Tegucigalpa.- Mañana se conocerá el destino de los ocho defensores del agua y de la vida de Guapinol y sector San Pedro, de Tocoa, Colón, a los que el Ministerio Público ha mantenido de manera ilegal y arbitraria privados de libertad.
Siete de ellos por más de 29 meses y a Jeremías Martínez por más de tres años; ellos emprendieron una lucha por defender sus comunidades del poder económico que representa una empresa minera, que, lejos de causar bienestar a las comunidades, solo trae pobreza y muerte.
Estos ocho defensores se les sigue un juicio injusto y pueden enfrentarse a varios años de prisión, solamente por defender la vida de las comunidades.
Este día se realizó un foro: denominado la “Verdad detrás del caso de Guapinol”, a donde acudieron reconocidos defensores de derechos humanos y familia de los defensores injustamente privados de libertad.
Entre los asistentes al evento estuvo la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo Escribano quien señaló que han acompañado a los defensores de Guapinol en diversas formas, que van desde la observación directa y proceso de documentación como tal , el diálogo cercano con el equipo legal, con los defensores, con sus familias y la comunidad, y la interlocución con las autoridades”.
“La presentación de opiniones jurídicas y técnicas que en todo momento hemos presentado a los operadores judiciales del país, tanto al poder judicial como al Ministerio Público”.
La representante de la OACNUDH destacó que el caso de Guapinol es un caso paradigmático, porque evidencia un patrón de hostigamiento y criminalización.
“Este patrón del que son objeto, lamentablemente, muchos defensores de derechos humanos en el país, y particularmente quienes se oponen a los proyectos principalmente derivados de procesos extractivos, en defensa de la tierra del medio ambiente y del territorio”.
“También hemos visto como a menudo estos procesos desenfocan en acciones que van desde hostigamiento, ataques, amenazas, inclusive los asesinatos de las personas que se oponen a estos proyectos, a los que legítimamente y pacíficamente defienden, como lamentablemente hemos vistos que ha pasado con los defensores de Guapinol” expresó.
Asimismo señala tres aspectos importantes que tiene que ver con el caso de Guapinol
1. Que tiene que ver con la detención ilegal de los 8 defensores que están en prisión preventiva y por lo tanto detención ilegal por 29 meses.
2. En segundo lugar quisiera referirme al uso excesivo de la prisión preventiva que se ha cometido en este caso.
3. En tercer lugar, me gustaría también referirme al incumplimiento de la obligación por parte del estado de garantizar el derecho a defender derechos humanos, un ambiente seguro y pacífico para quienes ejercen esta labor legítima.
De igual manera señaló al menos cuatro elementos sobre lo que ha sido objeto de observación en el juicio oral y público por la OACNUDH, precisamente para reiterar este aspecto de arbitrariedad e ilegalidad.
Primer aspecto: los defensores de Guapinol forman parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que fue categorizado por la Secretaria de Derechos Humanos en su momento como una organización que defendía de derechos humanos; el propio estado de Honduras reconoció que los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos.
En segundo lugar: los ocho imputados fueron detenidos debido a las actividades como defensores, no a ninguna otra actividad, mientras ejercían el desarrollo de derechos que están consagrados en la propia Constitución de la República, y aunque están consagrados en el marco los derechos civiles y políticos, y también en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando promueven o promovían la participación democrática y luchaban contra la agresión de los derechos ambientales a su población.
Otro elemento a destacar por la OACNUDH como tercer punto; es que las autoridades han persistido en tratar a los ocho defensores como acusados de asociación ilícita, para imponer sobre esa base una prisión preventiva desde el principio, aun cuando se dictó sobreseimiento definitivo sobre esa acusación, pero la prisión preventiva se mantuvo aun cuando se dictó el sobreseimiento de esta acusación por lo tanto, antes de dictar esa prisión preventiva, no se analizó individualmente la situación de los ocho defensores.
El cuarto elemento es que los tribunales no han respondido a las frecuentes solicitudes de apelación y Habeas Corpus, recursos de amparo los que han presentado, sobre todo el momento en que la salud de los acusados, debido a la insalubridad y la falta de atención sanitaria en el contexto de la pandemia.
