Tegucigalpa.- En Voces contra el Olvido, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) salió al paso para responder a la desinformación y cuestionamientos relacionados a la “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los hechos no se repitan”, más conocida como ley de amnistía.
Para hablar sobre el tema compareció la procuradora de derechos humanos y documentalista del COFADEH, Mery Agurcia.
Agurcia expuso que desde que comenzó el mes de febrero se inició una campaña para desprestigiar el decreto de amnistía que se ha venido peleando durante los últimos 12 años.
“Y digo durante los últimos 12 para años para partir de alguna manera, este contexto de persecución a todas las personas que piensan diferente, a los disidentes políticos que confrontaron con valentía el golpe de estado de 2009”, apuntó.
La procuradora de derechos humanos del COFADEH señaló que la persecución ha continuado y que parece que ese guión del golpe de estado se mantiene hasta la fecha con todas estas acciones, que parecen espontáneas pero que realmente si uno lo busca el fondo, tiene un guión que va encaminado a continuar criminalizando a quienes se opusieron al golpe de estado.
“Hay un guión que siguen los golpistas y que no se está valorando la persecución política”, afirmó.
En el editorial titulado: “Seguimos en Guerra y con Amnistía”, divulgado durante el programa de radio Voces contra el Olvido, el COFADEH destaca que “….Este aparato propagandístico de los rancios valores de la tradición enmohecida anclados en religiones carcomidas y en ideas políticas de siglos pasados ha insistido sin éxito en imponerse sobre la conciencia colectiva con manipulaciones….”
“…Decimos sin éxito porque en 12 años de dictadura no pudieron imponerse en Honduras. Emisoras Unidas, Televicentro, el grupo OPSA, Publinsa, canal 11, HCH y los periódicos de la nota roja criminal no pudieron contra el periodismo ciudadano, que los superó en movilización, en conciencia crítica y en votos…”
Mery Agurcia dijo que ese guión mediático está encaminado también para continuar criminalizando a quienes se opusieron al golpe de estado, a aquellas personas que defendieron la soberanía nacional y contra aquellos ciudadanos y ciudadanas que defendieron los derechos humanos durante estos años y que denunciaron esos crímenes de lesa humanidad.
Agurcia detalló que la ley de amnistía contempla “cuatro grandes sectores de población. Contempla los oponentes políticos que se manifestaron a lo largo de estos 12 años y que han sido criminalizados”.
“También contempla a las personas que defendieron tierra y territorios. A las personas que están defendiendo sus recursos agua, sus recursos bosque y que han sido acusados por delitos comunes”, explicó.
La entrevistada indicó que también el decreto ampara a grupos gremiales que defendieron sus derechos y que fueron la columna vertebral durante el golpe de estado y que respaldaron a la población no organizada en las calles.
Agurcia señaló que la amnistía contempla también a los ex funcionarios del presidente Zelaya que fueron criminalizados post golpe de estado.
“La amnistía es clara, han querido confundir a la población con esta amnistía, cuando ésta dice claramente que beneficia a todas aquellas personas que fueron acusadas después del 28 de junio de 2009. Nunca dice que contempla delitos previos al 28 de junio de 2009”, recalcó.
La procuradora de derechos humanos informó que hasta el momento, el COFADEH ha acompañado 11 casos, que benefician a unas 30 personas. A todas ellas la organización ha solicitado en los tribunales de justicia la aplicación del decreto de amnistía en diferentes regiones del país.
El decreto N. 4-2022 contempla que se reconozca la memoria de las víctimas a través de un monumento y manda al estado a que se edifique un lienzo con los nombres de todas las personas que murieron durante el golpe de estado y los años subsiguientes. El decreto demanda también que se repare a los familiares de los mártires.
Mery Agurcia destacó que mucha gente solo se ha enfocado en el trabajo del COFADEH de los últimos 12 años, y que quizás ello tenga que ver, en el sentido de que no hay una apropiación desde la sociedad como tal, de lo que ha sido la memoria histórica.
“Pero el país ha enfrentado una serie de crisis políticas a lo largo de su historia porque el golpe de estado de 2009, es sólo la explosión de lo que venía ocurriendo en los últimos 40 años. ¿Qué recordamos de los últimos 40 años?, las desapariciones forzadas, pero en el transcurso de la década de los 80´s que es lo más conocido, ocurrieron desapariciones forzadas, ocurrieron asesinatos políticos, torturas y también hubo presos políticos”, precisó la procuradora de derechos humanos y documentalista.
Agurcia indicó que durante este contexto se aplicaron al menos 3 amnistías, “porque siempre se está criminalizando a la oposición. Se criminaliza a quien piensa, se criminaliza a quienes exponen la realidad, a quienes denuncian. No se criminaliza a quienes cometen los delitos, sino a quienes ejercen un derecho”.
