Tegucigalpa.- El 26 de noviembre de 2017 es una fecha que el país entero no olvidará, ya que se realizó el fraude electoral más grande de la historia de Honduras, pero no solo eso, sino que más de 30 personas murieron a manos de elementos represores del estado cuando hacían uso de su derecho a manifestarse y a otros les causaron heridas con consecuencias de por vida.
En esas elecciones generales, Juan Orlando Hernández se perpetuó en el poder ilegalmente, causando el descontento de la población hondureña, ya que no fue elegido como presiente, al contrario, se impuso.
Los hondureños salieron a las calles para exigir la salida de Juan Orlando Hernández, y que se reconociera el triunfo rotundo del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, pero la respuesta del régimen fue mandar a sus fuerzas represoras a reprimir al pueblo, a quienes le dispararon causando la muerte de varios ciudadanos, y dejando heridos a otro sector.
Los elementos policiales cometieron un sin número de violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo hondureño, dejando luto, dolor y llanto.
Ya se cumplieron más de dos años y medio del fraude electoral, donde el régimen pasó por encima de la Constitución de la Republica y a costa de la sangre de muchos hondureños, víctimas de crímenes de lesa humanidad, para perpetuarse en el poder.
Hasta la fecha, los hijos que perdieron a sus padres, madres que perdieron a sus hijos o esposos, no han obtenido justicia. Tampoco en el caso de la desintegración familiar que causaron con la criminalización y persecución política de las familias de las personas asesinadas, de los presos y exiliados políticos, ni de las personas heridas.
Esto se puede comprobar con Jimmy Hernán Mendoza Matamoros, quien se encontraba sentado en la acera de una pulpería de la colonia Santa Eduviges de Comayagüela, esperando poder llegar a su casa, ya que había una manifestación de cacerolas, cuando un grupo de militares comenzaron a disparar contra el grupo de persona que protestaba, impactando un proyectil en su rostro.
Producto del proyectil recibido, una esquirla se le incrustó en uno de sus ojos, causándole la pérdida irreparable del mismo.
Han pasado más de dos años de este hecho, pero a Jimmy no se le ha hecho justicia, si bien es cierto, él a logrado salir adelante con mucho esfuerzo y ayuda de terapias psicológicas, brindadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Sin embargo, el joven no olvida el día que recibió ese disparo de un elemento represor, por lo que tiene que usar una prótesis de por vida.
“Ese día era sábado, yo venía de trabajar, y tenían protesta de eso que le decían cacerolazo; no podía pasar y ya era tarde, me esperé un rato y de repente escuché que dijeron policía, policía; solo me acuerdo hasta cuando yo me quiero ir y de un solo siento el disparo”.
Jimmy expresó que después de recibir ese disparo su vida cambió por completo, y cuando el doctor le dijo que usaría una prótesis, se sintió morir, sin saber cómo reaccionar.
“Después de recibir el disparo, al principio fue difícil más cuando estaba en el hospital y de la noche a la mañana saber que me iban a operar, yo decía mejor me hubiera muerto, pero ya Dios sabe porque hace las cosas”.
Agregó que fue bastante difícil al principio, porque es un cambio radical después de estar bien, y que le digan que lo van a operar y que uno va a usar una prótesis, es muy difícil.
El joven, que para entonces tenía 20 años, expresó con la voz entre cortada que fue muy difícil adaptarse a usar una prótesis y que logró acoplarse a ella, pero que ya no es lo mismo.
“Al principio me costó adaptarme porque me costaba, me afectaba bastante el sol, me molestaba cuando estaba al aire libre, miraba las cosas más cerca y estaba un poquito más separado; me adapté porque me llevaron un psicólogo y gracias a Dios me dio la fuerza para no quedarme estancado”.
Para el joven aún no hay justicia, no hay nadie pagando y él espera que los culpables sean castigados, pero aún no hay respuestas de las denuncias presentadas en el caso.
