Tegucigalpa, Honduras. – En medio del silencio, solidaridad e incertidumbre, cerca de las cinco de la tarde de hoy, fueron entregados a sus familiares, los cuerpos de luchadores sociales víctimas de ataques mortales ayer domingo a eso de las 6:30 pm, en los departamentos Olancho y Comayagua.
Al instante fallecieron en una masacre, el profesor y ambientalista José Antonio Teruel, de 72 años; su esposa, la educadora Francisca Aracely Zavala, de 70 años; y su cuñado, el ganadero Marco Tulio Zavala, de 68 años, en la comunidad San Fernando, municipio de Patuca, departamento de Olancho, cuando departían en su vivienda. Al mismo tiempo era atacado cerca de su casa, en la comunidad Mata de Caña, Comayagua, el periodista Luís Alonso Almendares de 35 años, quien falleció esta madrugada en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, capital hondureña.
Desde la mañana de este lunes 28 de septiembre, los cuerpos fueron ingresados a la morgue judicial capitalina, para su respectiva autopsia. Cabe señalar que, entre las restricciones sanitarias para evitar la propagación por Covid-19, únicamente se realizan autopsias en casos que tengan indicios o signos de muertes violentas. Y, aunque se supondría que por el confinamiento, el índice de muertes violentas debería ser menor, un trabajador en el entorno afirmó que cada día son muchas personas esperando retirar los cuerpos de sus parientes.
Con las víctimas de Patuca, suma en el transcurso del 2020, 37 masacres en Honduras, correspondiente a 33 mujeres y 106 hombres, para un total de 139 personas que han perdido la vida en forma violenta. En cambio, el periodista de Comayagua es la tercera víctima de medios de comunicación que fallece de forma violenta, según registros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Primero se entregaron los restos mortales de los hermanos Zavala, que esta noche son velados en su natal Patuca, zona donde se lucha contra la industria hidroeléctrica, específicamente los proyectos “Patuca”.
Después fue retirado el cuerpo de Luís Almendares, quien ejercía un periodismo ciudadano, con el fin de ayudar a la población más desvalida de Comayagua que necesitaba de su ayuda para solventar –generalmente- problemas de salud o alimenticias.
Familiares del también, pasante de la carrera de Derecho, confirmó que el cuerpo de Luisito, como se le conocía, sería velado en un centro educativo cercano a su casa, dónde el cursó la primaria. Cerca de las ocho de la noche, el féretro fue recibido entre aplausos y llanto por cientos de ciudadanos que desearon acompañar al periodista.
Un amigo de la familia, afirmó que hasta el lugar donde fue atacado Luisito, llegaron agentes de investigación y otras entidades extranjeras con el fin de conocer la escena del crimen y como parte de las investigaciones para dar con los responsables.
Y finalmente, fue entregado el cuerpo del docente, luchador social y ambientalista, José Antonio Teruel, para ser llevado a su natal Santa Bárbara, confirmo un pariente de las víctimas de Patuca.
El inesperado asesinato del profesor “Toño”, como le decían, conmocionó a defensores de derechos humanos a nivel nacional, quienes denunciaron el crimen y exigieron que se investigue los hechos.
Teruel, fue miembro del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), activista de derechos humanos, fue coordinador de Participación Ciudadana en Caritas/Honduras y su colaborador voluntario más cercano, además era analista del conflicto por la construcción de represas hidroeléctricas en Patuca, que involucra a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Mañana martes 29 de septiembre, serán los sepelios de estos ciudadanos asesinados en el país considerado entre los más peligrosos del planeta para defender el ambiente y el ejercicio del periodismo.
La población exige que se aplique la justicia y que los crímenes no queden en la impunidad, que alcanza un 80 por ciento de los casos que llegan al Ministerio Público, cifra que fue confirmada por el entonces Fiscal General Luís Rubí, ante el Congreso Nacional, en abril de 2014.
Según Rubí, el 80% de los homicidios que se comenten en Honduras quedan en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación.
Los recientes crímenes contra el defensor del ambiente y el periodista, se dan en un estado de sitio impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, que mantiene militarizado el país, desde marzo pasado según Decreto Ejecutivo 021-2020 cuando se inició el confinamiento domiciliar a causa del Coronavirus.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida y labor de los defensores de derechos humanos y periodistas, según la Ley de Protección las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada por el Congreso Nacional desde mayo del 2015, según decreto 34-2015 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 33,730.
