Por:Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Entre las observaciones que hizo el relator Michel Forst, fue las largas distancias que defensores y defensoras de Derechos Humanos recorrieron para asistir a la cita prevista con él, en su gira a Honduras, “me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país”.
La visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos era esperada por las personas que defienden derechos humanos en uno de los países más violadores de los mismos, y dónde no son escuchadas ni atendidas sus denuncias, al contrario son se les criminaliza por sus acciones.
La llegada del relator de la ONU inició el 30 de abril y finalizó este día 12 de mayo, tiempo que le permitió escuchar diversos testimonios de víctimas pertenecientes a grupos diversos y también tuvo reuniones con representantes del Estado dirigido ilegalmente por Juan Orlando Hernández, y operadores de justicia.
Su agenda se desarrolló en las ciudades de Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. Al menos 400 defensores y defensoras de derechos humanos participaron en las reuniones que contaron también con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OCNUDH).
Forst expuso que el objetivo de su visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Supo de casos de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas.
Después de examinar detenidamente toda la información recibida llegó a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
“Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia”, detalló el experto.
Lo que aumenta ese riesgo es la estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, que los desempodera a través de campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. –Cabe señalar que este informe se da en el marco de un proceso de fraude post electoral y protestas sociales para denunciar la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández cuyo segundo periodo inició el 27 de enero, y por esas manifestaciones 22 personas fueron encarceladas, actualmente hay 10 en centros penales de máxima seguridad y 12 defendiéndose en libertad desde hace unos días-.
El Relator afirmó escuchar testimonios creíbles de defensores y defensoras que fueron amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. Y testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.
Recomendó al gobierno la ratificación de instrumentos que proporcionen a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.
Así mismo que reactive este proceso de diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Basándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas y tribales.
Consideró preocupante la práctica generalizada de criminalización de defensores y defensoras en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión, por las que pueden ser objeto de acusaciones penales.
-Para este día se suspendió una vez más la audiencia donde defensores, defensoras y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunciaron ataques y torturas contra tres altos oficiales de la Policía Nacional, hecho ocurrido el 08 de septiembre, en el marco de una huelga en defensa de la educación pública-, estaba presente en la conferencia de prensa de esta mañana el defensor Carlos del Cid y la defensora Hedme Castro, quienes expresaron a www.defensoresenlinea.com no sentirse identificados en el informe preliminar de Forst.
“Recomiendo que se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos”, expresó tras dar una gama de criminalizaciones que van desde la estigmatización, multas económicas, querellas hasta cárcel.
Continúa asesinato de defensores y defensoras: Berta Cáceres
Lamentó que, si bien hay reducción de los homicidios, esta no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años. -Uno de los crímenes más emblemáticos y que sigue en la impunidad, pese a que hay nueve personas detenidas, sin capturar a los autores intelectuales, refiere a Berta Cáceres Flores, defensora planetaria y lideresa indígena lenca el 02 de marzo del 2016-.
Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto, expresó el Relator.
Elogió que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), iniciará la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca, caso que Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas. Forst considera importante esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.
“Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos”, detalla el informe.
Elección del Fiscal General y Adjunto
En cuanto al actual proceso de selección y elección del Fiscal General del Ministerio Público, según Forst, es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Por lo que, “Insto a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular”.
En marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, dice el informe, que además recomienda a las autoridades competentes a que aceleren el proceso de creación y puesta en marcha de esta institución “y pido la estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y amenazas”.
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos.
No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.
Defensores y defensoras merecen prioridad
Recomendó también al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto, con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En cuanto a la aplicación de la Ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo, expresó que su adopción representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos.
Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia.
En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.).
Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación. Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
“Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos”.
El relator Michel Forst, finalizó diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional.
“Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo”.
Recordando que no es un funcionario de las Naciones Unidas y que su cargo es honorario, como experto independiente, ejerce su juicio profesional e imparcial e informa directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.
En estos términos formuló las observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe final presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en marzo de 2019.