El Cofadeh interpuso la denuncia pero las autoridades y los policías no han hecho nada, más bien la archivaron, señaló el joven.
Otro de los caso que está en total impunidad y no fue tratado por la gravedad del mismo, es el del señor Telmo Villareal, que fue asesinado el 20 de enero de 2018, día que iniciaba el denominado “Paro Nacional”, convocado por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, para impedir la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, reelecto ilegalmente.
Ese día una familia se quedó sin el sustento de su hogar, después que una ráfaga de disparos por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en Sabá, Colón, al norte de Honduras, acabara con la vida de Telmo Isauro Villareal.
Pero no solo eso, el caso aun sigue en la impunidad y mas bien la familia se desintegró totalmente, ya que debido a la persecución de la que eran víctimas constante, los llevó a abandonar el país.
A esta familia le cambió la vida ese día, ya que aparte de que su ser querido les fue arrebatado, no hay ningún oficial pagando por ese crimen de lesa humanidad, y no se le brindó la debida protección a la familia que constantemente eran hostigados por elementos militares, como explica Walter Villarreal, hijo de don Telmo.
“Es muy doloroso, es algo que no he superado todavía, siento ese dolor como si fue ayer esa pérdida, es algo difícil todavía para mí, porque yo caminaba con él, trabajaba con él y realmente ha sido un cambio en mi vida, muy difícil por mi edad; él nunca nos enseñó a mis hermanas ni a mi, que tal vez un día él iba a estar sin nosotros”.
Expresó que “no logro asimilar de que él ya no esté con nosotros, ni mis hijos que son unos niños, en ocasiones me preguntan por su “papi viejo”; es muy difícil para mí porque no sé qué contestarles”.
Walter expresó que debido a las denuncias hechas, tanto nacionales como internacionales, colocaron un retén en la entrada de Tocoa y siempre hacen preguntas sobre ellos.
“Siempre hay un retén en la entrada a Tocoa y en una ocasión a un amigo lo detuvieron y le preguntaron para donde iba y él les respondió que para Sabá. Y un militar que usaba pasamontaña y chaleco le preguntó que si conocía al hijo del señor que mataron en Sabá, a lo que él respondió que no. A mi amigo se hizo extraño que le dijera que era familia y no sabía que mi nombre es Walter”, denunció el hijo de don Telmo.
Según Walter el agente insistió preguntándole a su amigo “es cierto que él camina armado en un carro, a lo que él respondió no lo sé, ya le dije que no lo conozco. Mi amigo solo caminó unas 3 o 4 cuadras, hasta donde ya no se mirara el retén, y me llamó y me dice Walter en el retén de Tocoa me acaban de parar y me hicieron preguntas sobre vos, tené cuidado vos y tu familia”.
Walter finalizó diciendo que ese y otros incidentes lo obligaron a abandonar el país, porque ya no se sentía seguro, ya que el caso de don Telmo fue conocido nacional e internacionalmente.
Yilian Nohemí Villareal Matute, también hija de don Telmo, señaló que desde el asesinato de su padre a manos de militares, todo ha sido un cambio drástico en sus vidas, algo que no se imaginó que pasarían por ese dolor.
“Ha sido un cambio exagerado en la vida de nosotros, nos afectó tanto emocional como económicamente, porque mi papá era el mayor sustento de la casa, y además acostumbrarte a no verle, después de verlo todos los días, es muy difícil”.
Yilian agregó, al igual que su hermano, que “el motivo por el cual nosotros decidimos salir del país, fue porque nos informaron que unos militares estaban haciendo un retén, en el cual estaban pidiendo información de nosotros, que si nosotros caminábamos armados, que si nosotros teníamos dinero y preguntas así, referentes a nosotros”.
Otro de los motivos de su salida del país, explica la joven, fue “cuando a mi papá se le hizo la exhumación por la investigación que se está realizando, los militares llegaron al cementerio, nos rodearon, gracias a Dios estábamos con los de derechos humanos y ellos se encargaron de esa situación, entonces todo eso nos llenó de miedo, de temor y por eso decidimos abandonar el país”.
