Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- “Que te vaya bien muchacho, avisas cuando llegués”, le dijo como de costumbre don Irene Ayala, de 77 años, a su nieto Luís Fernando Ayala, un joven de 15 años que trabajaba en una finca de café.
“Nandito” como lo llamaba su familia, le gustaba jugar fútbol, participaba en grupos de la Pastoral Juvenil del a iglesia Católica, era defensor del medio ambiente y a su costa edad también participaban en manifestaciones sociales contra el fraude electoral del pasado 26 de noviembre del año 2017.
nANDITOEra un joven independiente, trabajador con sueños e ilusiones por un mejor país y ayudar a su familia. El lunes 12 de febrero salió del seno familiar en Gualjuquito, municipio de Gualala en el departamento occidental de Santa Bárbara.
Don Irene no puede contener el llanto, a su niño lo asesinaron de una manera impensable. Estaba en medio de un cafetal, cerca del lugar de trabajo. Le faltaban sus manos, la piel de la cara y el cuero cabelludo también lo habían arrancado.
“Su pelo amarillo estaba a un lado” -vuelve el llanto- él era un muchacho bueno, respetuoso y trabajador, reiteró el abuelo, quien viajó desde Santa Bárbara hasta Tegucigalpa para denunciar el crimen ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en Tegucigalpa.
Cinco días estuvo desaparecido, y ya se cumple 12 de estar en la Morgue Judicial del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, para que sea identificado el cuerpo, por lo que su familia exige que se les devuelve pronto.
Ante las constantes violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral desde noviembre del 2017, Cofadeh ha dado acompañamiento a víctimas y familiares en búsqueda de justicia, a nivel nacional.
En este marco de ataques, recibió la denuncia del asesinato del menor Luís Fernando Ayala, quien a sus 15 años debía salir de su comunidad en Gualjuquito, Gualala, Santa Barbara, ante la persecución política.
A partir del martes 13, empezó el calvario de la familia. no se supo de su paradero hasta el domingo 18 de febrero. La llamada que don Irene esperaba cayó, pero la noticia era el escenario de un crimen despiadado.
Recordar ese momento hace que un nudo en la garganta no le permita hablar y las lagrimas brotan espontáneamente
y posteriormente trasladado a la Morgue Judicial del Ministerio Publico en San Pedro Sula, Cortés.
Joven defensor de los DDHH
A sus quince años, era integrante del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (MAS), desde donde se denunció el asesinato de Luis, y que el cuerpo que la entrega del cuerpo podría tardar unos tres meses, “pero nos informaron después que será dentro de un mes” declaró María Elsa Ayala, tía del menor, quien acompañó a don Irene para demandar acompañamiento y búsqueda de justicia.
Luis era un niño tranquilo, trabajaba y compartía con las demás personas de la comunidad, esto que ha sucedido es un dolor muy grande para su mamá Irma Lizeth, quien no pudo venir a Tegucigalpa, porque no está bien salud, afirmó su familia.
El MAS exige la investigación pronta y exhaustiva por el asesinato de uno de sus más jóvenes integrantes, quien formaba parte de la organización que lucha por la defensa de los bienes comunes. Y actualmente en la lucha contra el fraude electoral, porque hay antecedentes de persecución desde el 15 de diciembre del 2015.
Hay un compañero de la misma comunidad de Luís, preso político en la cárcel de “El Pozo” en Ilama, Santa Barbara. Y el jueves anterior fue capturada una lideresa comunitaria del MAS que siguen siendo criminalizada a través de persecución y vigilancia. Le tienen registrados sus movimientos y la intimidan mediante llamadas a su teléfono celular.
La situación no es alejada de la crisis actual hondureña, el COFADEH registra 22 presos políticos en diferentes centros penales, más de 35 asesinatos políticos después de las elecciones del 26 de noviembre, donde según resultados emitidos con tendencia irreversible ganó Salvador Nasralla, representante de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, pero 72 horas después el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por David Matamoros Batson, empezó a dar datos que solo favorecían a reelecto ilegalmente Juan Orlando Hernández.
Nandito fue educado en el seno de una familia defensora de los derechos humanos, “somos de la resistencia desde siempre” afirmó don Irene, quien habitan junto a más de 500 personas que luchan por su comunidad y la defienden de las invasiones.
El COFADEH ha dado acompañamiento y está documentando y denunciando el caso ante las respectivas autoridades, pues junto a la familia Ayala exige que el crimen del menor no quede en la impunidad.
“Nosotros sólo exigimos justicia, que nos devuelvan el cuerpo de Nandito para sepultarlo” dijo su abuela.
Se espera que el cuerpo del menor sea entregado pronto, pero con ello que se realicen las investigaciones correspondientes, para que la familia y compañeros de la lucha social puedan sentir que se aplica la justicia, y no quede como un crimen más, en uno de los países señalado entre los más violentos del mundo.