¿Esta amnistía por qué es atípica?, se preguntó Mery Agurcia. Al tiempo que se contestó que es atípica porque la dictadura también lo fue. La dictadura no persiguió el delito, nunca fue su intención perseguir el delito. La dictadura persiguió a las personas. La dictadura persiguió a quienes se opusieron al golpe de estado, a quienes se oponían a la dictadura, a quienes ejercían un derecho en las calles.
“Como no persiguió el delito, persiguió a las personas. Entonces fue cambiando de modalidad y las acusó de delitos comunes. Después las acusó en tribunales de jurisdicción nacional aún cuando el catálogo no lo contemplaba. Y en este tipo de acusaciones también los envió a cárceles de máxima seguridad. Encerró las ideas, a otros los mató la dictadura. Por eso este decreto manda reparar a las víctimas”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
El estado de Honduras continúa manteniendo grandes deudas con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, dijo.
Consultada respecto al caso del ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien se avocó al decreto de amnistía para obtener su libertad, la procuradora de derechos humanos del COFADEH dijo que “esa pregunta no nos corresponde a nosotras darle una respuesta. COFADEH tiene responsabilidad en el decreto de amnistía del sector B, el sector C, y el sector D. El sector A que son los funcionarios del presidente Zelaya, el COFADEH no tiene esa responsabilidad”.
Agurcia dijo que esa responsabilidad ha sido delegada a la instancia competente, como es la Procuraduría General de la República (PGR).
“En esos juicios quienes deben estar presentes, son los controladores, es la Procuraduría General de la República, son los fiscales y son los jueces. El juez para eso está ahí, para que valore justamente la ley. Este decreto de amnistía tiene una particularidad que deja a la discrecionalidad del juez la aplicación de la amnistía, lo cual es muy bueno”, sostuvo.
Al respecto Agurcia señaló que en este caso, la Ley de Amnistía es discrecional y le deja al juez la potestad de aplicarla o no aplicarla, y después los afectados tendrán recursos que seguir.
Pero, en este caso concreto que se me pregunta de Marcelo Chimirri, habrá que preguntarle a la Procuraduría General de la República (PGR) y habrá que preguntarle al fiscal si el caso que le fue sometido, porque tengo entendido que Marcel Chimirri tiene un montón de juicios abiertos y algunos cerrados, por condenas o por lo que sea que estén cerrados; es el juez, es el procurador y es el fiscal, los que tienen que valorar si realmente los delitos están contemplados en la amnistía y lo más importante, es el tiempo.
Si corresponde, si el proceso fue posterior al golpe de estado y si era, un perseguido o no era un perseguido político. Porque la amnistía está diseñada para todas aquellas personas que fueron perseguidas políticas, no está diseñada para garantizar impunidad. Si no que está garantizada para garantizar justicia a quienes fueron perseguidos durante estos 12 años, recalcó Mery Agurcia.
La defensora de derechos humanos denunció que después del fraude electoral de 2017, se asesinó a personas que salieron a las calles a protestar. En estos asesinatos se implicó a efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). El grupo armado fue promovido por Juan Orlando Hernández, el ex dictador que aguarda su extradición hacia Estados Unidos acusado de narcotráfico.
En ese momento de la historia se criminalizó a 178 manifestantes, mientras que el COFADEH registró 30 asesinatos entre enero 2017 y enero 2018.
Algunos organismos internacionales utilizando otros criterios contabilizan 22 asesinatos post fraude electoral de 2017, informó Agurcia, quien subrayó en el hecho de que “no se criminalizó a ningún tan solo agente de seguridad del estado por la muerte de 22 personas que recoge la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Todo el sistema de aplicación de justicia fue instrumentalizado de tal manera que la justicia en el país, se volvió selectiva, porque exige sanciones a los oponentes políticos, pero no sanciona a quienes asesinaron a los oponentes políticos.
Para finalizar, el editorial del COFADEH divulgado en el programa de radio de Voces contra el Olvido resaltó que: “… En el actual contexto del nuevo gobierno de Xiomara Castro, esos aparatos ideológicos del crimen organizado insisten en combatir al pueblo con falsas noticias, con mentiras vulgares y con agendas paralelas…”
“….Por ejemplo, ante la determinación del nuevo gobierno de reconciliar el país fraccionado por los narcotraficantes liberales y nacionalistas, los medios de esa calaña con su reo ahí en la escala de los Cobras, insisten en asociar el perdón estatal de la amnistía a los políticos del gobierno de Manuel Zelaya y no a las luchadoras y a los luchadores sociales de la resistencia post golpista…”.
