Colón, Honduras.- Frente a un contingente militar, cientos de personas mantienen un plantón exigiendo la libertad para las defensoras de territorio ancestral garífuna Jennifer y Marianela Mejía Solórzano, privadas de libertad desde el pasado miércoles 3 de marzo.
Las hermanas Jennifer Mejía Solórzano (37) y Marianela Mejía Solórzano (31), acusadas por el supuesto delito de usurpación, daños y perjuicios, por presión social fueron dejadas en las celdas de la delegación policial de Trujillo, departamento de Colón, y no en el centro Penal de Olanchito, Yoro, como lo había determinado el juez que conoció el caso.
Este domingo a las 9 a.m. y 1 p.m. se desarrolla las audiencias iniciales por los dos expedientes donde se criminaliza a Jennifer, docente y pre candidata a diputada por el partido de oposición Libertad y Refundación (LIBRE); uno que comparte con Marianela, ambas integrantes de la organización garífuna Cristales y Río Negro, en Trujillo.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), emitió ayer un comunicado afirmando que el pueblo negro llegó a este territorio en 1797, sin embargo fue hasta 1887 y 1903 cuando los presidentes Luís Bográn y Manuel Bonilla quienes concedieron el título de propiedad ancestral sobre más de 7 mil hectáreas de tierra a la Comunidad Cristales y Río Negro, título que progresivamente ha venido siendo violentado por el Estado de Honduras bajo los intereses de grupos de poder, principalmente de los usurpadores de origen Canadiense.
Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, afirmó que el pueblo garífuna es pacífico, por lo que exigió “no nos toreen, no generen más violencia” pero llega un momento en que todo mundo se cansa. En el parque central de Trujillo hay un plantón permanente exigiendo la libertad para las compañeras Jennifer y Marianela.
También exigen a las autoridades que digan ¿dónde están los compañeros garífunas desaparecidos? Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Albert Snaider Centeno Thomas. Detenidos desaparecidos en julio de 2020, durante la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que suspendieron las garantías constitucionales, supuestamente para evitar la propagación del COVID-19.
A las defensoras se les privó de libertad porque había dos órdenes de captura pendientes, según informó la policía. Por el expediente #23-2020 donde son acusadas por los supuestos delitos de usurpación, daños y amenazas se les dictó prisión preventiva, determinando la audiencia inicial para hoy domingo 7 de marzo a las 9:00 a.m.
Mientras que el expediente # 020-2021, el juez consideró las medidas sustitutivas a la prisión en favor de Jennifer Mejía Solórzano, por los supuestos delitos de Usurpación, Robo con violencia o intimidación en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas.
Jennifer fue detenida cuando de conducía entre Triunfo de la Cruz y Trujillo, la tarde del miércoles 3, y cuando su hermana Marianela fue a auxiliarla en la posta policial fue privada de libertad.
Caso similar sucedió en el 2019, con defensores de la Empresa Asociativa Campesina “11 de marzo” en Siguatepeque, departamento de Comayagua, la policía capturó a Juan Mejía (62) y Santos Evelio Vásquez (54), por lo que el presidente del grupo, Vicente Castro (62), fue a auxiliarlos y quedaron los tres privados de libertad hasta la Audiencia Inicial. Actualmente están a la espera de juicio Oral y Público con la representación legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Mientras continúa la Audiencia Inicial contra Jennifer y Marianela, afuera del juzgado de Trujillo suenan los tambores y el baile tradicional garífuna. La espiritualidad ancestral negra acompaña a los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
Los miliares se mantienen rodeando el recinto judicial y la policía se pasea de lado a otro de la calle.
se denunció que no se ha permitido la observación de defensoras de derechos humanos durante la audiencia, violentando así la Ley de Defensores, Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia, vigente desde e 2015 en Honduras.
Con la exigencia de libertad para las hermanas Mejía Solórzano, el pueblo garífuna también exige la revocación de órdenes de captura contra 30 miembros de la comunidad Cristales y Río Negro, acusados por el delito de usurpación de sus propios territorios, con título definitivo de propiedad.
Jennifer y Marianela son madres de familia y jefas de hogar, exijimos que las liberes y capturen «al delincuente» que todos sabemos quién es y dónde está, son parte de los gritos y denuncias de parte de pobladoras garífunas frente al juzgado, esta mañana en Trujillo.
