Tegucigalpa.- Engavetadas permanecen las denuncias planteadas por los Consejos Indígenas ante la Fiscalía del Ambiente en el departamento de La Paz y que están relacionadas a las concesiones otorgadas a terratenientes por parte del estado, para tala de bosques en zonas productoras de agua.
Otras denuncias como la violencia intrafamiliar y violaciones sexuales contra menores, van en aumento, sin que los operadores de justicia hagan algo por detener dichos flagelos que dañan el tejido social de las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
Estas valoraciones fueron expuestas por integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz) durante una sesión de evaluación realizada junto al Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y sostenida el miércoles 22 de mayo en la ciudad de Marcala.
Se denunció en la reunión, que el Ministerio Público de Marcala, así como la Fiscalía de las Etnias, en Tegucigalpa, mantiene engavetadas una serie de denuncias que Consejos Indígenas Lencas han formulado por la deforestación en la zona núcleo de la montaña El Jilguero, una fuente productora de agua, que alimenta a comunidades de 4 municipios como Chinacla,Marcala, Opatoro y Cabañas.
Asimismo se expresó que producto de la construcción del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, familias lencas de las comunidades de El Granadillo, Zapotal, El Aguacatal y San Francisco fueron conminadas a vender sus tierras para la habilitación de dicha represa. Varias personas, debido a la presión ejercida; hasta perdieron sus vidas y otras emigraron hacia a otros lugares.
Es de conocimiento público que la diputada nacionalista Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, son principales accionistas del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, que funciona en el municipio de San José. Sin embargo se habla que ambos personajes, habrían cedido la compañía a otros inversionistas.
“…Nuestra lucha es por nuestro territorio, por nuestra alimentación, nuestra agua, porque somos dueños de nuestros territorios y nos están despojando…”: Margarita Pineda
Margarita Pineda, defensora de derechos humanos de Marcala, dijo que los territorios indígenas están siendo concesionados a terratenientes, empresarios y políticos, para proyectos extractivos y represamiento de ríos.
Los índigenas de La Paz están organizados como consejos indígenas, comunidades agrarias y redes de sociedad civil. Y como tales, no son consultados por el régimen acerca de la explotación minera y construcción de represas.
“Tenemos problemas con los títulos comunitarios, al ser concesionados los territorios para hidroeléctricas, para minería, para eólicas y para otros proyectos que nosotros les llamamos proyectos de muerte, pero que ellos les llaman de desarrollo”, explicó Pineda.
Nuestra lucha es por nuestro territorio, por nuestra alimentación, nuestra agua, porque somos dueños de nuestros territorios y nos están despojando, por eso nos hemos visto obligados a organizarnos, incluso a pedir apoyo y ampararnos en los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
“No es fácil, hemos tenido muchos compañeros procesados, muchos compañeros desalojados, incluso de sus mismas tierras en donde tenían sus cultivos, sus casas, solo porque a una empresa extractiva se le antojó hacer su proyecto ahí”, sostuvo la entrevistada.
El Área de Acceso a Justicia del COFADEH recibió en los últimos años, un total de 162 denuncias de violaciones a derechos humanos, cometidas por desalojos violentos protagonizados por agentes del estado, así como de la criminalización de centenares de hombres y mujeres del campo, enjuiciados por pretender un pedazo de tierra para subsistencia de sus familias.
“Todo va relacionado, Si el estado violenta los derechos de los ciudadanos, estamos indefensos, y la violencia se generaliza. La violencia está generalizada en todos los espacios, en lo social, en lo político, en lo económico, en las familias; principalmente la violencia doméstica con esta crisis donde hay familias con muchos hijos y el hombre no tiene trabajo”, explicó Margarita Pineda.
Agregó que hemos tenido muchos compañeros que no se explican sobre el por qué actúan violentamente, se sienten impotentes de llevar sustento a sus familias, y esa impotencia los ha llevado a cometer faltas graves para con sus familias, detalló la defensora de derechos humanos.
“Este régimen nos ha sometido de una manera nefasta, en todos los aspectos de forma brutal, y con esto de la aplicación de leyes que están creando en el Congreso, estamos preocupadas, porque al derogar leyes contra la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, han cambiado muchos artículos del código penal; entonces esto traerá a que las mujeres seamos más vulnerables”, advirtió Pineda.
El Área de Acceso a Justicia del COFADEH recibió en los últimos 2 años, un total de 162 denuncias de violaciones a derechos humanos
Por su parte Nullman Maradiaga de la comunidad campesina lenca “Nuevo Amanecer”, en el municipio de San Pedro de Tutule, dijo a www.defensoresenlinea.com que es preocupante la cantidad de denuncias que REDHIL ha documentado durante el año 2018, y que la Fiscalía no les ha dado el seguimiento que corresponde.
“Del sector de Tutule que compone unas 8 bases campesinas, estamos en recuperación de tierras, así como en Marcala, donde se presentan violaciones a los derechos humanos. Tenemos compañeros criminalizados y con órdenes de captura por el derecho a la tierra”, afirmó Maradiaga.
Maradiaga dijo que muchas capturas contra campesinos que ejecutan los agentes policiales, se realizan sin orden judicial.
Otros conflictos que se están dando son producto de los mismos políticos que están trayendo personas que vienen a usurpar territorios, denunció el defensor de derechos humanos.
El próximo 5 de junio, declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Medio Ambiente, estudiantes, maestros, pobladores y pobladoras de varios municipios de La Paz, se manifestarán pacíficamente por las calles de Marcala hasta llegar hasta Ministerio Público, para exigir que los fiscales desengaveten todas las denuncias que los Consejos Indígenas han presentado, relacionadas a la destrucción del medio ambiente y los ecosistemas, provocados por la tala del bosque y los proyectos extractivos.
