Por Marvin Palacios
Marcala, La Paz.– Persecución, estigmatización, criminalización, amenazas, atentados y asesinatos, son las consecuencias del despojo de las tierras y el avance acelerado de proyectos hidroeléctricos instalados en forma inconsulta en el departamento de La Paz, cuyas víctimas directas han sido las comunidades indígenas lencas .
En los últimos años se han registrado una serie de incidentes que violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Solamente en 2015 se denunció el asesinato de más de 20 indígenas en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.
En el Informe Situacional que divulgó en 2016, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se revelan las tensiones y los conflictos que enfrentan las comunidades lencas generados por la ambición de terratenientes y “nuevos empresarios de la energía limpia” que en contubernio con el poder político; están despojando de sus tierras ancestrales a centenares de familias indígenas lencas.
La violencia, la criminalización, el temor y la muerte se identifican como una especie de mecanismos que los grupos de poder utilizan para lograr sus propósitos. Se ha denunciado que los protagonistas de la violencia son militares, policías y guardias de seguridad privados al servicio de terratenientes.
El informe del COFADEH revela la existencia de varios focos de tensión y conflicto en el departamento de La Paz. Para el caso en Simpinula y Santa María se presenta la imposición del catastro y amenazas con despojo del territorio contra organizaciones campesinas. En Llanos de Candelaria y Aguanqueterique existe la exclusión social y violación al territorio.
En San José La Paz y Santa Elena, hay un alto riesgo para los defensores y defensoras de los bienes comunes de la naturaleza por el impacto de la represa Los Encinos, imposición de catastro y la amenaza de grupos de choque (activistas del partido Nacional) organizados para crear zozobra.
También se presenta contaminación ambiental en Chinacla en su manto acuífero. Asimismo se habla de una medición forestal en la reserva de agua y zona protegida El Jilguero.
En medio de este clima de zozobra el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos es sumamente complicado y peligroso.
Nely Georgina Reyes de la Red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL) dijo a www.defensoresenlinea.com que “no se trabaja con las condiciones que deseáramos trabajar porque siempre hay persecuciones, amenazas, intimidación, discriminación y hay también hay algunos defensores y defensoras que estamos recibiendo humillaciones en algunas oficinas estatales”.
“Se discrimina por ser mujer e indígena y por pertenecer a una organización”. Nely Reyes
Se discrimina por ser mujer e indígena, y por pertenecer a una organización indígena y por el hecho de estar organizados, por eso recibimos bastante discriminación, aseguró Reyes.
Es tanta la ignorancia y el racismo entre algunas personas en La Paz, que se dirigen a las mujeres lencas con palabras despectivas, como las que apuntó Antonia Gutiérrez, defensora de derechos humanos en San José, La Paz.
Gutiérrez dijo que: “Una por ser indígena lenca la quisieran ver con taparrabo, porque así nos han dicho, que, ¿por qué siendo indígenas no andamos con taparrabo?, como los indios de antes, y esa es una ignorancia del alto poder que nos ha venido a dañar tanto y nos daña como mujeres”.
Un informe Situacional sobre los defensores de derechos Humanos del departamento de La Paz recoge la percepción de las comunidades indígenas lencas sobre el desempeño de las instituciones públicas y su relación con el pueblo lenca.
El informe destaca que la Policía Nacional, el Ministerio Público, los Juzgados y el CONADEH no tienen independencia y carecen de legitimidad, ya que son instrumentos utilizados por el Partido Nacional para garantizar -entre otras cosas- sus políticas de saqueo.
El Sistema de Justicia es utilizado para proteger el interés de los políticos y empresarios, las defensoras y los defensoras son testigos de esta realidad, ya que cotidianamente se enfrentan a diversas arbitrariedades, ilegalidades y procesos de criminalización. Si bien es cierto tienen acceso a la Policía Nacional, el Ministerio Público y los Juzgados, solo en inauditas excepciones obtienen resultados positivos.
“Nos reciben, nos atienden, abren expedientes, pero los guardan, no les dan trámite y hasta los pierden; a favor nuestro nunca hay justicia. Además, a favor nuestro no hay abogados capacitados, tienen temor o no quieren arriesgar su vida y la de sus familiares”, afirmó en una oportunidad Martín Vásquez, miembro del Consejo Indígena de Simpinula.
