Tegucigalpa.- La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) sostuvo el miércoles 25 de noviembre, un nuevo “encuentro virtual” para conocer la situación de los derechos humanos en el continente y preparar actividades para el desarrollo de un congreso en 2021, en el marco de la celebración de los 40 años de fundación.
Durante el evento virtual transmitido vía “meet.google.com”, participaron representantes de asociaciones y comités de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, México, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, entre otros.
Mario Alcides Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), expuso que actualmente el estado de Guatemala está cooptado y se teme que en el futuro se cometan acciones en contra de activistas sociales de su país.
Polanco aseguró que quienes actualmente ostentan el poder en Guatemala, son los mismos, que en el pasado cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte Gloria Luz Gómez, de Colombia, dijo que existe impunidad total en los casos de desapariciones forzadas y que no hay voluntad política para resolver esta problemática.
Gómez destacó que tras 4 años de haberse firmado la paz en Colombia, dichos acuerdos aún no se han implementado.
En su intervención, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, dijo que a pesar que su país cuenta con la democracia más larga, los gobiernos no han sido claros en la investigación de unos 30 mil desaparecidos y desaparecidas.
Carlotto resaltó que el gobierno de Macri, las trató de mentirosas y que ignoró sus peticiones, mientras que el actual gobierno de Alberto Fernández, por lo menos, las escucha; aunque la pandemia ha evitado tener avances en las investigaciones de las desapariciones forzadas por razones políticas.
“Tenemos necesidad de que los juicios se reactiven, porque los victimarios deben ser juzgados y enviados a cárceles comunes. Hay mucho que saber y mucho por investigar”, sostuvo Carlotto.
“No lloren, si no luchen, porque los gobiernos tienen la obligación de dar respuestas”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a las organizaciones fraternas de FEDEFAM.
En el evento virtual también participó Victoria Grabois de la organización “Tortura Nunca Más” de Brasil, quien afirmó que su país es el más atrasado del continente acerca de la búsqueda de verdad y justicia sobre los detenidos desaparecidos.
La situación de Brasil es gravísima. Con Ignacio Lula, hubo una comisión de verdad que luego fue desmantelada con el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, “un gobierno fascista”, expuso la defensora de derechos humanos brasileña.
Entretanto Judith Galarza de México dijo que el 90 por ciento de las desapariciones forzadas permanecen en la impunidad.
“Aquí no ha habido militares enjuiciados. Se ha dicho que si Andrés Manuel López Obrador (actual presidente de México) mueve piezas, lo podrían sacar”, advirtió.
Galarza destacó que desde el año 2000 se han registrado en México unos 80 mil casos de desaparecidos por razones sociales, bajo el contexto de la lucha antidrogas y crimen organizado, pero que esto también incluye casos de desapariciones forzadas por razones políticas.
Durante su participación, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo que en la actualidad la práctica de desaparición forzada se continúa perpetrando en muchos países de Latinoamérica, especialmente contra la juventud.
“La impunidad es la que ha sostenido los delitos de lesa humanidad y los crímenes que se sustentan ahora, como son las desapariciones forzadas”, expuso.
Oliva alentó a las organizaciones de derechos humanos a continuar haciendo uso del Comité de Desaparición Forzada y del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
“Nosotras no hemos olvidado esa práctica desde los años ochenta y en la actualidad. Hemos generado en estos momentos del covid19, donde se han registrado varias desapariciones forzadas, especialmente de jóvenes, acciones urgentes que hoy nos tienen enfrentadas ante el sistema de justicia que impera en el país”, expuso Oliva.
Pese a que esas acciones repercuten en señalamientos de que el COFADEH pone en mal predicado al régimen, eso no importa, dijo Bertha Oliva, porque lo que cuenta es colocar a nivel internacional; éstas denuncias para que se generen las acciones que ahorita estamos dando seguimiento.
Oliva señaló que “otro aspecto del cual somos cómplices todos y todas las que estamos en FEDEFAM es sobre la importancia de la memoria histórica. Hay que rescatar, mantener y sostener la memoria histórica. Y esto sólo es posible con verdad y con justicia”.
La memoria es un eje vertebral para mantenernos y sostenernos, es como otro pilar de la búsqueda de verdad y justicia, apuntó la Coordinadora General del COFADEH.
La reunión virtual de FEDEFAM se produjo a escasos días de que el COFADEH conmemore 38 años de existencia, el próximo lunes 30 de noviembre.
Pero, en medio de esta celebración debemos entender que tenemos bajo nuestras espaldas, la tragedia de la pandemia, las tragedias de IOTA y ETA, y también la otra gran tragedia que es la de tener como otra tortura, una dictadura militar, criminal y más que eso; un cártel empoderado de las instituciones públicas del estado, subrayó Bertha Oliva.
Los y las participantes de este nuevo encuentro virtual de FEDEFAM, acordaron integrar una comisión organizadora que se encargará de programar una serie de eventos para conmemorar los 40 años de dicha organización para el 2021.
FEDEFAM es una organización no gubernamental apolítica integrada por asociaciones de distintos países que nuclean a familiares de víctimas de desaparición forzada de personas en distintos países de América Latina y el Caribe.
Fue fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José (Costa Rica) e institucionalizada por el segundo Congreso realizado en la ciudad de Caracas (Venezuela) en noviembre del mismo año.
FEDEFAM tiene estatus consultativo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