Asimismo señala que hay otro aspecto importante que hay que destacar y es que Jeremías Martínez no es precisamente la persona, hay un problema con su identidad y él se encontraba con medidas de protección del mecanismo de derechos humanos y las características físicas y el número de identidad no corresponden a las del defensor ambiental, privado de libertad al tratarse de un homónimo.
“Hemos observado en nuestras observaciones que en el juicio no se ha podido probar el vínculo entre cada uno de los defensores de los delitos que se les imputa y su individualización con cada uno de ellos, señaló Albaladejo.
Además expresó que La evidencia y la prueba presentada sobre todo fue testimonial por parte del Ministerio Público, por testigos que tiene interés directo en el caso, es decir fue testimonial, incluso presentado por la víctima que tiene un interés directo en el caso y los testigos que tiene un interés directo por su vinculación a la empresa, por lo cual no se cumple con el principio de objetividad en la prueba”.
“Esperamos sin duda en este punto que las autoridades judiciales emitan un fallo en pleno respeto a la ley y que cumplan con la resolución y los estándares internacionales, que establecen el derecho a un juicio justo, imparcial y a base de la presunción de inocencia”, señaló.
La representante de la OACNUDH finalizo diciendo que espera que los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro retomen su tan ansiada libertad y retornen con sus familias, a sus comunidades, sin temor al pleno derecho a defender su rio, su rio Guapinol.
Por su parte Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto, expresó que “como familia seguimos a la espera a ver que pueda pasar el día de mañana en el fallo, esperamos que se haga justicia”.
“Pase lo que pase seguiremos exigiendo la libertad para ellos, no ha sido fácil aunque yo analizo más las cosas, porque soy mayor, pero tengo hermanos pequeños los cuales han tenido que ir asimilando poco a poco, pero esperan que mañana papá este en casa de nuevo”, agregó la hija del defensor Porfirio Sorto.
Juana Zúñiga , esposa de José Abelino Cedillo, señaló que “el Ministerio Público hasta el momento no pudo demostrar la participación de nuestros compañeros, en ninguno de los delitos que hasta el momento se les acusa, hemos venido diciendo muchas veces el papel nefasto que ha jugado el Ministerio Púbico, donde no hubo ninguna investigación, donde el arraigó de cada uno de estos ocho defensores es por la defensa del rio Guapinol del rio San Pedro y que hemos venido luchando para que se demuestre la inocencia de cada uno de ellos”.
Además señaló que no se hacen a la idea de que sus compañeros sean declarados culpables, ya que en 29 meses no han podido comprobar la participación de ellos en ninguno de los delitos.
“Si nos toca ese fallo condenatorio, yo creo que tenemos que tocar esa nueva instancias, esas nuevas puertas que hoy se abren a través de Xiomara (actual presidenta de Honduras) que para nosotros las muchas mujeres son triunfo y es un triunfo que nos abre puertas para seguir luchado, porque la defensa no se termina con que nuestros compañeros salgan en libertad, si no declarar ese parque nacional libre, nuestros ríos corran para la liberación”.
Otro de los defensores que exige la libertad de sus compañeros de Guapinol es Leonel George, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) quien señaló a defensoresenlínea.com que ve con mucha esperanza y con mucho optimismo que hay una incidencia, hay un reconocimiento que son defensores de las comunidades, han estado en su derecho y eso ha sido ratificado por la sociedad, pero también por instituciones que tiene que ver con el tema de derechos humanos en Honduras y a nivel internacional.
Así mismo la reconocida defensora de derechos humanos Reyna Rivera expresó que el caso de Guapinol se le considera un caso emblemático, no solo en Honduras, si no que a nivel mundial, porque es una comunidad que ha enfrentado a uno de los grupos económicos más poderosos del país e incluso de Centroamérica.
“Esta comunidad ha sido sistemáticamente criminalizada, incluso el tipo de criminalización que han tenido que enfrentar ha implicado que los han sometido a juzgado de jurisdicción nacional; al inicio fueron juzgados en batallones, se les ha tratado como enemigo del Estado, se les tratado como criminales, también se les ha tratado como que alteran la seguridad del Estado, todo eso en la cuestión mediática, no necesariamente en el juicio”.
La comunidad nacional e internacional, así como los familiares de los ocho defensores, esperan que este día se ponga un punto final al calvario de José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz.
