Lima / París.
En esos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la FIDH de las Américas al fenómeno de la corrupción, en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.
El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.
Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.
En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas. En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.
El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.
En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.
“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.
Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.
