GINEBRA/TEGUCIGALPA.- La voluntad política del gobierno para abordar el tema de las desapariciones forzadas en Honduras debe transformarse en acciones concretas, afirmaron hoy expertos de la ONU.
«Honduras debe redoblar sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria», afirmó en un comunicado una delegación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al término de una visita oficial al país.
Aunque reconocen las declaraciones de las autoridades admitiendo las carencias y los retos existentes en materia de derechos humanos, y sobre las medidas necesarias para abordarlos, los expertos señalaron la desconfianza de las víctimas en un contexto de sistémica y prolongada impunidad por las violaciones de los derechos humanos.
«Entre los familiares de desaparecidos que encontramos en muchas partes del país, si bien hay cierta esperanza de cambio, el sentimiento común era la desconfianza, la desesperanza y el miedo», afirmaron los expertos.
Los expertos se mostraron especialmente preocupados por la impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas, tanto por hechos del pasado -en particular las desapariciones forzadas de las décadas de 1980 y 1990, cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional- como por casos actuales. También añadieron que la falta de avances parece ser una combinación de un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, en conjunto con inseguridad, colusión y corrupción.
El Grupo de Trabajo instó al gobierno hondureño a reconocer la desaparición forzada como un delito autónomo fuera del contexto de los crímenes de lesa humanidad y a establecer unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito.
«Para romper el ciclo de impunidad, es esencial que estas medidas se basen en un compromiso firme y coordinado de todos los actores pertinentes del Estado, en particular las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales y el Ministerio Público, y en la tolerancia cero frente a la corrupción», afirmaron.
«Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas no sólo es esencial para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz», afirmaron los expertos.
El Grupo de Trabajo instó a las autoridades a crear un registro de todas las víctimas de desaparición forzada y una base de datos con los datos genéticos de sus familiares, como parte del establecimiento de un plan de búsqueda de personas desaparecidas, con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
«Todas y cada una de las denuncias relacionadas con desapariciones forzadas deben ser debida y eficazmente investigadas desde el inicio y los familiares deben ser informados con prontitud de cualquier progreso al respecto», observaron los expertos, señalando que la gran mayoría de las víctimas con las que se reunieron durante la visita informaron de la escasa atención y respuesta por parte de las autoridades competentes, lo que les deja esencialmente solos en sus esfuerzos de búsqueda.
«También nos reunimos con familiares de personas que desaparecieron como víctimas del crimen organizado, en el contexto de disputas por tierras o migración y fuimos testigos de su angustia y sufrimiento ante la falta de respuesta o investigación por parte de las autoridades estatales», dijo el Grupo de Trabajo. Recordando la emblemática desaparición en 2020 de cuatro miembros de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz, sin ser resuelta hasta la fecha, los expertos afirmaron que es esencial investigar de forma independiente todos los elementos de estos crímenes, incluyendo la posible implicación de funcionarios públicos.
La desaparición de migrantes es un problema mundial que afecta gravemente a Honduras y a la región centroamericana, dijeron los expertos, que instaron al gobierno a intensificar la cooperación con otros Estados de la región y de fuera de ella para, entre otras cosas, garantizar que las familias de las víctimas reciban información sobre la búsqueda de sus seres queridos.
El 21 de marzo, durante la visita del Grupo de Trabajo, se adoptó un Decreto Ejecutivo por el que se crea un programa de Memoria y Reparación. «Esperamos con interés la aplicación efectiva de este programa y confiamos en que aborde la reparación de forma integral, inclusiva y holística», afirmaron los expertos. Instaron a las autoridades a reconocer plenamente la condición jurídica de las personas desaparecidas y a respetar los derechos de sus familiares más próximos, emitiendo declaraciones de ausencia por desaparición.
El Grupo de Trabajo presentará sus observaciones finales sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-relator es Sra. Aua Baldé (Guinea-Bissau) y la Vice-Presidenta es la Sra. Gabriella Citroni (Italia). Otros miembros son la Sra. Angkhana Neelapaijit (Tailandia), el Sr. Luciano Hazan (Argentina); y la Sra. Grażyna Baranowska (Polonia
).