Además de estas instituciones públicas, se ha denunciado que el Partido Nacional cuenta con una red de activistas a tiempo completo, organizados en programas asistencialistas de Vida Mejor y reservistas de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes intimidan a algunos de los Consejos Indígenas e incluso participan en desalojos violentos; además se organizan patronatos comunales que actúan como paralelas a los Consejos Indígenas. Se denuncia también que medios de comunicación emprenden campañas de desinformación contra las personas que se oponen y presentan resistencia ante los proyectos hidroeléctricos y compañías mineras.
Reyes indicó que aquí por lo que más lucha el pueblo, es por la tenencia de la tierra y la violencia doméstica, ya que la Paz es uno de los departamentos que cuenta con más casos de violencia doméstica; como es el municipio de San José.
Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Global Witness
Los proyectos hidroeléctricos también forman parte del foco de atención para las defensoras de derechos humanos, es por eso que Reyes señaló que “estamos acá luchando contra un proyecto de energía eléctrica, una concesión que se le dio hace 2 períodos a la señora Gladys Aurora López (presidenta del partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional).
“Ella tiene una concesión de 40 años donde se está instalando una hidroeléctrica y también luchamos contra la deforestación, ya que se está extrayendo demasiada madera de los bosques y no se está haciendo nada al respecto”, advirtió la defensora de derechos humanos.
En torno al auge de los proyectos hidroeléctricos y las repercusiones para quienes se oponen a estos modelos extractivos, el 2 de febrero de 2017, el anuncio público del informe publicado por Global Witness titulado : “Honduras el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, desató la ira del gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
Global Witness dijo que en Honduras desde “el año 2010 han muerto más de 120 personas y que las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”.
Global Witness exigió la cancelación de las represas La Aurora y Los Encinos, así como una investigación de la congresista Gladis Aurora López por conflictos de intereses, supuestos sobornos y violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
En respuesta la presidenta del partido Nacional y actual diputada salió ante los medios de comunicación a expresar que “por ignorancia están deteniendo el futuro del país”.
En la lucha por los bienes comunes y la resistencia frente a los proyectos hidroeléctricos, las mujeres han desempeñado un papel determinante como el caso de la Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, galardonada con el Premio Ambiental Goldman en 2015, y posteriormente asesinada en marzo de 2016. En aquella oportunidad el diario estadounidense New York Times tituló: “El homicidio de Berta Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño”.
Y el caso de otra mujer indígena lenca, Ana Miriam Romero, quien recibió el premio Front Line Defenders 2016 en Dublín, Irlanda. La vida de Ana Miriam ha estado plagada de atentados, amenazas y agresiones, por lo que su vida se encuentra en constante riesgo.
La oposición frente a los proyectos hidroeléctricos en el municipio de San José La Paz ha tenido otras consecuencias. La defensora de derechos humanos Nely Georgina Reyes sostuvo que la persecución es tanta que incluso ha habido personas que se han tenido que ir de acá, hay personas que andan huyendo, otros que tuvieron que unirse a la caravana de migrantes; porque estaban siendo perseguidos y amenazados, vía telefónica, con carteles y por todos los medios que se pudo atemorizarlos y ellos tuvieron que salir de la zona.
Una de las recomendaciones al estado de Honduras expuesta por la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpus es que debe prestar especial atención a la presencia de pueblos indígenas, a los derechos que les pudieran corresponder bajo estándares internacionales, y a otros factores relevantes, como las dinámicas de poder local que pudieran afectar la forma en que se realiza un proyecto y la forma en que puede impactar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Estos aspectos se deben tomar en cuenta en los proyectos de desarrollo u otras actividades o medidas, incluyendo aquellas que promueven energías renovables u otros beneficios para los pueblos indígenas.
La Relatora de la ONU expresó que si bien la promoción de fuentes renovables de energía es un importante objetivo, dados los impactos del cambio climático, particularmente en países como Honduras, los pueblos indígenas no deben ser excluidos de los procesos de planificación del desarrollo y la política energética nacional, puesto que muchos de esos proyectos afectarían territorios ancestrales indígenas.
Añadió que los procesos de licitación pública, de distribución de licencias y otros procesos empleados en la planificación estatal para proyectos de desarrollo de recursos naturales deben tomar en cuenta el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas afectados, de lo contrario se convierten en «desencadenantes de decisiones que perjudican a la capacidad de los pueblos indígenas para establecer sus propias prioridades de desarrollo de sus tierras y territorios.»
