Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- El estado de Honduras a través del Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas. Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, ha negado la solicitud de protección personal a través de escoltas, al regidor del municipio de Marcala, departamento de La Paz, Marlon Calles.
Dada la situación de riesgo en que se encuentra el edil marcalino, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) demandó del Sistema de Protección, medidas más extremas para proteger la vida de Marlon Calles, quien ha recibido amenazas a muerte, intimidaciones y seguimientos, por sus denuncias planteadas al interior de la corporación municipal de Marcala, relacionadas a la tala inmisericorde del bosque que se ejecuta en la reserva ecológica El Jilguero, así como de otras situaciones que afectan a su comunidad.
Las ejecutorias desarrolladas por Marlon Calles como representante del pueblo marcalino lo convierten en un defensor de los derechos humanos al demandar la conservación de los bienes comunes de la naturaleza, y como tal, enfrenta riesgos que de acuerdo a las denuncias planteadas ante el COFADEH, requieren la atención inmediata del estado.
En tal sentido, Calles requiere de protección específica y reforzada a través de escoltas personales. El Área de Acceso a Justicia del COFADEH considera que el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, no valoró en forma adecuada el riesgo que enfrenta su representado.
Calles es regidor por la Alianza-PINU de la Corporación Municipal de Marcala, departamento de La Paz. El pasado 15 de enero, presentó en sesión de corporación, una moción encaminada a exhortar a la Fiscalía General de la República; al instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y a la Fiscalía del Ambiente, para que inicien una pronta investigación relacionada a la deforestación que se está ejecutando en contra de los recursos madereros de la Reserva El Jilguero.
El Jilguero es una zona de reserva de agua y de biodiversidad que se encuentra entre los municipios de Marcala, Chinacla y Opatoro, con una extensión de 47 mil hectáreas, de las cuales, 5 mil componen la zona núcleo.
La moción expuesta por Calles, fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal de Marcala. El acuerdo ya fue remitido a las instituciones mencionadas para que de manera inmediata, investiguen qué empresa o qué personas están involucradas en la deforestación de la Reserva El Jilguero.
A partir de ahí, reveló el regidor, es que se han reanudado los mensajes amenazantes, los seguimientos y las situaciones de violencia que podrían poner en riesgo su integridad física y la de su familia.
El pasado 20 de enero, alrededor de las 9:00 de la mañana, Calles recibió una llamada al teléfono fijo de su casa, en la que un hombre, al que no le identificó la voz, le decía que era una llamada de advertencia, que dejara de tocar el tema de la deforestación.
Luego, el 21 de enero, a las 8:00 de la mañana, recibió nuevamente una llamada al teléfono fijo, en la cual la voz de un hombre le dijo: “Ya tenemos la dirección de tu madre, así que calláte”.
Ese mismo día, a las 4:07 de la tarde, recibió un mensaje de texto de un celular, cuyo número, ya tiene conocimiento la fiscalía, en el cual se lee: “Ya dejá de denunciar y subir fotos de la tala de la madera, nos estás afectando el negocio y hay gente enojada; te estamos avisando con tiempo”.
El regidor recibió otra llamada a su teléfono fijo el 22 de enero a las 8:50 am, en la que le decían que no pusiera la denuncia, que le están siguiendo los pasos a los distintos lugares a donde se dirige, y que la llamada solo era una advertencia de lo que viene.
Según el informe de Global Witness titulado: “Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, desde 2010 al 2016 más de 120 personas han sido asesinadas por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente. “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”, detalla el informe.
Por otro lado, en los últimos años, 20 defensores y defensoras de derechos humanos que contaban con medidas cautelares de Protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron asesinados. En estos casos, el estado no aplicó medidas efectivas para garantizar la vida e integridad física de los defensores que estaban bajo amenazas.
Desde el año 2018, el COFADEH conoció sobre una serie de intimidaciones, amenazas y seguimientos, de los que está siendo víctima el regidor Calles y ha realizado varias diligencias, tanto en el Ministerio Público (MP) como en el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el fin de reducir el riesgo que corre el edil.
Si bien, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad, para brindar protección al denunciante, la misma sólo se aplica a las actividades que como representante del pueblo, realiza Calles en la Corporación Municipal de Marcala.
Pese a todo esto, “Calles no disfruta de un entorno seguro y sigue siendo objeto de amenazas y actos de violencia como consecuencia de sus actividades. Más grave aún, es que las amenazas denunciadas; no han sido investigadas. Las denuncias no han sido tomadas en serio, las amenazas contra él se infravaloran y existe una falta de voluntad para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las mismas”, establece uno de los párrafos de la misiva enviada por el COFADEH el 4 de marzo de este año al director general del Sistema Nacional de Protección, Danilo Morales.
La actual situación que enfrenta Calles, demanda del “Mecanismo de Protección”, un análisis de riesgo mucho más profundo que permita la protección del regidor y su señora madre.
