Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Fuertes cuestionamientos acerca del rol que han jugado las Fuerzas Armadas en las últimas décadas en la vida de la nación, surgieron el jueves durante la presentación del Informe: “Militares en Honduras: De la transición democrática en los 90´, a la democracia autoritaria actual”, presentado el jueves 6 de diciembre en un hotel capitalino, por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
El informe propone cambiar en forma sustancial la actual misión constitucional de las Fuerzas Armadas orientada a garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y al alternabilidad en la presidencia de la República.
El documento recomienda asegurar que el presidente de la República pueda elegir y remover libremente al Jefe del Estado mayor Conjunto, especialmente cuando existan actos de desacato e insubordinación al poder civil.
“Es necesario revisar los objetivos y funciones estratégicas de las Fuerzas Armadas. En este tema es importante que las Fuerzas Armadas no sustituyan a otros actores que tienen funciones y responsabilidades vinculadas a los planes de desarrollo nacional”, destaca la publicación.
En la medida que los abusos de poder, el excesivo uso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta seguirá siendo “una moneda” de intercambio y negociación entre políticos y militares.
Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña, resalta entre otras recomendaciones el documento.
El autor del informe, el sociólogo y catedrático universitario Eugenio Sosa habló sobre el artículo 274 constitucional donde “prácticamente los militares son como la institución insigne del desarrollo nacional, están desde temas ambientales, temas de seguridad, pasando por emergencias que puedan presentarse hasta cualquier otro tema de carácter social, y no nos extrañe que avancen para querer salvar instituciones que están en la verdadera calamidad como salud, educación y otros, si siguiéramos el ritmo que llevamos”.
Esto da lugar a que realmente (los militares) se muevan con discrecionalidad en las crisis políticas, tanto la de 2009 como la de 2017. En 2009 insubordinándose y dando el golpe, en 2017 aunque allá se amparaban en la alternabilidad y la garantía de la democracia, para 2017, eso queda a un lado y hay una subordinación en otra lógica, explicó Sosa.
“Es decir en el fondo, la idea de no deliberación y participación política, sigue estando ahí presente”, sostuvo el investigador.
Sobre el tema de la militarización de las sociedades, Sosa dijo que no hay ningún ejemplo exitoso donde sean los militares, quienes sustituyen a los policías y asumen totalmente los temas de seguridad interna.
El otro aspecto es el de derechos humanos, donde en 2009 y 2017, “lograr una justicia efectiva en Honduras sobre violaciones a derechos humanos cuando hay elementos militares de alto rango o intermedios es realmente casi una imposibilidad, es una justicia que se mueve a pesar de muchas evidencias con un profundo sentido de subordinación cuando les toca hacer juicios de uniformados, y esto lo que va perpetuando es una idea de impunidad que está desde los años 80, y se sigue moviendo y puede seguir creciendo”, advirtió el catedrático universitario.
“En 2009 insubordinándose y dando el golpe, en 2017 aunque allá se amparaban en la alternabilidad y la garantía de la democracia, para 2017, eso queda a un lado y hay una subordinación en otra lógica”: Eugenio Sosa
La socióloga e investigadora en temas de seguridad, Mirna Flores, sostuvo que si se valora lo que dice la Constitución de 1982 respecto del papel de las Fuerzas Armadas, se podría decir que quedó una puerta abierta, “porque ellos son un actor protagónico en las reformas, para poder mantener una buena cuota de poder en la constitución política. De una u otra manera en esa constitución, se les conceden permisos amplios que no están en otras constituciones con democracias más fuertes”.
Flores destacó como ejemplo en el caso de Centroamérica y Honduras, todo un legado de autoritarismo donde la presencia militar ha sido muy fuerte, y se mantiene una cuota de poder que significa que los militares tienen un perfil y una estatura elevada, cuando la Constitución les permite participar en condiciones de emergencia o cuando el presidente de la República los necesite en situaciones especiales de seguridad o cuando se requiere salvar situaciones de emergencia”.
