Tegucigalpa.- El viernes 4 de septiembre el joven Julio Andrés Pineda Díaz, fue encontrado sin Vida y con signos de tortura en la Comunidad de El Olvido en Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortés.
Julio, abogado de profesión, había desaparecido días atrás y su cuerpo fue encontrado asesinado y torturado en la comunidad antes mencionada.
El joven se desempeñaba como abogado de la oficina de Catastro en la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, y también era activista por La Paz, miembro de Mundo Sin Guerras y sin Violencia (MSGYSV).
Asimismo participó en un proceso de formación en derechos humanos para jóvenes que fue impartido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH.
El repudiable crimen se da en el marco de la suspensión de garantías constitucionales impuestas por el régimen como medida para prevenir el coronavirus, y a casi seis meses de estar en confinamiento para evitar la propagación del Covid-19.
Es repudiable, que a pesar del confinamiento y que el régimen mantenga en la calle a policías y militares, la ola de crímenes y masacres en el país en vez de disminuir con estas nuevas medidas y restricciones, más bien van en aumento.
Cabe mencionar que el crimen de Julio Pineda no es el único que se ha registrado en estas circunstancias, también están los casos de los defensores Marvin Damián Castro, asesinado el 13 de julio de 2020 en la zona sur del país, Scarleth Cambell, defensora de los derechos de la diversidad sexual y miembro del Grupo Muñecas de la Asociación Arcoíris, asesinada en Tegucigalpa en julio pasado.
Los defensores han sido objeto de la violencia que impera en el país durante el toque de queda y el régimen no se ha preocupado por prestarle la atención necesaria, ni a los defensores ni a la población, que pide que pare la violencia en Honduras.
