Las Américas y Europa.- Históricamente, Honduras ha enfrentado profundos retos para la garantía de los derechos humanos. El país es uno de los más violentos del mundo; presenta uno de los más altos índices de percepción de la corrupción, una alta impunidad y el 66% de su población vive en condiciones de pobreza. Ante ese panorama, la defensa de los derechos humanos en el país resulta una labor trascendental.
Frente a ello, más de 30 organizaciones internacionales y nacionales con amplia trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos nos hemos articulado en el “Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras” con el fin de monitorear y visibilizar a nivel internacional la situación del país, generar análisis y acciones conjuntas, basadas en estándares internacionales, y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población.
En particular, en el marco de la emergencia mundial por COVID-19, hemos dado seguimiento a las medidas implementadas por el Estado hondureño y su impacto en las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Nos preocupa que la emergencia sanitaria, aunada a un precario sistema de salud, a una débil institucionalidad, al desabastecimiento y privatización del agua, y a graves problemáticas de corrupción, militarización y explotación de recursos naturales está profundizando los riesgos que enfrenta la población hondureña. En este sentido, denunciamos que las respuestas del Estado de Honduras frente a la crisis, tanto por acción como por omisión, entre ellas la suspensión de garantías constitucionales, han posibilitado nuevas violaciones de derechos humanos.
En las últimas semanas se ha denunciado la falta de condiciones adecuadas en los centros hospitalarios para la atención de pacientes, así como la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal de salud. También se ha advertido sobre posibles actos de corrupción con respecto al presupuesto destinado para abordar la crisis.
Sumado a lo anterior, se han documentado agresiones en contra de al menos 45 personas defensoras de derechos humanos y 7 periodistas; la detención arbitraria de la defensora Aleyda Huete en el departamento de Choluteca, así como el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez durante un desalojo violento en el marco del toque de queda absoluto; el desalojo de al menos 60 personas migrantes de origen haitiano y africano; el desabastecimiento de agua en distintas zonas del país; entre muchos otros casos.
Resulta preocupante la situación de hacinamiento y militarización que enfrentan las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario hondureño, donde carecen de las condiciones necesarias para prevenir el contagio. En particular, denunciamos la situación de personas defensoras criminalizadas, como son los defensores del agua de Guapinol, quienes permanecen en prisión preventiva pese a los múltiples recursos interpuestos desde hace más de 7 meses.
Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras recordamos que ninguna medida para responder a la pandemia debe implicar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estas medidas tampoco deben priorizar intereses particulares o empresariales, particularmente del sector extractivo, sobre el bienestar general de la población. Al contrario, deben ser proporcionales y necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia, contar con un enfoque de derechos humanos y género, y construirse con la participación de organizaciones de sociedad civil.
El Estado, como garante de la protección a la salud y subsecuentemente del derecho a la vida, debe garantizar que toda la población, sin discriminación alguna, tenga acceso a las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al diagnóstico y el tratamiento adecuado, así como el acceso al agua y las condiciones de bioseguridad necesarias. Al tiempo, se debe garantizar el acceso de toda la población a información pertinente, oportuna, clara, científica y de calidad sobre la pandemia y garantizar la labor de las y los periodistas independientes.
Hacemos un llamado al Estado para que reconozca la esencial labor de las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, y garantice las condiciones necesarias para que puedan ejercerla manera segura. El Estado debe cesar la represión y criminalización contra la población y abstenerse de emplear a militares en tareas de seguridad pública o en la administración de centros penitenciarios.
Exigimos que las autoridades hondureñas adopten medidas para disminuir el hacinamiento carcelario, otorguen medidas sustitutivas a la prisión preventiva a defensores de derechos humanos detenidos, y garanticen las condiciones para la prevención y tratamiento del virus en los centros penitenciarios, de acuerdo con lo dictado por organismos internacionales. Recordamos que las medidas tomadas en este sentido no deben implicar la liberación o excluyentes de responsabilidad para personas procesadas o condenadas por delitos graves o violaciones de derechos humanos.
En general, requerimos que el Estado hondureño tome medidas diferenciadas para garantizar los derechos humanos de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, como personas privadas de libertad, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrohondureños, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas adultas mayores, personas LGBTIQ+, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personal de salud, mujeres, niños y niñas. El Estado debe responder garantizando la vida, integridad y salud de todas las personas, y, ante las afectaciones económicas de la crisis, garantizar los medios de subsistencia, alimentación, vivienda y trabajo, sin discriminación alguna. Esto en concordancia con los diversos lineamientos indicados por organismos internacionales.
Desde el Foro por los Derechos Humanos en Honduras nos mantendremos vigilantes para monitorear la situación de derechos humanos en el país, denunciar y exigir que el Estado responda a la emergencia de salud que nos enfrenta en concordancia con sus obligaciones internacionales.
Desde este nuevo espacio, las organizaciones que conformamos el Foro reiteramos nuestro compromiso con la garantía de los derechos humanos de toda la población hondureña.
Integrantes del Foro:
Internacionales
Amnistía Internacional
Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo ANSUR
DIAKONIA
Entrepueblos
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Foro Honduras Suiza
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
Front Line Defenders
Fundación Acceso
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission – USA
Honduras Delegation Alemania y Austria
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
OXFAM
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Protection International
Trocaire
Nacionales
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas y las Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Caritas de Honduras. Diócesis de San Pedro Sula.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
