En Managua, Giorgio Trucchi
La noche del 6 de febrero, Keyla Martínez, joven estudiante de la carrera de Enfermería, de 26 años, fue detenida en la ciudad de La Esperanza por violar el toque de queda impuesto por el gobierno Hernández como medida para combatir la pandemia de Covid-19.
Aproximadamente a las 11.30 de la noche fue apresada, llevada a la Unidad Departamental de la Policía de esta ciudad y encerrada en una celda. Unas horas más tarde, el cuerpo sin vida de Keyla era ingresado a emergencia del hospital departamental.
Según la Policía, la joven se habría suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda. Una tesis ya descartada por la autopsia que reflejó que la muerte de la joven fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue homicidio.
Tras conocer el resultado de medicina legal, la Fiscalía giró instrucciones a las autoridades policiales para que todos los agentes asignados a la posta policial sean puestos a las órdenes del Ministerio Público.
El asesinato de Keyla ha conmovido la sociedad hondureña y La Esperanza se ha convertido en escenario de protestas callejeras, que han sido brutalmente reprimidas a punta de bombas lacrimógenas y balas de goma.
Una tragedia que se suma al dolor por la muerte violenta de otras tres mujeres en menos de 72 horas. Keyli Hernández Castañeda, Alda Flores y Leonor Cálix fueron asesinadas en distintas zonas del país, engrosando la ya interminable fila de mujeres víctimas de femicidio.
Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el asesinato de Keyla Martínez se trata indudablemente de un crimen de Estado.
“Desde el momento en que Keyla fue capturada y encarcelada, la salvaguarda de su vida fue responsabilidad de la Policía, así como los hechos que llevaron a su muerte“, destaca la organización indígena.
Según el Copinh, el femicidio de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres que han sido capturadas por la Policía de La Esperanza, robadas de sus pertenencias, abusadas sexualmente, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales.
“A pocos días del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres se repite un femicidio de Estado en La Esperanza (…) Cuando hablamos de lucha antipatriarcal nos referimos a que mujeres como Keyla no sean asesinadas por el Estado”.
Tanto el Copinh como un amplio abanico de organizaciones sociales y populares exigieron justicia para la joven estudiante y las demás víctimas de femicidio, así como castigo para los responsables.
¡Nos queremos vivas!
“El femicidio de Keyla Martínez se suma al historial de abusos de poder y ejercicio desmedido de la fuerza, que con o sin toque de queda han ejercido funcionarios públicos, sobre todo policías y militares, en contra de toda la población”, señala el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Para la organización feminista, estos hechos no hacen más que confirmar el involucramiento de esta institución en desapariciones y asesinatos de ciudadanía bajo su tutela.
“Para quienes defendemos la vida, Keyla y todas las jóvenes a quienes el patriarcado y sus instituciones les roba los sueños, son la fuerza que nos motiva a seguir buscando justicia y construyendo transformaciones reales en este país, porque ¡Nos queremos vivas!”, concluye el comunicado del CDM.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras levantó su voz ante tanta violencia.
“Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura lesiones y/o violencia sexual.
La Oacnudh insta a las autoridades a investigar la muerte de Keyla Martínez con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.
Durante el año pasado, el CDM registró 321 muertes violentas de mujeres, 229 de las cuales durante la suspensión de garantías constitucionales en el marco de la pandemia.
Son casi 6.300 los femicidios registrados en menos de dos décadas.