“Esos permisos constitucionales son propios de las débiles democracias, que es el caso nuestro, porque en constituciones y en países con una democracia más fortalecida, las funciones militares están muy bien acotadas. En ese sentido, de una u otra manera, se puede decir que hay una coyuntura favorable donde los militares mantienen una cierta cuota de poder, donde son ellos mismos los que se delegan sus propios funciones”, aseguró la experta.
Flores indicó que a los militares se le ha encomendado funciones policiales, asistencia médica, situaciones del medio ambiente, en aspectos de migración, desastres naturales y emergencias que enfrenta el país.
“En ese contexto de transición donde en los años 90´, estamos frente a un crecimiento vertiginoso de la violencia en el país, y sobre todo de una violencia social, ese espacio es usado por políticos y por militares para reposicionar nuevamente a los militares en la sociedad hondureña, y de una u otra manera las relaciones cívico-militares están sufriendo un retroceso, porque esas funciones amplias y ambiguas; vuelven a ser retomadas y los militares adquieren un papel protagónico en temas de seguridad pública”, explicó la investigadora.
Es así que asumen un rol importante en la seguridad pública, en la lucha contra el narcotráfico que crece y hay una demanda de atención, sobre todo de Estados Unidos, en labores de inteligencia, y con todas estas funciones parecería que colocara “a los militares en contextos propios de la guerra fría y no en los contextos que se supone que deberían ser de fortalecimiento democrático y sobre todo de una institución que como muchas, tiene un papel importante en el avance democrático del país”.
“Estamos frente a un crecimiento vertiginoso de la violencia en el país, y sobre todo de una violencia social, ese espacio es usado por políticos y por militares para reposicionar nuevamente a los militares en la sociedad hondureña, y de una u otra manera las relaciones cívico-militares están sufriendo un retroceso, porque esas funciones amplias y ambiguas; vuelven a ser retomadas y los militares adquieren un papel protagónico en temas de seguridad pública”; Mirna Flores
Entretanto y durante su exposición, el analista político, ex diputado nacionalista y ex asesor del Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado dijo que considerar que los militares de hoy, son los mismos de hace 10 años, es un error.
“Después de los acontecimientos de 2009, se genera un proyecto político orientado al control absoluto de las Fuerzas Armadas (FFAA). El actual presidente (Juan Orlando Hernández) empieza a preocuparse acerca de que lo que le pasó al ex presidente Manuel Zelaya, pueda pasarle a él; y con sus asesores diseñaron un proyecto que tiene como objetivo la cooptación absoluta, el control pleno de la institución armada para evitar que frente a algunas acciones planificadas a futuro, puedan darse situaciones de inconformidad, que puedan derivarse en una inestabilidad de su régimen”, explicó.
Para lograr eso propósito, Pineda Alvarado comentó que se empieza a identificar a algunos elementos de las Fuerzas Armadas que son más o menos deliberantes, los incómodos, y se decide hacerles la propuesta que antes de llegar la fecha de su retiro pidan la baja, y se les van a dar todos sus derechos laborales, más un bono de 2 millones de lempiras a cada uno; y promociones enteras fueron eliminadas de las Fuerzas Armadas antes de cumplir su período normal y legal de servicio.
“Esto va afianzando ese tipo de control y se complementa con la labor de co-gobernación con las Fuerzas Armadas, de tal manera que usted va a encontrar en el Hospital Escuela, en el Ministerio Público, en los Tribunales y en las distintas oficinas del Estado a oficiales de las Fuerzas Armadas o a miembros de la Policía Militar, algún tipo de función.
Entonces estos militares de ahora, no son los mismos que defenestraron al presidente Manuel Zelaya, éstos son elementos que están bajo el control absoluto de una especie de “democracia imperial” donde hay generación de preocupación por parte de diversos sectores, incluidos los militares, explicó.
