece de los riñones y de la próstata y ha perdido cantidad de citas médicas en el hospital Mario Catarino Rivas, y lo único que saben decir es que no llegó la seguridad a traerlos y usted sabe que la seguridad abunda”.
Hemos andado en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y de la Comisión Nacional de Prevención contra las Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), pero hasta el momento no he visto respuestas, sostuvo la informante.
“Ellos están privados de su libertad, están cumpliendo sus condenas, pero ellos ahí (en El Pozo) están bien desmejorados, no reciben aire puro, ni el sol natural; están pálidos y todos delgados y demacrados que ni parece que fueran ellos, y la comida que les dan es poca, más el calor que hace ahí es exagerado, es demasiado lo que están haciendo con ellos”, sostuvo la entrevistada.
Empezamos a caminar desde las 8:00 de la mañana desde Ceibita y paramos como a las 11:00 de la mañana, porque una muchacha que venía de Tegucigalpa se nos desmayó, porque estaba recién criando.
“La idea de nosotras era hacer una marcha pacífica, llevábamos camisetas blancas, porque la mayoría de nostras somos celebradoras de la Palabra de Dios; pero a los militares no les interesó, incluso cuando nos bajaron en Ceibita, al primer bus que detuvieron les quitaron las pancartas, se las rompieron y se reían de las mujeres”.
Sea como sea, ellos son familia de uno, y usted sabe que Dios no hace excepción de personas, pero a ellos (policías y militares) les vale, ellos no tienen amor por el prójimo, y no nos permitieron llegar hasta allá, apuntó la entrevistada.
Añadió que una serie de requisitos que aprobó el Instituto Nacional Penitenciario respecto de las visitas a los centros de reclusión, han resultado costosos, especialmente para las familias de escasos recursos. “Me parece demasiado exagerado, el trámite de los documentos que hay que sacar para visitar a nuestros parientes”, expresó.
Alrededor de las 2:00 de la tarde las madres, esposas, hermanas, hijas e hijos tuvieron que regresar a sus lugares de origen.
