Tegucigalpa.- Honduras debe hacer frente a décadas de impunidad de las ejecuciones extrajudiciales y responsabilizar a los autores, dijo hoy un experto de la ONU.
«La manifiesta voluntad política y los esfuerzos en curso del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas», dijo Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en un informe preliminar al final de una visita de 10 días al país.
El Relator Especial evaluó los avances de Honduras desde las visitas de sus dos predecesores, Asma Jahangir y Christof Heyns en 2001 y 2016, respectivamente.
«Las investigaciones efectivas, el acceso a la información y la justicia para las víctimas – que siguen obstaculizadas por la limitada capacidad de investigación y una cultura de impunidad – son fundamentales para romper el ciclo de violencia prolongado», dijo el experto de la ONU.
Las ejecuciones extrajudiciales, que fueron sistemáticas en la década de 1980 y alcanzaron su punto álgido tras el golpe militar de 2009 y la crisis post electoral de 2017, siguen siendo un fenómeno generalizado. Afecta a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y afrohondureños, campesinos, personas defensoras de derechos humanos y medioambientales, periodistas y personas LGBTIQ+.
“El Gobierno debe garantizar que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y defensa está estrictamente regulado de acuerdo con las normas internacionales», afirmó Tidball-Binz. Saludó el proyecto de ley sobre el uso de la fuerza, basado en estas normas, que actualmente está revisando el Congreso Nacional, e instó a su adopción.
El experto señaló los obstáculos que enfrentan las víctimas para que sus denuncias sean documentadas e investigadas, así como la falta de reparaciones adecuadas. Siguen siendo motivo de gran preocupación el hostigamiento y las represalias contra las víctimas y los testigos de muertes ilícitas, así como los retos para la protección efectiva de estas personas.
Saludó la desmilitarización del sistema penitenciario e instó al Gobierno a establecer un sistema digitalizado unificado para registrar las muertes bajo custodia. «Todas las muertes bajo custodia deben ser investigadas de acuerdo con las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016)», dijo Tidball-Binz.
El experto también señaló el impacto desproporcionado de los asesinatos de mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Expresó su preocupación por la falta de protocolos especializados para investigar la violencia contra las mujeres, incluidos los femicidios y las muertes de personas LGBTIQ+. Pidió al Gobierno su adopción e implementación efectiva.
El Relator Especial dijo que un paso esencial hacia la investigación efectiva y la prevención de las muertes ilícitas es la creación de un Instituto de Medicina Legal independiente, autónomo y dotado de recursos. Tidball-Binz dijo que valora positivamente una reciente propuesta legislativa con este fin.
«Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales no es una opción, sino una obligación bajo el derecho internacional», dijo el experto. «Es un requisito previo para hacer efectivo el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por este crimen atroz. A tal fin, ofrezco todo el apoyo de mi mandato», dijo Tidball-Binz.
El Relator Especial presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.
