Tegucigalpa.- Tras no lograrse consensos en el Congreso Nacional para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo que ha quedado evidenciado que grupos criminales, como se les ha denominado en una Corte de Nueva York, están conspirando para negar la justicia al pueblo hondureño.
Cabe recordar que fue el juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de New York, (quien condenó a cadena perpetua por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández en marzo de 2021), el que señaló al partido Nacional como una organización criminal narcotraficante.
“Nosotras de alguna manera pensábamos que en esta hora íbamos a estar dando la buena nueva al pueblo hondureño de que ya se tenía una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que de alguna manera el pueblo estuviese respirando nuevos cambios”, expresó Oliva durante su comparecencia al programa radial Voces contra el Olvido, en la emisión del sábado 11 de febrero de 2023.
Desafortunadamente por lo que se dio a conocer hoy, eso no fue posible, así que es muy fuerte todo lo que pasa, porque entiendo que tanto el pueblo hondureño y el gobierno, han sido bastante complacientes, sostuvo.
“Desde este espacio condenamos enérgicamente la conspiración contra los intereses más sagrados de las grandes mayorías de la población que hoy se ha ratificado en el Congreso Nacional”, subrayó la defensora de los derechos humanos.
Bertha Oliva indicó que han quedado claramente evidenciados estos grupos, como se les ha llamado desde New York como “grupos criminales”, para entorpecer y para manosear como lo han hecho en estos últimos 12 años para negar la justicia y continuar viviendo en la impunidad absoluta y la corrupción.
Oliva resaltó que se ha hecho un esfuerzo para recordarle al pueblo en el editorial del COFADEH, titulado “Dolores de Parto” y divulgado en el programa de radio, el caso de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron destituidos en 2012 de forma arbitraria e ilegal por el ex presidente de la República Porfirio Lobo y por Juan Orlando Hernández, mientras fungió como presidente del Congreso Nacional.
Los magistrados destituidos fueron: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Su caso fue conocido recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que dictará sentencia en los próximos meses.
Este caso sirve para que tenga claro la comunidad internacional que los que hoy en el Congreso Nacional están diciendo que hay que respetar la ley, fueron los mismos que violentaron la Constitución de la República, cada vez y en cada momento que se les antojaba y que una de esas se concretizó con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que al haber sido negado su reintegro, fueron además perseguidos y amenazados, detalló.
“Hoy con el cinismo mayor se venden como los únicos preocupados porque en el país se respete la ley y la democracia. Qué barbaridad, cómo juegan con la inteligencia y con la memoria del pueblo, cómo juegan con las víctimas y cómo manipulan”, exclamó Oliva.
Lo que quedó claro hoy, es que no hay ningún escrúpulo, con tal de continuar controlando el poder que determina y que garantiza a un estado que avanza en democracia y respeto a los derechos humanos.
El tercer intento por alcanzar consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional fracasó nuevamente el sábado 11 de febrero de 2023.
En la sesión del viernes 10 de febrero, y tras fracasar la elección, el presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, expuso de manera jurídica que el período de 7 años de la actual Corte finalizaría el sábado 11 de febrero a las 12:00 de la noche, y que por lo tanto, los magistrados y magistradas estarían de facto y sus acciones serían nulas.
Redondo dijo que los diputados y diputadas estarán sesionando hasta que se alcance los acuerdos necesarios, “porque no vamos a permitir una ruptura del orden constitucional”.
El partido Libertad y Refundación (LIBRE) presentó la moción nominativa con una lista de 15 candidatos y candidatas compuesta de la siguiente manera: Rebeca Lizeth Obando, Gaudy Bustillo Martínez, Wagner Vallecillo Pérez, Sonia Marlina Dubon, Anny Belinda Ochoa, Odalys Najera, Rubenia Galeano, Isabela Bustillo, Martha Delia Conde, Roy Pineda Castro, Walter Raúl Miranda, Milton Danilo Jiménez, Mario Rolando Díaz, Luis Fernando Díaz y Francisca Zavala.
Por su parte el partido Nacional propuso en su lista a Ana Pineda Hernandez, Gaudy Bustillo, Wagner Vallecillo, Sonia Dubon Villeda, Anny Ochoa, Odalys Nájera, Rubenia Galeano, Daniel Hueso, Isabella Bustillo, Roy Pineda Castro, Walter Miranda, Milton Danilo Jiménez, José Pineda, Luis Padilla, Francisca Villeda.
Este sábado se conoció que hay consenso en al menos 12 candidatos y candidatas que aparecen en las mociones nominativas, por lo que la elección de la nueva Corte Suprema podría estar muy cerca de llevarse a cabo.
Cabe resaltar que el partido Salvador de Honduras (PSH) fue enfático al expresar que el tiempo para las nominaciones expiró y que lo que corresponde ahora es ejercer el voto individual sobre cada uno de los candidatos y candidatas al máximo tribunal de justicia, hasta conformar los 15 togados y togadas que integran la Corte Suprema.
El artículo 311 constitucional señala que presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las (2/3) dos terceras partes.
En su editorial titulado “Dolores de Parto” y emitido el sábado 11 de febrero en el programa Voces contra el Olvido, que se transmite todos los sábados por Radio Globo, el COFADEH señaló que: “…Un día más en sus cargos bajo la conducción de Argueta, todos y todas esas muchachas entrarían en responsabilidad administrativa, civil, penal y criminal. Así ha quedado advertido desde la noche del viernes anterior. ¡Siete años, punto!
“…Si vamos sobre el calendario de 2023 vemos que, del 25 de enero a la fecha, el partido que tiene el monopolio de la negociación, el nacional, ha demandado sólo cosas imposibles a cambio de elegir las nuevas autoridades judiciales: agregar seis magistrados suplentes, repartirse con anticipación las cortes seccionales y el Ministerio Público…”
“….Y la última de esas imposibilidades barajadas bajo la manga azul es prolongar de hecho el mandato de los 15 actuales magistrados, que en sentido lato representan el barrio de los hondureños delincuentes extraditados por Estados Unidos. Es decir, esa es la demanda implícita de rompimiento de facto del orden constitucional…”
Al no lograrse acuerdos, por la intransigencia del partido Nacional, el líder del partido LIBRE, Gilberto Ríos, dijo que con esto se grafica la fuerza de la oposición unida, para boicotear que el pueblo hondureño pueda contar con una nueva Corte Suprema, de lo que ha sido una Corte de injusticias en los últimos años desde la falsa constituyente de 1982 que fue un pacto de las élites que garantizó impunidad y la acumulación de toda la riqueza del pueblo trabajador.
“Estamos en labor y parto para llegar todavía a esa nueva Corte Suprema y va a doler y ojalá que no haya episodios de violencia. Ojalá que, aunque los debates sean lentos, se pueda llegar a consensos para la próxima semana”, anticipó Ríos.
Es importante la presión popular cívica, patriótica con un espíritu de hondureñas y hondureños que deseamos lo mejor para este país, sin las ganas de venir a confrontar a nadie, sino ser partícipes de este evento tan especial y tan importante para la historia de nuestro país, expresó el reconocido dirigente del partido LIBRE.
Gilberto Ríos enfatizó que “queremos una Corte que ya no persiga a los pobres, sino que sea una Corte que persiga a los grandes delincuentes de cuello blanco, especialmente a aquellos que se ligaron con el crimen y el narcotráfico y las redes de saqueo durante los 12 años de gobierno del partido Nacional y de Juan Orlando Hernández”.
