Giorgio Trucchi l Rel-UITA
La madrugada del 7 de febrero de 2021, el cuerpo sin vida de Keyla Martínez, joven estudiante de enfermería, era ingresado a emergencia del hospital departamental de Intibucá.
Según la Policía, la joven se había suicidado colgándose de los barrotes de la celda donde había sido encerrada la noche anterior, tras ser arrestada supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.
Dicha versión fue desestimada por el resultado de la autopsia, que reflejó que su muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.
En septiembre pasado, se llevó a cabo el juicio oral y público contra el policía Jarol Rolando Perdomo, quien fue acusado del asesinato de Keyla.
Hasta el momento, ninguna de las otras trece personas, entre oficiales y policías, que aquella noche se encontraban en la posta policial de La Esperanza, ha sido investigada.
Tras una semana de audiencias y presentación de pruebas testificales, documentales y periciales, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque ordenó un receso indefinido del juicio, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre unos recursos de amparo presentados por la parte acusadora pública y privada.
Dichos recursos fueron introducidos tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Comayagua de modificar la tipificación del delito de femicidio agravado a homicidio simple.
Dos años después, el vil asesinato de Keyla sigue en la impunidad.
Impune
“Hasta el momento, la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar el amparo interpuesto por la acusación pública. Sin embargo, falta resolver el recurso que presentamos nosotros”, dijo a La Rel Karol Cárdenas, abogada del área de Acceso a la Justicia de Cofadeh.
“Mientras no sea resuelto este segundo recurso de amparo el tribunal no puede reanudar el juicio”, agregó.
Cárdenas subrayó también la importancia de abrir líneas de investigación contra todos los demás agentes y oficiales que encubrieron los hechos delictivos y actuaron para deslindar a Perdomo de sus responsabilidades.
“Hoy se cumplen dos años de impunidad y la acusación pública ni siquiera ha iniciado un proceso de investigación contra quienes estaban en la posta policial mientras Keyla era asesinada”, señaló.
Cárdenas explicó que en el momento de las conclusiones en la audiencia de debate se solicitó al tribunal que instara al Ministerio Público a abrir un proceso de investigación contra estas personas.
“Vamos a mantenernos firmes exigiendo verdad y justicia para Keyla y castigo para todos los responsables”, concluyó.
