Tegucigalpa.
Familiares de los 21 presos políticos realizaron este lunes un plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa para exigir su libertad, se cierren los expedientes judiciales y se respeten las Garantías del Debido Proceso y su Derecho a la Defensa.
La actividad que duró dos horas y el fuerte sol no fue impedimento para que los familiares, así como los amigos y organizaciones de derechos humanos que los acompañaran, gritaran al unísono libertad para los presos políticos.
Esta es una de las primeras actividades públicas que realizan los familiares de los presos políticos en coordinación con el Comité Nacional para la liberación de los Presos Políticos de Honduras.
Actualmente en Honduras hay 21 personas privadas de libertad por participar en las protestas post electoral del pasado 26 de noviembre, las cuales están recluidas en cuatro cárceles del país, dos de máxima seguridad como son La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.
De los 21 que guarda prisión ocho están en el Centro penal de El Progreso, diez en El Pozo, dos en La Tolva y la única mujer presa política en la cárcel de Tela, en el departamento de Atlántida.
En un comunicado leído y distribuido a la prensa nacional e internacional que cubrió la demanda de los familiares, se exige la liberación de sus parientes; que se cierren los expedientes judiciales por carecer de pruebas que los vincule a los hechos imputados; que mientras permanezcan recluidos se les brinde atención médica inmediata y se garantice el acceso al agua y comida adecuada.
También exigen que los que están recluidos en las cárceles de máxima seguridad se transfieran a Granjas Penales cercanas a sus domicilios y se le respeten las Garantías del Debido Proceso y de su Derecho a la Defensa, incluyendo la transferencia de los casos de los juzgados de competencia territorial al Sistema de Letras de lo Penal.
Asimismo los familiares denunciaron que sus parientes se encuentran recluidos en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin acceso a artículos de higiene personal, sin acceso a la salud y agua potable, tanto para el consumo como para su aseo personal.
“Consideramos que dentro de las sucesivas audiencias en tribunales se ha evidenciado la constante parcialidad de los jueces que llevan estos juicios, a favor de los fiscales. Una y otra vez los fiscales han presentado a policías y peritos como testigos que solo hablan y exponen únicamente en base a la supuesta declaración del ‘testigo clave’ que generalmente es un testigo protegido”.
También denunciaron los familiares que tienen cerca de tres meses de no ver a su pariente, ya que se les pone un montón de trabas y los están obligando a sacar un carnet de visita, que para poderlo obtener tienen que invertir cerca de 3500 lempiras y el mismo solo tiene validez por seis meses.
Los apoderados legales que representan a los presos políticos no han podido realizar su trabajo, se les niega el acceso al expediente, vulnerando el derecho a la defensa de cada imputado, situación que es grave en el debido proceso.
“La parcialidad notoria ha quedado muy evidente en cada declaración, la falta de rigor de la fiscalía en las pruebas, las dudas e incoherencias que han demostrado sus peritos”.
Peritos que tiene supuestas pruebas científicas como la geo referenciaciones que terminan siendo principalmente supuestos e imprecisiones, éstas no vinculan a ningún imputado directamente con el hecho que se le imputa a los presos.
En el plantón realizado frente al Ministerio Público participaron familiares de los 21 presos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos que aglutinan el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras, defensores de derechos humanos, así como amigos de los privados de libertad.
