Tegucigalpa, Honduras.- En ocasión del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió mecanismos internacionales de rendición de cuentas para hacer frente a la impunidad.
La petición se hizo a través de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnés Callamard, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, este lunes, mismo día en que dos periodistas defensores de la libertad de expresión, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional, en Tegucigalpa.
Miriam Elvir, coordinadora del área de comunicaciones; y Cesario Padilla, coordinador de Alertas por ataques contra periodistas, ambos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), fueron privados de libertad por ocho horas, llevándoles de una posta a otra, golpeándolos, exhibiéndolos y obligándolos a firmar un acta de conciliación junto a los policías agresores.
Cabe señalar que ambos periodistas son beneficiarios de Medidas de Protección, ante la constante vulnerabilidad a la que son expuestos por su labor informativa, denuncia y acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos.
Las expertas de la ONU, Agnès Callamard, e Irene Khan, expresaron mediante una declaración conjunta que: “Cada año alrededor del mundo cientos de periodistas son atacados por su trabajo de investigación y reporteo. Son acosados, amenazados, secuestrados, torturados, encarcelados y procesados judicialmente por exponer la corrupción y el crimen organizado, por informar sobre protestas y por hablar con la verdad respecto al poder. Muchos son desaparecidos o asesinados. Los perpetradores de estos crímenes rara vez rinden cuentas.
Según las relatoras, las periodistas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y violencia basada en género, incluyendo violaciones, agresiones sexuales y acosos en línea y fuera de ella, así como intimidaciones y amenazas contra ellas o sus familiares.
La periodista Miriam Elvir llegó a un retén policial, y le dijo a los agentes que deberían abrir los dos carriles de tránsito, y no causar mayor congestionamiento vial, pero eso le causó molestia a los policías y la detuvieron. Al pedir auxilio a su compañero Cesario Padilla, quien grabó el momento de las agresiones, fue atacado mientras transmitía a través de redes sociales la denuncia a eso de las 3:30 pm. Cerca de la media noche de este lunes fueron liberados.
“Los ataques contra periodistas tienen un solo objetivo: silenciarlos. Cuando los gobiernos no llevan ante la justicia a los responsables de dichos ataques, están efectivamente ejerciendo una forma de censura, imponiendo un bozal a quienes se atreven a reportar y silenciando a otros a través del miedo”, agregan las expertas.
Este 2 de Noviembre se le recuerda a los Estados su obligación de conducir investigaciones prontas, imparciales, de fondo, independientes y efectivas en todos los casos de crímenes contra periodistas. Los investigadores deben presumir que dichos crímenes están vinculados al trabajo periodístico a menos que se pruebe que no es así. Las investigaciones deben buscar identificar y procesar todos aquellos responsables – los que jalan el gatillo y los autores intelectuales, los perpetradores y los instigadores, así como aquellos que hayan conspirado para cometer, ayudar, instigar o encubrir dichos crímenes.
A lo que va de este año, en Honduras han asesinado a tres trabajadores de la comunicación: Germán Vallecillo (hijo) y Jorge Posas fueron asesinados este 1 de julio en La Ceiba, Atlántida; Luís Almendares, periodista asesinado el 27 de septiembre en Comayagua, más de 80 comunicadores fueron ejecutado en los últimos 20 años, con un 90 por ciento de impunidad.
Crímenes, impunidad y falta de investigación gubernamental
Hoy hace siete años, los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon fueron asesinados en Mali. Los presuntos perpetradores han sido señalados, pero todavía no han sido arrestados ni procesados.
“Hacemos un llamado a los gobiernos correspondientes a avanzar en la investigación sin más demora para que se haga justicia, afirmó la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Reiteraron su llamado a llevar a cabo una investigación independiente, transparente y creíble sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, incluyendo una investigación de los autores intelectuales del asesinato y de aquellos que lo incitaron, lo permitieron o lo dejaron pasar. La falta de acción respecto a estos hechos, combinada con la falta de transparencia en el proceso judicial nacional, es la encarnación misma de la impunidad. Esto es inaceptable y no debe ser tolerado.
Y, hace dos años, Daphne Caruana Galizia, una de las más prominentes periodistas de investigación en Malta, fue asesinada por haber expuesto serios vínculos de corrupción de altos funcionarios en ese país. El gobierno debe permitir que la investigación pública sobre su asesinato continúe sin interferencia o falsas fechas límite hasta que la verdad sea plenamente establecida.
Estos casos han recibido mucha atención nacional e internacional. Muchos otros no. Hay un patrón global de impunidad y encubrimiento. La falta de investigación o procesamiento de los crímenes contra periodistas alimenta un ciclo recurrente de violencia, viola el derecho a la vida y la seguridad física, la libertad de opinión y de expresión y socava la independencia de los medios como un pilar esencial de toda sociedad democrática.
“Por ello consideramos que, cuando los esfuerzos nacionales para atender la impunidad en los crímenes contra periodistas están ausentes o son inadecuados, un enfoque internacional debe ser adoptado”.
proponen que se establezca un mecanismo permanente de investigación por parte de las Naciones Unidas. Con la ayuda de expertos y expertas internacionales, incluyendo expertas y expertos de los Procedimientos Especiales y de los Órganos de Tratado, este mecanismo debería estar mandatado para asistir en las investigaciones iniciadas por los Estados.
Además, buscar información e investigar los crímenes contra periodistas; identificar caminos para la justicia en los niveles nacional, regional e internacional; facilitar procedimientos judiciales independientes; e identificar y apoyar medidas, incluyendo políticas y diplomáticas, para poner fin a la impunidad, prevenir la violencia contra periodistas y promover medidas para incrementar su seguridad.
También hacen un llamado a los gobiernos a considerar imponer las “sanciones Khashoggi”: sanciones individualizadas en contra de quienes resulten responsables por ordenar actos de violencia contra periodistas, por amenazar periodistas con violencia o por prevenir una investigación efectiva de los asesinatos.
“Creemos que las medidas preventivas, incluyendo mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida ante las amenazas contra periodistas, deberían ser fortalecidas. Los Procedimientos Especiales, con su experiencia, independencia y redes de trabajo con diversas contrapartes, están bien posicionados para contribuir con estas medidas y deberían contar con los recursos adecuados para hacerlo”, agregan las expertas.
Hoy, mientras los periodistas buscan arrojar luz sobre las respuestas ante la pandemia por COVID-19, enfrentan mayores ataques. Proteger a los periodistas es proteger el derecho a la información de todas las personas. Los Gobiernos y la ONU deben actuar urgentemente para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, finaliza el pronunciamiento.
