Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional para expresar nuestra preocupación e indignación por el reciente fallo condenatorio pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes universitarios
Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.
Los hechos por los cuales se emitió este fallo de culpabilidad demuestran el afán de las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Julieta Castellanos, de criminalizar la protesta social y de impedir o limitar el desarrollo de la organización estudiantil en la
UNAH. Persiguiendo con estas acciones cercenar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de las y los estudiantes.
Al producirse esta sentencia condenatoria en contra de los tres estudiantes, es claro que la Rectora incumple el acuerdo del 20 de julio de 2016, mediante el cual la UNAH asumía el compromiso de conciliar o desestimar las acciones penales en contra de las y los estudiantes
criminalizados. Evidenciando con este proceder la actitud confrontativa de las autoridades universitarias y el clima de restricción de derechos y libertades que se vive en la máxima casa de estudios superiores.
En este contexto, nos sorprende que las autoridades de la UNAH hayan divulgado el día de ayer en horas de la tarde un comunicado en el cual, con argumentos de supuesto cumplimiento de la legalidad pretenden justificar el marcado interés que han demostrado en la persecución penal de los tres estudiantes enjuiciados y condenados; y en el cual expresan
graves e infundados señalamientos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.
Reconocemos el meritorio papel que la OACNUDH desempeñó en la crisis institucional del 2016, y condenamos que las autoridades universitarias cuestionen la comprensión de los hechos y la utilización del concepto de protesta social de conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que utiliza la Oficina del Alto Comisionado, llegando al extremo de expresar que este proceder de la OACNUDH “puede conducir a hacer apología a la violencia…”; demostrando con este discurso un tratamiento agresivo e irrespetuoso de las relaciones con los organismos internacionales, y el sesgo
antidemocrático que les caracteriza cuando se cuestionan sus actuaciones.
Hemos sido observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las autoridades de la máxima casa de estudios, ante esto advertimos que sus acciones pueden derivar en procesos legales en su contra, los cuales interpondremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales.
Nos mantenemos vigilantes ante la criminalización que también están sufriendo los veinte estudiantes universitarios(as), acusados por el supuesto delito de daños y estamos convencidos que este y los otros procesos penales y disciplinarios en contra de estudiantes, lo que evidencian es la incapacidad de las autoridades de la UNAH para solucionar los conflictos a través de un diálogo permanente y democrático con todas las y los actores involucrados.
Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica, y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil.
Reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desempeña la Oficina del Alto Comisionado en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.
Asimismo, respaldamos la valiente lucha que libran los y las estudiantes en la UNAH, y continuaremos dando nuestro apoyo y acompañamiento como organizaciones defensoras de derechos humanos.
Tegucigalpa, M.D.C., 9 de junio 2017
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD
ARTICULACION 611
