Tegucigalpa, Honduras.- Para las víctimas de violaciones a derechos humanos permitidas por el general en retiro de la Policía Nacional de Honduras, Elder Madrid Guerra, su muerte causa sentimientos encontrados, pues hay un torturador menos, pero se fue en la impunidad al ser beneficiado por el sistema judicial.
Hoy se informó sobre la muerte de Elder Madrid, tras padecer una enfermedad, por lo que estuvo interno dos meses en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa, misma ciudad que fue testigo cuando el comando COBRAS, capturó, golpeó y torturó a 24 personas, entre ellas mujeres, menores de edad y adultos mayores, hace nueve años.
Las secuelas de las arbitrarias acciones durante el golpe de Estado del 2009 no cierran, pues para ello sería necesario el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, además la no repetición, y esto es lo que buscan esas 24 personas, víctimas del hoy occiso.
Al comisionado Elder Madrid Guerra, se le llevó a los tribunales de Justicia por permitir violaciones a defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, y transeúntes el 12 de agosto del 2009, en las calles cercanas al Congreso Nacional, después de una movilización del Frente de Resistencia Popular.
Para ese entonces, Madrid Guerra era jefe del comando Cobras, y pudiendo detener las agresiones, más bien ocultó información sobre los hechos contra los 24, que después de tenerlos en el sótano del hemiciclo legislativo, fueron trasladados ilegalmente a ese cuartel en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa, esa misma noche.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), inmediatamente acompañó a las víctimas que fueron procesadas -supuestamente- por causar daños en perjuicio del Estado, portación ilegal de armas, entre otros; y debieron asistir a firmar a los juzgados competentes, logrando su libertad, para luego proceder a denunciar a Elder Madrid y otros policías implicados en las torturas, vejámenes y detención ilegal.
Entre las víctimas está la defensora de derechos humanos, Alba Ochoa, quien a este momento ya se comunicó con otros integrantes del grupo, y comparten que la muerte Madrid es una situación de sentimientos encontrados, es un torturador menos, pero no se hizo justicia.
¡Cuántas personas asesinadas, viudas, huérfanos! Exclamó al referirse, que muchas de estas fueron a causa de las órdenes del alto mando policial.
Otra injusticia, a consideración de Ochoa, es que murió plácidamente en su cama de hospital, cuando él no le dio oportunidad de luchar por su vida a otras, si no que se las quitó.
“Se hizo justicia divina, aunque él se burló de la justicia hondureña”, agregó la documentalista, que ese 12 de agosto cubría la movilización contra el golpe de Estado, su cámara fue destruida y ella apresada. En el proceso judicial contra Madrid, Alba recordó que los Tribunales de Justicia le dieron dos sobreseimientos, y después la Policía Nacional lo ascendió a Comisionado General en el año 2015, al año siguiente los suspendieron de sus labores supuestamente por una restructuración policial.
“Ni a la madre respetó, para un día de la madre le envió un ataúd, le dijo <<esto es lo único que te espera>> a la hermana la metió presa, estaban peleando una herencia; si no respetó ni a su familia ¿Cómo iba a respetar al pueblo?”, reiteró Alba Ochoa, a www.defensoresenliena.com.
Hoy se marca una fecha, hemos visto que se va un torturador, a su vez seguimos viendo cómo avanza la impunidad, se sigue violando los derechos humanos, la justicia castiga a las víctimas y el Estado premia a los victimarios, expresó Alba Leticia Ochoa Camacho, a nombre del grupo conformado por: Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas.
Procesos pendientes contra policías torturadores
El COFADEH, junto a las víctimas, inició un proceso legal contra Madrid Guerra, el comisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante, al que se le da largas, denunciaron las víctimas, lo que denota una falta de seriedad en el ejercicio de los deberes de los funcionarios públicos, que se muestran parcializados.
Pero en audiencia Inicial celebrada en el año 2010, el apoderado legal de Madrid Guerra planteó una nulidad en la cual la jueza que conocía esa causa, la declaró sin lugar, por lo tanto él interpuso un Recurso de Apelación en conjunto con los abogados de los otros coimputados. La Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró con lugar parcialmente el Recurso de Apelación, indicando que el caso de Madrid Guerra existía un doble juzgamiento y lo apartó del proceso penal incoado en aquel momento.
