Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (defensoresenlinea.com).- El estado de guerra que se vive en el Aguán se incrementa con los retenes militares que hay entre la comunidad de Guapinol y la entrada de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
Lo anterior lo denunció la defensora de derechos humanos Esly Banegas, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), este día durante la presentación de un informe sobre la situación que enfrenta la comunidad de Guapinol, donde un campamento de en defensa de los bienes comunes, permaneció por 91 días hasta que policías y militares lo despojó sin medir su abuso.
Banegas expresó que hay suma preocupación por que no ven voluntad política, pese a que hay una propuesta legislativa para un plebiscito con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual es altamente fraudulento y se sabe cuál es la pretensión. Además, hay una firma del alcalde Adán Funes para un compromiso de promover la cancelación de las concesiones mineras y habla de uno de los proyectos que está afectando el Río Guapinol, que pertenece a inversiones Los Pinares, pero no se ve la respuesta desde las instancias edilicias.
La criminalización y presión militar se ha incrementado al grado que está sitiada la zona. El sábado 27 de octubre fue el brutal desalojo de los y las defensoras a 89 días de resistencia, ese día no hubo respeto para nadie, no se respetó a la prensa ni a defensores de derechos humanos. El campamento se trasladó a la vía pública.
Por lo que, el 29 de octubre se efectuó un desalojo sin precedentes, defensores del territorio denunciaron que al menos 500 efectivos entre policías y militares fuertemente armados atacaron al campamento pacífico, sin permitirles ninguna forma de defensa. Esa noche trascendió la muerte de dos militares y un civil.
La Coalición Contra la Impunidad, se movilizó hasta la zona el 01 y 02 de noviembre, como acto solidario el pueblo que defiende la única fuente de agua de Guapinol, y hoy en Tegucigalpa dio a conocer que reconoce y valora la valiente lucha de las comunidades, especialmente de las mujeres en defensa del río Guapinol.
Integrantes del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes, conocido como Comité de Guapinol, reiteraron esta mañana en una conferencia de prensa convocada por la Coalición Contra la Impunidad, que desean vivir en paz, además denunciaron que se pretende un desarme en la región, cuando ellos -los pobladores- no portan ningún tipo de arma.
En cuanto a esto, la CCI exigió que se investigue la existencia de grupos armados en la zona, que operan al margen de la ley, aun con la plena vigencia del decreto legislativo que prohíbe expresamente la portación pública de armas en el Departamento de Colón. Investigar las acciones constitutivas de delito de estos grupos armados, ponerlo a la orden de la justicia, deducir responsabilidad y brindar una justa reparación a las víctimas.
La concesión del proyecto extractivo minero otorgado a favor de la empresa Inversiones Pinares, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas. CCI
“Es una ilegalidad suprema que el decreto 127-2012 que declaró área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, haya sido reformado mediante decreto 252-2013 presentado por el exdiputado nacionalista Ricardo Antonio Díaz Aceituno, ampliando la zona de amortiguamiento y dando acceso ilegal a la explotación minera”, expresó el comunicado de prensa compartido por la Coalición.
Establecido que las instituciones estatales, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMINH), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), han otorgado una licencia ambiental que vulnera el derecho al agua, al medio ambiente sano y a la salud de miles de personas.
Y que el permiso de operaciones otorgado por la corporación municipal evidencia una vez más el irrespeto al derecho a la consulta que tienen las y los ciudadanos y la colusión de los funcionarios municipales en las redes de corrupción para implementar los proyectos de muerte y despojo.
La CCI respaldó que la resistencia ha sido pacífica de parte de diferentes comunidades y organizaciones de Tocoa, organizadas en el Comité Pro-Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que, con el objetivo legítimo de defender el agua y, ante la falta de respuesta a sus demandas, instalaron el “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, siendo su única herramienta para evitar la destrucción de su río.
Denunció las campañas de estigmatización organizadas por parte de los inversionistas para deslegitimar la lucha de las comunidades, organizaciones y personas que resisten a la voracidad y corrupción estatal y privada.
También que hay acciones desde el ilegal presidente poder ejecutivo, Juan Orlando Hernández, quien presentó el proyecto de reforma a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal el cual fue aprobado por los diputados.
Por la defensa del Río Guapinol existen 18 luchadores y luchadoras sociales, defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados por el Ministerio Público y al Juez de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, que enfrentan el proceso penal 148-2018, por el delito de usurpación.
En el área de comunicación, la CCI denunció la obstrucción a la labor informativa, las amenazas y la violencia contra las y los periodistas al momento de cubrir el ilegal desalojo.
“Denunciamos la militarización de la zona para intimidar, vigilar y desmovilizar la lucha legítima contra la ejecución del proyecto minero de muerte”.
se exigió un alto a la violencia estatal y privada, la desmilitarización inmediata, el cierre del proceso penal, la investigación de las violaciones a derechos humanos, que se dé una respuesta rápida por parte de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde Adán
Fúnez a la demanda del Comité Pro-Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que se revoque la concesión ilegal.
Finalmente, la Coalición Contra la Impunidad afirmó que la única forma de tratar los conflictos ambientales es respetando el derecho a la consulta previa libre e informada. Todo proyecto impuesto en las comunidades tarde o temprano se expresará como una grave crisis social que entraña violaciones de derechos humanos. La transformación de este conflicto debe pasar necesariamente por la revisión del cumplimiento de este requisito y la efectiva participación de las comunidades.
