Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- El Análisis Global 2018 publicado por Front Line Defenders registró que durante este período, 321 personas defensoras fueron asesinadas por su trabajo en 27 países. Las defensoras y defensores sufrieron agresiones físicas, campañas de difamación, vigilancia y amenazas en el entorno digital, el acoso judicial y los ataques de género.
Más de tres cuartas partes de estos, el 77 por ciento del número total de activistas asesinados y asesinadas, defendían derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas, a menudo en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados.
En el caso de Honduras, la organización internacional reportó que 8 personas defensoras fueron asesinadas. La lista registra a Gerson Daniel Medina, Wilmer Paredes, Ramón Fiallos, Geovanny Díaz Cárcamo, Luis Fernando Ayala, Carlos Hernández, Samuel Eduardo Martinez López, Mario Henrique Suarez Gómez.
El riesgo de agresión física fue particularmente alto para los defensores y las defensoras del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Según la información recogida por Front Line Defenders en 2018, la probabilidad de estas personas de sufrir un ataque, fue tres veces superior a la de defensores y defensoras que trabajan en otras áreas.
Las defensoras de derechos humanos, especialmente de las comunidades rurales e indígenas, suelen estar al frente de estos movimientos. Sin embargo, a menudo carecen de los recursos, contactos e influencia necesarios para mitigar los ataques, que habitualmente no se denuncian. Con frecuencia, estas agresiones van precedidas de campañas constantes a nivel nacional en las que se refieren a los defensores y a las defensoras; como personas “antidesarrollo”, “antiestado”, “traidoras”, “terroristas” o “criminales”.
El 77 por ciento de las personas asesinadas defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, lo que supone un importante aumento comparado con el 67 por ciento de 2017, destaca el informe.
Solo en Colombia y México se produjeron el 54 por ciento del total de asesinatos. Lo más preocupante de la respuesta silenciosa a estas muertes, es la falta de reconocimiento del papel que desempeñan estas personas en la protección del medio ambiente. A pesar de que la mayoría de los asesinatos documentados se han producido en América, hay indicios de que el número de asesinatos de defensores y defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en África y partes de Asia está muy por debajo de la cifra real.
Cuando los defensores y las defensoras destaparon casos de corrupción, documentaron e informaron sobre injusticias e investigaron la mala praxis de las empresas, se encontraron con respuestas muy bien coordinadas por parte de los Estados, a veces en connivencia con los intereses de las empresas.
Los Estados siguieron siendo señalados como los principales violadores de los derechos de los defensores y las defensoras, tal y como lo evidencia la frecuencia con la que se criminaliza a estas personas por su trabajo pacífico. En 2018, la criminalización fue una vez más la violación más denunciada y representa el 63 por ciento de los casos en los que Front Line Defenders ha trabajado.
A menudo esta va precedida o seguida de campañas de difamación por Internet y a través de medios de comunicación controlados por el Estado. Los cargos más comunes a los que se enfrentan los defensores y las defensoras están relacionados con el orden público y las asambleas o reuniones públicas ilegales.
Esto pone de manifiesto el temor de las autoridades estatales a que se produzcan movilizaciones de defensa de los derechos humanos. Los Gobiernos continuaron considerando a los defensores y a las defensoras, como una amenaza importante para la seguridad de sus países y las personas defensoras siguieron enfrentándose a cargos relacionados con la seguridad nacional o el terrorismo, con penas extremadamente severas.
En torno a las leyes que promulgan los estados para limitar la defensa de los derechos humanos, el informe cita por ejemplo a nivel regional, una ley antiterrorista aprobada en Nicaragua en julio, que amplía la definición de terrorismo para incluir a personas acusadas de causar daños a propiedades. Su vaga redacción ya ha supuesto el arresto y acusación de decenas de manifestantes por el delito de terrorismo, con penas de hasta 20 años de cárcel. La ley también impone sanciones a la financiación del terrorismo, cargo que ha sido utilizado para cerrar varias importantes ONG de derechos humanos en diciembre.
En 2017 el Congreso Nacional de Honduras aprobó un artículo del Código Penal que criminaliza las movilizaciones y protestas sociales. La ley faculta a los jueces a tipificar como terrorismo movilizaciones en demanda de derechos de pueblos indígenas, laborales, políticos o ambientales, entre otras. Aunque está aprobado, el artículo 590 no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta.
El artículo apunta que “son asociaciones terroristas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas, para cometer algún delito con finalidades como subvertir gravemente el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o parte de ella”.
Fron Line Defenders señaló en su informe que “Los ciberataques contra los defensores y las defensoras, fueron muy comunes y su impacto tuvo numerosas repercusiones en su seguridad y en la de los movimientos en general. En todas las regiones se produjeron ataques en redes sociales y por medio de trolls , hackeos o bloqueos de cuentas. Sin embargo, esto fue especialmente notable en Brasil, Egipto, Guatemala, Honduras, Irak, México, Nicaragua y Venezuela.
El espionaje telefónico y por e-mail tuvo lugar en numerosos países; esta acciones se centraban con frecuencia en los grupos de mayor riesgo, entre ellos los defensores y las defensoras LGBTI, las defensoras de derechos humanos y los activistas ambientales”.
Estos ataques contra la estructura internacional de derechos humanos fueron alentados por campañas a nivel nacional contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales. Existe un claro vínculo entre los mensajes difamatorios que circulan por Internet y en los medios de comunicación gubernamentales y el aumento de agresiones físicas a estas personas y sus familias.