La familia Villareal Matute sigue exigiendo que se haga justicia en la muerte de su pariente, “porque no puede quedar en vano, no puede ser de que este gobierno esté haciendo lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera, y que quede como si tal cual no hizo nada”.
En caso de Telmo Villareal no hay nadie pagando por este crimen, a pesar que es fácil averiguar qué policías militares estuvieron asignados a la zona, pero no han hecho nada, manteniendo este crimen en total impunidad.
Otro de los crímenes cometidos por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que aún sigue en la impunidad y que al igual que el caso de don Telmo la familia tuvo que salir huyendo, es el de David Octavio Quiroz Urrutia, asesinado el 15 de diciembre 2017 cuando participaba en una manifestación pacífica, en la sector de Guacamaya, Dos Caminos, Villanueva, Cortés.
La manifestación donde Quiroz Urrutia fue asesinado fue violentamente reprimida por unos 60 soldados de la PMOP, que dispararon contra la población que se protestaba en contra del régimen.
Sandy Mancía, esposa de Quiroz Urrutia, expresó que han pasado mas de dos años del hecho y que no ha podido olvidarlo, que recibió amenazas por las que tuvo que salir huyendo del país.
“Ya pasaron dos años donde aquella mañana de un 15 de diciembre del año 2017, por encontrarnos reclamando nuestros derechos a lo que no estábamos de acuerdo, sobre ese fraude electoral descarado que hubo, los sicarios de JOH le quitaron la vida a mi esposo David Octavio Quiroz Urrutia, en Dos Caminos, Villanueva, Cortés”., señaló.
“Hasta la fecha lo que he recibido son amenazas, atropellos, persecución y capturas, debido a todas esas situaciones que me enfrenté, después de la muerte de mi esposo, me tocó salir huyendo de mi país, buscando salvaguardar la vida de mi familia, y aún así, en el lugar donde estamos no ha sido fácil enfrentar nuestra vida junto con mis hijos, no es fácil ni para ellos ni para mí”, sostuvo la viuda de Quiroz Urrutia.
Añadió que a pesar de todo lo que ha pasado, desde donde se encuentra sigue alzando la voz y exigiendo justica. “A pesar de todo lo que he enfrentado y sigo enfrentando, no he callado y desde aquí donde me encuentro sigo exigiendo justicia, lo que quiero es que me esclarezcan esta muerte y que no quede impune, porque no es un perro al que mataron, es un ser humano”.
David Octavo Quiroz murió por el impacto de una bala disparada por el agente de la PMOP, Denis Omar Cáceres, que junto a más de 60 militares reprimieron violentamente a los manifestantes de Dos Caminos. Él se encuentra con la medida de prisión preventiva, la que está cumpliendo en el Tercer Batallón de Naco, Cortés, acusado de homicidio y no por asesinato.
El COFADEH ha presentado la denuncia de estos tres casos y otros, ante los organismos correspondientes, nacionales como internacional, para lograr garantizar la no repetición de estas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen, así lo expresó la abogada del área de acceso a la justicia de este comité, Karol Cárdenas.
“En el caso del asesinato de David Octavio Quiroz, COFADEH dio acompañamiento y representación legal a los familiares de las víctimas, constituyéndose como acusador privado, participando en la audiencia inicial en la cual se decretó auto de formal prisión contra el sargento de la Policía Militar del Orden Público, Denis Omar Cáceres Ramírez, por el delito de homicidio, posteriormente su defensa solicitó someter a su representado a un procedimiento abreviado”.
Cárdenas explicó que “el proceso abreviado consiste en la aceptación del delito, lo que concluirá en una sentencia condenatoria, pero en este caso no se responsabilizó la cadena de mando, al contrario, el Ministerio Público presentó como testigo a la persona que estaba al mando del operativo en ese momento que ocurrieron los hechos “.
