Danlí, Honduras. – Los viajes en camión terminaron, las colectas para costear movilizaciones y demás gastos legales dieron su fruto. Este 12 de agosto seis campesinos criminalizados recibieron su carta de Libertad Definitiva, pese a una condena por el supuesto delito de “Usurpación” en la comunidad Rancho del Obispo, Yuscarán, cabecera departamental de El Paraíso.
Los “usurpadores” o “sospechosos” como los llamó Elki Gissela Alvarado Medina, fiscal del Ministerio Público en el juicio Oral y Público realizado en el 2016, donde fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso, hoy son libres tras una década de persecución por defender el derecho a la tierra para sus cultivos, como es la realidad de dos millones de personas de vocación campesina sin acceso a tierras en Honduras.
Por lo que la defensa legal interpuso un Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en mayo pasado manifestó que las tierras en litigio son de carácter ejidal por lo tanto le pertenecen al grupo campesino, en cuanto la acusación legal quedó sin valor y efecto, así mismo la sentencia condenatoria a cinco años de prisión con medidas sustitutivas a la prisión, fue anulada.
Entonces Raymundo Eguigure, Alex Fernando Flores, Antonio Obando, Felipe Eguigure, Randolfo Laínez y Francisco Suazo, podrán retomar sus actividades como miembros de la empresa asociativa campesina “Hermanos Unidos”, integrada por unas 80 familias en la aldea Rancho del Obispo, a unos 55 kilómetros de Tegucigalpa.
Estamos gozándonos por los seis compañeros criminalizados en el año 2012, y que por 11 años estuvieron firmando en los Tribunales como medida sustitutiva a la prisión debido a defender el derecho a la tenencia de la tierra, derecho a la vivienda y acceso a la movilización por caminos vecinales, declaró Patricia Eguigure, defensora de derechos humanos y lideresa comunal.
Los campesinos fueron criminalizados unos meses antes de que se formara la Red de Defensores/as y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, que coordina el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en ocho municipios del oriente, desde el 2012.
Randolfo Laínez, con su carta de libertad en mano, declaró a la Red de El Paraíso que “es una felicidad para mí junto a mi familia, son11 años sufriendo y ahora tenemos la carta de libertad y las tierras, desde que el abogado nos dio la buena noticia de este documento, me volvió la felicidad”.
Afirmó que en este largo e injusto proceso judicial siempre tuvieron el acompañamiento de las la lideresas campesinas Iris Patricia Eguigure y Ana Catalina Flores, en representación de la Red de defensoría del COFADEH, así como de otras organizaciones y personas que nos han apoyado la búsqueda de justicia.
El compañero Francisco Suazo Andino fue criminalizado cuando tenía 53 años, ahora recibe su carta de libertad al cumplir la condena establecida por el delito de usurpación supuestamente en perjuicio del terrateniente Ramón Rosa Montoya, a sus 62 años. Perdió valioso tiempo para cultivar la tierra en este “difícil este proceso”, declaró el padre de 12 hijos.
“Chico” como es conocido en la comunidad, ha compartido su testimonio de criminalizado en diferentes ámbitos donde le ha tocado asistir como defensor de la tierra y el territorio, específicamente con la Red de El Paraíso y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) a la que pertenece la base campesina ubicada en un predio de 32 manzanas de tierras que permanecían ociosas y es de carácter ejidal.
En el proceso de formación desde el COFADEH, Francisco Suazo ha compartido su experiencia con otras personas en diferentes municipios del departamento de El Paraíso, así mismo ha participado en talleres de formación e intercambio con otras redes de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional, que también acompaña esta organización.
Los condenaron por cultivar en “tierras sin cercos” en un asentamiento humanos donde existe un cementerio local desde hace más de 25 años, fue hasta después apareció un supuesto dueño, relatan los defensores.
Los seis campesinos debieron abandonar sus casas, ya que una de las medidas sustitutivas a prisión era no acercarse al predio en litigio.
