Tegucigalpa M.D.C.
La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-Participa presentó un informe con el título “Violencia Contra el Movimiento Estudiantil, un año de impunidad”, en el marco de las protestas contra la extensión de la jornada educativa, durante los meses de marzo y abril del 2015.
El evento se realizó en el emblemático instituto “Central Vicente Cáceres” y alumnos de la Normal Mixta “Pedro Nufio”, Hedme Castro subdirectora de la organización explicó que el motivo por el cual la socialización de la investigación se hacía en este colegio fue en honor a Soad Nicol Ham de trece años estudiante de dicho centro educativo, raptada y asesinada después de una protesta.
El informe procura ofrecer un panorama amplio sobre la situación que enfrentó el movimiento estudiantil de secundaria en el Distrito Central, pretende sensibilizar a funcionarios a cargo de instituciones relacionadas con el acceso a la justicia; Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Poder Judicial y Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización, acerca de su responsabilidad y deuda histórica que tienen con las víctimas.
En las protestas de esos meses participaron personas menores 18 años, las medidas adoptadas por la Secretaria de Educación desencadenaron la reacción de los jóvenes, la respuesta de las autoridades era el envió de miembros de la Policía Nacional y Policía Militar para reprimir a las y los jóvenes.
Contraviniendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el articulo 3 cita: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
El motivo por el cual los educandos protestaban era que el Secretario de Educación Marlon Escoto anunció que se moverían los horarios de clases, lo que implicaba que los niños de la jornada de la mañana debían salir de sus casas en horas muy tempranas de la mañana y los de la tarde saldrían de sus centros educativos al caer la noche; el argumento de los jóvenes fue la inseguridad ciudadana que impera en el país y el peligro que correrían con estos horarios.
Método
Jorge Hernández, uno de los investigadores indicó que la investigación se formuló y desarrollo desde el enfoque cualitativo, se utilizaron técnicas de recolección de datos visitando varios colegios de la capital, con el fin de conocer la situación específica que enfrentó la comunidad educativa.
Previo a la recolección, la identificación de personas, instituciones gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil que tienen relación con el fenómeno que se investigó.
Origen de la protesta
El Reglamento General del Estatuto del Docente hondureño establece en su artículo 81 que las horas clase debe tener una duración de 45 minutos, lo mismo está establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Carrera Docente.
Pero con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, la Secretaria de Educación emitió un oficio donde se instaba a extender la duración de las jornadas de clase, esta situación generó una tensión entre estudiantes, padres de familia y autoridades educativas.
Peticiones estudiantiles
Los más afectados fueron los estudiantes de las jornadas vespertinas y nocturnas, quienes se manifestaron de manera inmediata por la preocupación por la inseguridad que se vive en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El informe indicó que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, entre enero a mayo del 2015 hubo un total de 15,787 personas asesinadas.
A criterio de la investigación de la muestra (estudiantes, docentes, autoridades, autoridades de centros educativos, la Secretaria tenía que analizar la viabilidad de su cumplimiento mediante pruebas para poder visualizarlos diferentes escenarios y contrastarlos con la realidad nacional.
Respuesta autoridades
El 16 de marzo del mismo año mediante un comunicado que emitió la Secretaria de Educación a que presentaran sus propuestas por escrito para entender la extensión de las jornadas de clases. Una de las salidas es que hubiera clases los sábados, la dificultad es que unos trabajaban los fines de semana y otros se trasladaban a su lugar de origen.
Mientras el ministro de educación Marlon Escoto obligó a los directores y directoras a levantar listados de alumnos que abandonaron las aulas de clases para protagonizar protestas y disturbios.
Violación a derechos humanos
Se dieron grandes violaciones a los derechos humanos de las y los estudiantes de secundaria entre ellos el derecho a la protesta, libertad de expresión y el de petición.
