El pasado 28 de julio de 2023, la Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos (RENADH), fue informada por las redes de base, que al menos cuatro miembros de las redes están siendo víctimas de amenazas a muerte, hostigamientos, ataques a sus mascotas, la circulación de vehículos sospechosos en el perímetro de la residencia de algunos defensores y el robo de información, como represalia por sus actividades de defensa de derechos humanos en sus comunidades y territorios.
Los casos más recientes son el de Rigoberto Matute, de la Unión, Lempira; Nelly Argeñal, de Danli, El Paraíso; José Orlando Orellana, del Tránsito, Valle, y Margarita Pineda en San José en La Paz. Todos estos hechos han ocurrido cuando Honduras se encuentra bajo régimen de estado de excepción desde el 6 de enero de 2023, tras la prórroga y ampliación del decreto ejecutivo emitido el 6 de diciembre de 2022.
Estos hechos no solo constituyen amenazas, señalamiento y deslegitimación de acciones de defensa de derechos humanos, sino que buscan limitar el derecho a la participación en el debate y definición de políticas públicas en el actual contexto, también impedir el ejercicio de defensa y denuncia ciudadana a los abusos que se cometen en los territorios y en las zonas donde operan las industrias extractivas.
Por lo expuesto, hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro a retomar su promesa de campaña y plan de Gobierno de proteger los derechos humanos. Particularmente exigimos su obligación de: “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
También exigimos se diseñe e implemente un Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, que incluya la coordinación entre el Mecanismos de Protección y autoridades encargados de llevar a cabo investigaciones penales, como se establece en la Sentencia de Carlos Escaleras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El apremio de dicha medida se hace más evidente ante la inseguridad que viven los defensores en Honduras, solo en 2023, 19 defensores han sido asesinados en diferentes circunstancias.
Asimismo, recordamos que Pablo Isabel Hernández, integrante de esta Red, fue asesinado el 9 de enero de 2022, su caso permanece en impunidad.
Persiste entre las autoridades de investigación y de protección la conducta de ignorar los posibles móviles vinculados al trabajo de defensoría, de la persona defensora que pudiera estar desafiando intereses económicos y/o políticos de grandes dimensiones como en los casos que nos ocupan.
Advertimos que la impunidad y el negacionismo es el común denominador en las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras.
1 de agosto de 2023
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