Pineda Alvarado agregó que las Fuerzas Armadas no son una institución democrática, porque se parte del concepto de obediencia, disciplina y verticalidad, “entonces no puede usted poner una institución que no puede ser democrática, a salvaguardar el orden democrático”.
Este debe ser el punto de anclaje para poner en el debate nacional el tema de la reforma a las Fuerzas Armadas, insisto, no podemos seguir con un código militar del siglo antepasado, con una ordenanza militar que ya es arqueología jurídica, sostuvo el jurista.
“Después de los acontecimientos de 2009, se genera un proyecto político orientado al control absoluto de las Fuerzas Armadas (FFAA). El actual presidente (Juan Orlando Hernández) empieza a preocuparse acerca de que lo que le pasó al ex presidente Manuel Zelaya, pueda pasarle a él; y con sus asesores diseñaron un proyecto que tiene como objetivo la cooptación absoluta, el control pleno de la institución armada”: Raúl Pineda Alvarado
Entretanto el economista y analista político Fernando García, expresó que no puede ser posible que una institución que depende de un poder del estado, que concentra todo el poder político en la actualidad a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, sea quien de garantías democráticas.
“La democracia no es función de una entidad pública, la democracia es una responsabilidad de todas las entidades públicas, de todos los poderes del estado, de toda la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil, por consiguiente es responsabilidad de todos”, sostuvo.
García señaló que no hay un control de la sociedad civil, de la ciudadanía, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, “considero que puede haber subordinación parcial de un grupo del partido Nacional en el poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de la cooptación por otros medios, de las Fuerzas Armadas y la Policía; pero una subordinación del hombre uniformado respecto a los civiles, es falso””.
Sobre ese nivel de subordinación que debe existir por parte de los militares frente al poder civil, el sociólogo Eugenio Sosa expuso que previo al golpe de estado de 2009, el Congreso Nacional no aceptó la destitución del cargo del ex jefe del Estado mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, dictada por el ex presidente Manuel Zelaya.
“Y una de las razones por las cuales se facilitó el golpe es que no se aceptó la destitución, tampoco el presidente Zelaya tuvo la posibilidad de encontrar en esa junta de comandantes quién relevara al general Romeo Vásquez Velásquez y se pusiera al frente de una institucionalidad militar subordinada al presidente; y ese tema de alguna manera, lo hemos ido dejando de lado”, aseguró Sosa.
Por su parte, Fernando García, al ser consultado si ¿deben intervenir las Fuerzas Armadas para volver al orden constitucional considerando que Honduras vive bajo un régimen ilegal?, el analista político expresó que “los caminos son diversos, los escenarios ahorita, todo es posible, pero lo que sí debe de quedar claro es que todo debe conducir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, originaria y con poderes amplios para poder construir un verdadero estado de derecho.
El informe : “Militares en Honduras: De la transición democrática en los 90´, a la democracia autoritaria actual”, destaca el papel que han jugado los militares desde la década de los años 80´, durante el proceso de transición de los 90´, hasta llegar al actual momento en el cual se les hace serios señalamientos vinculados, particularmente, con la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas y la violación de derechos humanos en Honduras.
El documento resalta que para comprender el momento actual, relacionado con la defensa y seguridad y en específico, con el papel de los militares en el país, el CESPAD menciona las reformas democráticas de los 90´, los procesos de altibajos acontecidos entre los militares, los políticos y los civiles, y el momento actual en el que para algunos sectores, el poder ostentado por las Fuerzas Armadas jamás se había visto en la historia de Honduras.
El viejo y el nuevo papel de los militares no se puede comprender sin el apoyo que históricamente les han brindado los Estados Unidos y, en ese sentido, el CESPAD reflexiona sobre el rol jugado por ese país del norte, en cuanto al apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras se refiere.
Un tema importante que se menciona en el informe, lo constituye la ausencia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del sector Defensa y Seguridad, pues una de las prácticas de los políticos hondureños para congraciarse con los militares, ha sido las aprobaciones presupuestarias ausentes de auditorías y de control ciudadano.
