Tegucigalpa.- A inicios del 2023 Honduras nuevamente fue escenario de riesgo para los defensores de derechos humanos, debido a que al menos tres defensores fueron víctimas de amenazas por su labor y el repudiable asesinato de los líderes de la comunidad de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, el día sábado 7 de enero cuando ambos salían de la comunidad.
Aly era hermano de Reynaldo Domínguez, una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras, por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras, para evitar la instalación de proyectos de muerte en la zona.
Es por eso que la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) realizó una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento de cara a este 2023, y uno de los puntos principales abordados se refería al ataque a líderes y defensores del ambiente.
En el primer punto, el comunicado se refiere al agitado ambiente de estos días, “cuando todos los vientos políticos soplan en dirección a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, fuimos estremecidos con los asesinatos de los ambientalistas de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla, y de tres mujeres garífunas, ocurridos el día 7 de enero y el 16 de enero recién pasado, en el marco de la criminalización y amenazas permanentes a que están siendo sometidos los defensores del agua y de la tierra en la conflictiva zona del Aguán y ante las demandas del pueblo garífuna”.
Una de las personas que se hicieron presentes para participar en la mesa principal fue Reynaldo Domínguez, hermano de Aly Domínguez, uno de los defensores asesinados, quien señaló que “nuestro posicionamiento ha venido siendo y va a seguir siendo el cierre de estos proyectos, porque en tan solo cuatro años de operar este proyecto minero ha generado no solo estas dos muertes, hemos sacado nuestra voz por los demás, porque van alrededor de 14 los muertos en este conflicto en tan solo cuatro años”.
Además, agregó que “si hacemos una relación tan siquiera de los 80 a 2017, Guapinol no representa ser una comunidad violenta, y en tan solo cuatro años de haber llegado estos proyectos, ya se ha generado esta violencia a los extremos; el hecho de que se vayan cometiendo estos asesinatos, eso indica que, si no se suspende el proyecto, si no se cierra, esto va a ser un caos”.
Reinaldo Domínguez señaló que “durante esté en operación el proyecto, su lucha es que se cierre el proyecto minero que tanto daño le ha hecho a la comunidad, esa es nuestra lucha y no solo a la comunidad de Guapinol, hoy por hoy, un sector San Pedro tiene más de un año de tener su río sucio”.
Añadió que no lo pueden utilizar para bañarse y que la lucha nuestra ha sido de que estos proyectos que han ido a generar este tipo de hechos en los ecosistemas, en el bosque y en los ríos, y que, por lo tanto, la exigencia al Gobierno es que se cierren.
Finalmente, Reinaldo dijo a defensoresenlinea.com que como familia, que exigen ante la pérdida de un familiar y, sobre todo, un defensor del agua y de la vida, justicia y que conduzca a hechos creíbles, a una investigación creíble, pero de la Fiscalía y de la policía de Tocoa, no esperamos que venga esta justicia, porque han sido siempre instituciones confabuladas con la empresa minera y eso es bien sencillo explicarlo también.
El hecho de que nos arrimarán a los tribunales el Ministerio Público de Tocoa, eso significa de que está al servicio de Inversión de Los Pinares, por lo tanto, de ahí no queremos que venga ninguna investigación que sea creíble porque no va a venir.
Al no creer que en estos momentos de parte de las autoridades lo que están pidiendo es que una comisión al más alto nivel que el Gobierno la nombre para que se encargue de una investigación exacta de estos hechos, y que se castiguen a los responsables.