“Quien por su condición de garante y teniendo total autoridad pudo haber detenido la acción, pero al contrario, contribuye para que se ejecutara a su vista y paciencia, por lo que debió ser considerado como un imputado más en el presente proceso, y debido a la falta de acción de parte del Ministerio Público hace que estas violaciones a los derechos humanos se repitan y queden en una total impunidad”, agregó.
En el caso de don Telmo Villareal la abogada expresó “que Cofadeh ha dado acompañamiento psicológico y representación legal a los familiares de la víctima, interponiendo la denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos, en la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana Derechos Humanos. El cao se encuentra en etapa investigativa y hasta el día de hoy no se ha iniciado un proceso penal contra los agentes que perpetraron este hecho criminal”.
“De igual manera se compaña y representó ante la Fiscalía de Derechos Humanos al joven Jimmy Hernández, así mismo se le acompañó a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al país, y sobre todo se le brindó asistencia médica y psicológica”.
En la actualidad este caso está en etapa investigativa, no se ha deducido responsabilidad contra los agentes que cometieron este hecho, lo cual hace que en el presente caso sea uno más de impunidad e injusticias.
Por su parte, el dirigente magisterial y presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), Edwin Hernández, señaló que “después de la crisis post electoral nosotros denotamos falta de interés del gobierno de Honduras, más que todo porque ni la Fiscalía, ni los Juzgados y ningún ente del estado, ha querido meter las manos para desarrollar un verdadero proceso de justicia.
“Nosotros creemos que esas situaciones se van a seguir dando en la medida de que el gobierno siga manejando todos los poderes del estado, incluyendo la Fiscalía; por ese lado nosotros creemos que no hay ningún actuar desde el gobierno, más bien le han servido estos entes reguladores de la justicia al estado para tapar ese tipo de crímenes y violación a los derechos humanos que se dieron en la crisis post electoral.
Agregó que “las personas que fueron asesinadas, golpeadas, asaltadas por parte de los cuerpos represivos del estado, no han tenido ni siquiera un comunicado de parte del gobierno aceptando esta situación, por lo tanto nosotros creemos que a dos años de esta crisis la impunidad campea en todo el territorio nacional”.
En Honduras no solo las violaciones a derechos humanos de crisis post electoral están en la impunidad, también las que sucedieron durante el Golpe de Estado y en otros procesos de protesta.
“Recordemos también que nos asesinaron y golpearon a un montón de compañeros que participaron en la lucha por la defensa de la salud y la educación, o sea que en general en Honduras se ha vuelto una costumbre violentar los derechos humanos, y ningún organismo mete las manos a favor de quienes perdieron un familiar, de quienes fueron reprimidos, toda la justicia está a favor del genocida que violenta la ley y en favor del que violenta los derechos humanos”.
En el contexto post electoral, el COFADEH registró solo en el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 126 manifestaciones reprimidas, 232 personas lesionadas y heridas, 72 personas víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes.
También se registraron alrededor 1085 personas detenidas, 30 personas ejecutadas, 34 personas desplazadas por violencia y persecución política, 1 persona desaparecida, 179 expedientes penales abiertos, 15 comunidades, barrios, colonias y residenciales invadidas por la Policía Militar, donde se realizaron 47 allanamientos domiciliarios en forma discriminada y 12 ataques a medios de comunicación y periodistas.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Honduras, en ese contexto, documentó al menos 23 personas asesinadas, alrededor de 60 personas heridas, registra un total de 1351 personas detenidas por violar el toque de queda.
La OACNUH también documentó en su informe casos de personas que recibieron malos tratos durante su arresto o durante su detención, así como una desaparición forzada.
Cabe señalar que en ninguno de estos casos registrados, tanto por organismos nacionales e internacionales, se ha hecho justicia, los crímenes de lesa humanidad, las torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, detenciones ilegales y criminalizados políticos, siguen en total impunidad en Honduras.
