Tegucigalpa, Honduras. – Con 115 días recluido en una cárcel de máxima seguridad, sin visita de sus familiares, atención médica debida, agua potable, ni la luz del sol, es la situación del defensor de derechos humanos y ahora preso político Edwin Rovelo Espinal.
Los muros de la cárcel conocida como “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, donde la temperatura del sol supera los 30 grados centígrados, se han convertido en una barrera impenetrable para la justicia.
Edwin Espinal es un defensor de derechos humanos que desde el 2010 ha gozado de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su situación de vulnerabilidad al ser parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en el marco del golpe de Estado del 2009.
El juez Claudio Aguilar, quien conoce el caso, envió a prisión a Espinal el pasado 20 de enero mediante una resolución no apegada a derecho en virtud de que el Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Carlos Elvir, no pudo acreditar ni el mínimo indicio racional de participación en el delito que se le acusa.
Edwin fue capturado la noche del viernes 19 de enero en Tegucigalpa, bajo los cargos de daño agravado, incendio agravado y portación de material de fabricación cacera. El 23 de enero en la audiencia de presentación de imputado se le sobreseyó de manera provisional por la ampliación al delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Desde entonces está en La Tolva, donde la tortura no sólo es física, también es psicológica. “Ya viene tu compañero de Costa Rica” le decían los guardias penitenciarios, refiriéndose a la supuesta extradición del líder estudiantil y entonces preso políticos en Costa Rica, Eduardo Urbina.
Mientras a Espinal lo acusan de incendiar el hotel Marriot, durante una manifestación contra el fraude electoral el 12 de enero en Tegucigalpa; a Urbina lo responsabilizan de quemar un camión militar en una protesta contra la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández el 15 de diciembre del 2017.
Para esa fecha el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), había sacado a Eduardo Urbina del país, temiendo por su vida. Desde el 11 de diciembre radicaba en Costa Rica, donde ahora tiene estatus de refugiado político, pero aquí, el Ministerio Público no desiste de las falsas acusaciones.
Mañana miércoles se realizará una audiencia de revisión de medidas, donde las apoderadas legales del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas y Dora Oliva solicitaran el cambio de estas, a la espera que sea una jornada objetiva de parte de los operadores de justicia, y que el defensor de derechos se pueda defender en libertad.
La audiencia será en el Fuerte General “Cabañas”, del cuartel general del Ejército en la aldea Las Tapias, al Este de Tegucigalpa, donde el juez de jurisdicción nacional, Claudio Aguilar determinará el destino de Espinal.
De los 22 presos políticos y una presa política, nueve han quedado en libertad con medidas sustitutivas a la prisión, incluyendo a Lourdes Gómez, única mujer encarcelada por defender la patria.
Quedan trece presos políticos en los centros penales de “El Pozo”, Ilama Santa Bárbara: El Progreso, Yoro; y en “La Tolva”, entre ellos Edwin Rovelo Espinal.
“Saber de su solidaridad me da esperanza. Mi lucha no se trata sólo de mi caso personal, sino también de los demás presos políticos y de la situación en mi país. ¡Gracias por su solidaridad!”
Edwin Espinal, preso político en La Tolva, Morocelí, El Paraíso.
