Es alarmante la falta de respuesta institucional ante violaciones a los derechos humanos en contexto post electoral

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Tegucigalpa, Honduras .-Un total de 59 agresiones a la libertad de expresión fueron contabilizadas durante la crisis post electoral, de acuerdo con un informe presentado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” elaborado por C-Libre destaca que, dentro de las agresiones ocurridas entre el 26 de noviembre al 26 de enero (de 2018), está la represión física para la disolución de la protesta social, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, así como la obstrucción de la labor informativa.

Durante el periodo de monitoreo que conllevó a estas agresiones, se constituyó desde C-Libre un Observatorio Electoral que registró 30 agresiones a periodistas y comunicadores sociales en el país.

Asimismo, este observatorio Electoral enlistó 164 protestas a nivel nacional, lo que trajo consigo 602 detenciones, incluyendo menores de edad.

En la misma línea, hubo 16 personas heridas con armas de fuego y 33 asesinatos, en claro uso desproporcionado de la fuerza, de acuerdo con datos presentados por la Coalición contra la Impunidad. En el conteo de víctimas mortales se registra dos policías preventivos.

El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” también denuncia como autores materiales de estas violaciones a derechos humanos la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Secretaria de Seguridad mediante la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

“Después de 60 días de crisis para los derechos humanos, es alarmante comprobar como la institucionalidad no responde o reacciona ante tantos atropellos a la vida y la dignidad de las personas que se manifiesta o expresan su oposición al fraude electoral”, cuestiona el informe presentado este martes.

Entre las recomendaciones que plantea el informe, se insta a la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, específicamente los 33 asesinatos de personas relacionadas con la crisis post electoral.

De igual forma, sancionar a los entes y/o personas que están vinculadas a las violaciones de derechos humanos, esto como una medida de “buena fe” por parte del Estado de Honduras, para visibilizar sus aportes en cuanto al respeto por los mismos.

Finalmente, C-Libre hace un llamado a la ciudadanía en general, a continuar el ejercicio de su derecho a la Libertad de Expresión, como un eje transversal para el desarrollo de los pueblos, investigación, opinión, consulta y difusión de información.