Por un lado la limitación de las autoridades de la Secretaria de Educación y por otro el uso desmedido de la fuerza de los uniformados de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público PMOP.
Docentes en distintos colegios afirmaron que funcionarios de la Secretaria se hicieron presentes en los distintos centros educativos para exigirles que levantaran listados de los que participaron en manifestaciones, los directores no solo dieron nombres sino que procedieron a la expulsión de alumnos (Escuela Normal Mixta y José Pineda Gómez); a dos directores los suspendieron temporalmente de sus puestos por no obedecer la orden de exponer a sus estudiantes. ACI-PARTICIPA se hizo cargo de la representación legal de los expulsados.
Represiones
Las represiones por parte de los uniformados al servicio del gobierno de Juan Orlando Hernández generaron violaciones a los derechos de las y los estudiantes que participaron en las protesta.
A la estudiante Maira Martínez pretendían expulsarla, pero le arrancaron el compromiso de no volver a participar en protestas, solamente le hicieron un llamado de atención, aun así perdió el años escolar.
Asimismo, cuatro educandos de la Escuela Normal mixta fueron expulsados por ocho días, los afectados aseguraron que el director Ángel Fugon ejecutó la acción en semana de exámenes.
El día siguiente a las expulsiones, un abogado de ACI-PARTICIPA interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia, ordenando la incorporación de los estudiantes.
La Constitución de la Republica en su artículo 68 cita: “Toda persona tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En alusión a esta garantía constitucional el 16 de marzo la Policía Militar y Policía Nacional ejecutaron un desalojo con uso excesivo de la fuerza en el cual fueron hospitalizados siete estudiantes cuatro (15 años), uno (17), 1(16) y 1(21) todos ellos con golpes, esguinces y problemas respiratorios por los gases lacrimógenos.
En consecuencia el artículo 65 constitucional cita: “El derecho a la vida es inviolable”, en el mismo desalojo dos jóvenes de 18 años de edad ingresaron al hospital con heridas de bala.
El 24 de marzo en horas de la noche asesinaron a tres estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz (Elvin Antonio López, Darwin José Martínez y Diana Yareli Montoya).
“Puta, hey, puta, ni sillas tenemos. Compren sillas, viejo hijuelagranputa” fueron las palabras que expresó en su indignación Soad Nicole Ham (13 años), fue raptada y asesinada, apareció dentro de un costal el mismo día que mataron a los otros tres estudiantes. Su cuerpo presentaba signos de tortura, sus pies y manos estaban atados, sectores indignados de la población y organizaciones de derechos humanos vincularon el horrendo asesinato con la represión desplegada por entes del Estado.
Igualmente el 25 de marzo en la manifestación frente a la UNAH fue brutalmente reprimida en donde detuvieron a 11 estudiantes del “Movimiento Estudiantil Normalista Morazánista (FERNO) y de la Normal Mixta Pedro Nufio, los transportaron a la Posta Policial de la Kennedy, después de unas horas los entregaron a sus padres, madres o tutores.
El coordinador del FERNO denunció que el mismo director Luis Fugon solicitó a la Policía Nacional que ejecutara el desalojo, esto fue el 08 de abril, a raíz de eso se saltaron los muros y al menos a 5 estudiantes los uniformados les propinaron golpes con toletes.
Agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a bordo de patrullas se enfrentaron a los estudiantes, lanzando una cantidad excesiva de bombas lacrimógenas, resultaron intoxicados varios niños, maestros y personal de mantenimiento de la Escuela Roberto Sosa (cercana a la cámara de gas) hecho sucedido el 13 de abril.
Nuevamente un abogado de ACI-PARTICIPA acompañó a los jóvenes detenidos a las audiencias, esta vez el profesional del derecho fue sometido a vigilancia, hostigamiento y amenazas a muerte por desconocidos con características militares y fuertemente armados, le dieron un ultimátum de 24 horas para salir del país, obligándolo a emigrar temporalmente.
