Por Marpa.
Tegucigalpa.- Estamos en un momento de la historia de Honduras, más crítico que se registra. El tema aquí es qué debemos hacer las y los hondureños que le apostamos a fortalecer el estado de derecho, pero más que el estado de derecho; a defender y proteger la vida.
Así reaccionó la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, tras conocer que el Congreso Nacional derogó el artículo 153 del nuevo código, que contempla sanciones penales a funcionarios y militares de alto rango que se vean involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Con esto se oficializa lo que siempre hemos estado viviendo y ahí sí, no hay nada que podamos hacer con el proceso de documentar para colocar las denuncias ante las instituciones del estado y ante las instancias internacionales, porque van a decir que están bajo el marco de la legalidad de ese estado que ellos han fabricado para revestirse de impunidad en todos los hechos.
“No podemos decir que estamos fracasadas o fracasados como defensores o como defensoras, porque tenemos mayor conciencia, pero sí que estamos ante un inminente riesgo y debilitamiento del país como nunca antes registrado en la historia de Honduras en los últimos 40 años, sólo cuando Carías”.
Con la derogación del artículo 153 del nuevo código penal lo que están oficializando es lo que nunca han querido resolver, porque los problemas de Honduras son el tema de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, sostuvo la coordinadora del COFADEH.
Esos son los 3 ejes centrales que tiene el estado de Honduras en la crisis que hay. “Y lógicamente cuando hablamos de impunidad, hablamos de lo que pasó en los 80´s, con los crímenes de lesa humanidad no resueltos y en este momento en lo que nos hace pensar es que volvimos al ´cariísmo´, que era cuando había la brutalidad y donde la gente tenía que huir a las montañas o la gente que podía, emigraba”.
El General Tiburcio Carías Andino gobernó con mano de hierro la nación hondureña de 1933 a 1949. Durante su mandato aplicó a sus opositores políticos, “el encierro, el entierro o el destierro”.
Lo que se ha visto en el Congreso Nacional es, que lo que se hacen son actos mafiosos cometidos desde las instituciones del estado y claro que quienes las hacen son mafiosos, dijo Oliva.
Oliva aseguró que después del golpe de estado de 2009, Honduras no ha retornado a la legalidad del estado y por tanto con la derogación del artículo 153 del nuevo código penal, estamos bajo el “cariísmo y pinochetismo”.
El diputado del Partido de Innovación y Unidad Nacional (PINU), por el departamento de Cortés, Luis Redondo, denunció el jueves 7 de noviembre que el Congreso Nacional derogó el artículo 153 del Código Penal que establecía responsabilidades penales a funcionarios, jerarcas y comandantes militares que estuvieran involucrados por delitos considerados como crímenes de lesa humanidad.
El congresista de oposición informó que el 5 de noviembre se realizó una sesión legislativa, en la que se tenía como propósito derogar algunos artículos del Decreto 130-2017 (Nuevo Código Penal) específicamente los delitos que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas; acción que, de acuerdo con el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, no es procedente, puesto que únicamente puede ser objeto de reforma o derogación la ley vigente y en el caso que nos ocupa, aún no ha entrado en vigencia.
Redondo indicó que en el dictamen para derogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se agregó de manera mal intencionada la derogación del artículo 153 del nuevo código penal, en donde se deduce responsabilidad penal hacia la autoridad o jefes militares que cometan crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra.
“Quiero denunciar públicamente ante el pueblo de Honduras y ante la comunidad internacional dentro y fuera del país, que todas las acciones realizadas, tienen como único objetivo blindar a los militares y funcionarios sobre los crímenes que continuarán cometiendo en contra de los hondureños”, manifestó el diputado.
Redondo instó al pueblo a pronunciarse en contra de esta nueva acción cometida por el régimen de Juan Orlando Hernández, que dentro de sus aspiraciones está el continuismo, para evitar que la justicia internacional llegue a ellos, ante las vinculaciones de narcotráfico que han sido reveladas en las últimas semanas.
El artículo 153 que está contenido en el capítulo V del nuevo Código Penal relativo a disposiciones comunes a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra, contempla sanciones penales a “jefes militares y otros superiores” que sean encontrados responsables en graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
El artículo que fue derogado de acuerdo con la denuncia del diputado Luis Redondo, señala en uno de sus párrafos que “…la autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptare las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I,II y III del presente título, cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, deben ser castigados con las penas reducidas en un tercio (1/3) a las previstas para los autores…”
