Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – Al “hasta ayer” director del departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, se le venía investigando por el delito de lavado de activos, cometido hace unos años en la zona sur del país, hoy martes, 31 de sus bienes fueron asegurados por el Misterio Público (MP).
Cabe señalar que, en el comunicado oficial el MP no menciona el nombre del Comisionado de Policía, pero si detalla en mensajes a través de redes sociales que se incautaron bienes de Mejía Tinoco, encargado de la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad.
Al consultar a la oficina de relaciones públicas de esa dependencia ubicada en la aldea El Ocotal, del Distrito Central, detallaron a defensoresenlinea.com que Mejía Tinoco ocupó su cargo “hasta ayer” y hoy que salió el comunicado del Ministerio Público, el comisionado ya no se presentó a su puesto de labores. Vale aclarar entonces, que no ha habido cambio de puesto o esté suspendido del mismo.
En cuanto a la situación actual de Mejía Tinoco, le corresponde informar a la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, por lo que se le consultó a uno de sus integrantes, Omar Rivera, quien manifestó que la llamada telefónica se escuchaba entrecortada. Se le envió un mensaje de texto preguntando por la situación actual respecto al cargo del director de la oficina de derechos humanos de la Secretaria de Seguridad, y se continúa a la espera de su respuesta.
Coincidencia o no en sus segundos apellidos, Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, calificó el comportamiento del comisionado Mejía Tinoco de la siguiente manera «su trabajo fue profesional y eficiente en casi 18 años de servicio dentro de la Policía Nacional» -nótese que lo hace en tiempo pasado-.
Con respecto a sus apellidos, se debería aclarar el parentesco o no de Julián Pacheco Tinoco y Lorgio Mejía Tinoco, y la defensa del primero sobre el manejo de la situación en la que se ve involucrado el encargado de derechos humanos de la Secretaria de Seguridad. Berta Oliva
Por las acusaciones y el cargo que desempeña Mejía Tinoco, es una mofa al Sistema Nacional de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, además demuestra y refleja el menosprecio que se tiene a los derechos humanos, declaró Berta Oliva, Coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Lo menos que se debería hacer -continuó la defensora- es ser rigurosos con el nombramiento de personas en cargos que tengan que ver con víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, eso hace que la gente se sienta más vulnerable ante el Sistema Nacional de Protección por el cuidado a los derechos humanos que brinda el Estado de Honduras, cada vez que se descubre una denuncia como esta.
Un hecho como este es imperdonable, porque entonces ¿Ante qué Ministerio de Seguridad estamos? Si él (Lorgio Mejía) o cualquier otro policía con vínculos de corrupción, crimen organizado o demás actos que infrinjan la ley, debería ser investigado por los más altos jerarcas, pero eso no sucede aquí.
Los organismos internacionales y los gobiernos que apoyan el tema de seguridad y defensa deberían de hacer reclamación sobre la burla e irrespeto del cual son objeto.
El sistema internacional de derechos humanos cómo los que denuncian ante el sistema de seguridad interna, deben sentirse burlados e irrespetados, por lo menos deberían de alzar su voz ante esa manipulación, de lo contrario seguirán aprobando proyectos y los resultados van a ser los mismos, expresó la defensora de ddhh.
Los señalados en actos ilícitos son los que dan monitoreo a los y las defensoras que solicitan medidas de protección, por lo que están en riesgo total. Con ésto sólo demuestra el riesgo total en que estamos los y las defensoras de derechos humanos, reiteró Oliva.
La oficina a cargo del Comisionado de Policía es la que debe implementar las medidas de protección interna y las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de aquellas personas que han solicitado las mismas.
“El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una operación este martes 9 de octubre, mediante la cual se ejecutan tres allanamientos y el aseguramiento de 31 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios a un alto oficial activo de la Policía Nacional y su núcleo familiar” detalló en el comunicado de prensa del MP.
El secretario de Seguridad de este gobierno ilegal que dirige Juan Orlando Hernández, expresó a medios de comunicación que no se debe especular sobre la información acerca las implicaciones de agentes policiales, sino que se debe esperar el informe que emita el Ministerio Público, pues el boletín de prensa no señala nombres.
Cargos: Desde agente de la escala básica, pasando como director del centro penal de San Pedro Sula, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco llegó a ser jefe departamental de esta institución en Choluteca. En mayo de 2016, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional lo ratificó en su puesto y en enero de 2018 el Congreso Nacional aprobó su ascenso a comisionado.
Por estas denuncias, un periodista fue llevado a los Tribunales de Justicia
Según el Ministerio Público entre los 31 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados destacan siete viviendas, cuatro vehículos y el congelamiento de veinte cuentas bancarias, por nexos del comisionado de policía (no menciona nombre) con el lavado de activos.
Tal acusación se deriva a que, de acuerdo con las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que es de cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21).
Dentro de este Requerimiento Fiscal figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación, establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH), detalla el comunicado.
Esta información no fue novedad para el periodista de Choluteca, Ariel D´Vicente, quien en el 2016 fue condenado a tres años de prisión, suspensión del ejercicio periodístico y penas accesorias por haber denunciado dichos actos de parte de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco.
En Comunicación con D´Vicente, afirmó que, si hay captura contra Mejía Tinoco, también debe ser contra operadores de justicia, ya que, cuando él denunció, el Tribunal de Sentencia de Choluteca lo que hizo fue proceder en su contra, querellándolo y privándolo de sus derechos, a tal grado que ni siquiera recibe sus tratamientos médicos en El Salvador y Nicaragua, porque no puede salir del país. Hoy nueve de octubre de 2018 debió además presentarse a los juzgados de la zona sur para firmar el libro de imputados.
El periodista esta acogida al Sistema Nscional de Protección, pero no aceptó la custodia policial ante la desconfianza que más bien ellos informan sobre todos los movimientos que realiza.
Foto: Delegación interinstitucional destacando la participación de la nueva secretaría de derechos humanos en la audiencia “Las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el contexto post electoral”, de la CIDH en Bogotá Colombia, febrero del 2018. A la derecha el Comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, como representante de DDHH de la Secretaría de Seguridad.
