Tegucigalpa.- Hoy, en el inicio del juicio oral y público por el asesinato de la activista indígena Berta Isabel Cáceres Flores, la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), interpuso una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera por consideran que está en duda su imparcialidad.
Así lo confirmó la familia de la hija de la extinta defensora de los pueblos indígenas y de los bienes comunes y sus apoderados legales durante una conferencia de prensa ofrecida en las afueras de la Sala de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, lugar donde se realizará el juicio oral y público contra los acusados de su asesinato.
“Nosotros y nosotras hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso”, señalaron los familiares en un comunicado que le dieron lectura a los medios de comunicación nacional e internacional que cubren el juicio contra los responsables de su muerte.
Agregaron que ante los hechos expuesto el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
“A través de nuestros representantes legales del Movimiento Amplio Por La Dignidad y Justicia (MADJ) hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”, señala contundentemente la familia y sus apoderados legales en el comunicado.
La activista hondueña Berta Isabel Cáceres Flores, fundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016 cerca de la medianoche, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Berta Cáceres realizó constantes denuncias vinculadas con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Por su asesinato nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
“Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, expresa el comunicado.
Asimismo señala que “a lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aun así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte”.
