Hoy venimos a esta plaza, como cada primer viernes de mes, a recordar los hechos, demandar justicia y a denunciar.
Estamos aquí para repetirle al mundo que agentes de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina desaparecieron en Honduras a más de 180 personas opositoras políticas entre 1979 y 1989.
Venimos para precisar que la semana pasada en Ginebra documentamos ante la ONU que ese capítulo de barbarie no ha sido sancionado como debía y que, por tanto, nuevos hechos han ocurrido a partir del golpe de Estado de 2009 amparados en la impunidad.
Los viejos patrones de la desaparición forzada, actualizados al «modelo colombiano» que avanza a convertirse en el «Jerusalem latinoamericano» como portaviones de la OTAN, nos amenaza seriamente.
Uno de esos múltiples nuevos casos documentados es el de Donatilo Jiménez Euceda, líder sindical del CURLA, desaparecido en La Ceiba el 08 de abril del 2015, cuya esposa y hermana irónicamente este viernes deben defenderse en audiencia pública por acusaciones de las autoridades universitarias que tienen la responsabilidad de esclarecer el hecho.
Sonia Martínez y Jaqueline Jiménez pidieron en 2015 a Gioconda Lee Tugnon, jefe de Recursos Humanos y al jefe de seguridad, Manuel Antúnez, que aportaran información sobre la desaparición de Donatilo, pero ambos se ofendieron por las preguntas públicas llenas de dolor y ansiedad por la verdad. Y fueron a tribunales disfrazados de víctimas a demandar disculpas de las verdaderas víctimas.
En este contexto de injusticia e impunidad el Cofadeh reafirma que NO se trata de actores paralelos al Estado violando libertades individuales y garantías constitucionales de sus semejantes; se trata de agentes policiales, militares y paramilitares del Estado actuando desde las instituciones públicas que sobreviven a este desastre del Estado de Derecho capturado por los narco-corruptos.
Es decir, ese discurso del régimen impostor de la dictadura actual tendiente a derivar la responsabilidad a las maras 13 y 18 para violar derechos, es sólo un ardid para criminalizar a las organizaciones sociales no gubernamentales que documentamos, denunciamos y litigamos las violaciones cometidas por los golpistas responsables del fraude electoral.
Frente a esa manipulación, también, es oportuno subrayar en esta plaza que el Estado de Honduras se encuentra intervenido desde 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente debido a su conducta reprochable, inadmisible y criminal en materia de respeto a los derechos de la población general.
Está intervenido, igualmente, por la MACCIH-OEA debido a la conducta corrupta de la elite liberal-nacionalista en alianza perversa con sectores privados locales y transnacionales protegidos por las fuerzas armadas.
Y, obviamente, está intervenido por la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, por el tráfico de drogas que sustenta la economía estadounidense pero que pone en riesgo su seguridad interior.
Entonces, estamos aquí para decirle a estos remedos de funcionarios públicos que se hacen los ofendidos ante las eventuales acusaciones penales extra-nacionales que dejen a un lado su cinismo. El país está intervenido precisamente por canallas como ustedes que irrespetan la nación con sus conductas delictivas.
De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., Viernes 1 de junio de 2018.
