Giorgio Trucchi
A seis meses del brutal asesinato de la joven Keyla Martínez, varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Rel UITA, convocaron a una conferencia de prensa para compartir los avances del caso, acuerpar a su familia y denunciar la impunidad que sigue imperando en Honduras.
La noche del 6 de febrero, Keyla Martínez Rodríguez, una joven de 26 años, estudiante de la carrera de Enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (UDEP 10), supuestamente por violar el toque de queda.
Unas horas más tarde, el cuerpo sin vida de la joven era ingresado a emergencia del hospital departamental. Según la Policía, Keyla se habría suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda.
Sin embargo, la autopsia reflejó que la muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.
Durante la audiencia inicial, el tribunal dictó auto formal de procesamiento y prisión preventiva para el policía de escala básico Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de femicidio agravado.
Actualmente, Perdomo guarda prisión en el cuartel policial del Comando Especializado ‘Cobra’.
Una decisión que ha despertado la indignación tanto de los abogados como de los familiares de Keyla, ya que en lugar de cumplir prisión preventiva en un centro penitenciario se encuentra en un cuartel policial.
“Prácticamente está como en su casa”, lamentan familiares y miembros del equipo legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Revictimización
Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh, organización que en colaboración con la Convergencia contra el Continuismo, la Rel UITA y Acodehu convocó la actividad, explicó que todavía hay muchos puntos oscuros en el asesinato de la joven.
“Todavía no se entiende por qué la detuvieron y la encerraron, por qué la asesinaron, cuál fue la dinámica. Hay enormes vacíos.
Tampoco entendemos por qué, desde un inicio, la familia de Keyla fue custodiada y sigue sufriendo intimidaciones, amenazas y acoso”, denunció Oliva.
Actualmente, varios familiares de la joven tuvieron que abandonar el país. Otros permanecen en Honduras donde sufren vigilancia y hostigamiento sistemático.
“Hay como un plan macabro para atemorizar y paralizar tanto a la familia como a las organizaciones que están acompañando el caso.
Sabemos que no va a ser fácil garantizar justicia para Keyla. Por eso hoy, tanto en Honduras como en otros países, se están organizando acciones para que no prevalezcan impunidad y olvido”, manifestó Oliva.
¡Castigo a los culpables!
Las organizaciones aliadas exigieron, no solamente la condena de Perdomo Sarmiento, sino que se investiguen todos los policías asignados a la UDEP 10 la noche en que Keyla fue asesinada, incluyendo a los dos agentes que fueron suspendidos.
Norma Rodríguez, madre de Keyla, participó virtualmente desde el país donde se encuentra y aseguró estar dispuesta a continuar la lucha.
“Han sido seis meses de impunidad y persecución constante a mi familia. Vamos a continuar luchando, para lograr una investigación imparcial, pronta y absoluta.
Ya basta de manipulación y acoso. Ya basta de pretender ocultar la verdad. Exigimos que se castiguen a todas las personas involucradas y que les caiga todo el peso de ley”, aseveró.
Finalmente, Bertha Oliva hizo un llamado a las organizaciones aliadas para que sigan colocando el caso de Keyla entre sus prioridades, para que hechos tan brutales no se repitan nunca jamás.