La Paz registra desalojos violentos, tratos crueles inhumanos y degradantes y asesinatos
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúan de forma violenta contra los defensores y las defensoras. Contingentes de estas dos fuerzas han protagonizado violentos desalojos dejando como resultado decenas de lesionados y lesionadas, heridos con armas de fuego, mujeres con abortos producto de las agresiones, viviendas incendiadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Las amenazas de muerte y la criminalización son las principales formas de ataques contra el trabajo de los defensores y las defensoras. No obstante, la cantidad de atentados y asesinatos es alarmante.
Para citar un ejemplo de la violencia desatada en esta zona, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó el desalojo del 17 de julio de 2015, protagonizado en la comunidad Planes de Santa María, donde contingentes policiales de 6 municipios de La Paz, 3 comandos de la Policía Militar y representantes de la Fiscalía, ejecutaron un violento desalojo. Los uniformados dispararon “bala viva” con sus armas en contra de campesinos y campesinas. El resultado fue de 4 personas heridas.
Entre los heridos se encontraba el Presidente del Consejo Indígena de Simpinula, Víctor Vásquez, quien resultó con una herida de bala en su rodilla derecha; y David Vásquez de Tutule, con perforaciones de bala en la mano izquierda.
El desalojo fue ejecutado a pesar que el COFADEH solicitó que se resolvieran tres escritos presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dos manifiestos en el Juzgado de Letras de La Paz a favor de los campesinos y las campesinas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presenció el desalojo y advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza, y cuestionó la forma en que los tribunales de justicia dilucidan los conflictos de tierra en el país.
Otras muertes registradas por la defensa de los bienes comunes fueron las de Javier Vásquez Benítez, asesinado en la comunidad de Santa Elena, su cuerpo fue encontrado sin vida con varios golpes, en horas de la noche del día domingo 20 de diciembre de 2014. El joven era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en Santa Elena y sobrino de Felipe Benítez, Coordinador General de MILPAH.
También Juan Francisco Martínez fue encontrado muerto en la comunidad de Tapuyman, Santa Elena. Fue torturado, su cuerpo presentaba puñaladas en el pecho, una de sus manos estaba atada con cordones de botas militares. Juan Francisco y su familia habían recibido amenazas desde agosto de 2014, luego del asesinato de su hijo en julio del mismo año.
Y otro caso registrado es el de Silvestre Manueles Gómez cuyo cuerpo fue desmembrado a la orilla del rio Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz, lugar donde persiste el conflicto entre los dueños de la empresa Hidroeléctrica Los Encinos, la Alcaldía Municipal y las comunidades indígenas. Don Silvestre era parte del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga.
En el Informe de 2016 luego de una visita independiente a Honduras, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz urgió medidas inmediatas y decididas de protección, incluyendo la prevención, investigación y sanción de los responsables de asesinatos, amenazas y hostigamientos de miembros de pueblos indígenas, así como de los responsables de actos que atentan contra los derechos sobre sus tierras, recursos naturales y otros derechos humanos.
En torno al acceso a justicia, Tauli-Corpuz expresó que el Estado debe asegurar que no existan obstáculos en los mecanismos judiciales que impidan el acceso a la justicia, y asegurar que la corrupción judicial no obstruya la administración de justicia, que los tribunales sean independientes de presiones económicas o políticas de otros agentes del Estado y de actores empresariales, y que no se pongan obstáculos a las actividades legítimas y pacíficas de los defensores de los derechos humanos.
El COFADEH mantiene un monitoreo en la zona para conocer las condiciones en que se desenvuelven los defensores y defensoras, de hecho a través del proyecto Euro Justicia, con el apoyo de Diakonia-Unión Europea (UE) conformó la Red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL) como un espacio de capacitación, articulación e incidencia.
José Mercedes Domínguez pertenece a la central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) Regional de La Paz y forma parte de REDHIL. Domínguez expresó a www.defensoresenlinea.com que las capacitaciones recibidas han sido de soporte para que los defensores y defensoras de derechos humanos ayuden a su gente.
Sobre la defensa por los territorios y las acciones de recuperación de tierras, el defensor de derechos humanos apuntó que esa lucha sigue pero que la represión y las órdenes de captura están a la orden del día.
Siempre estamos nosotros pendientes de lo que pueda pasar en nuestra organización. Quisiera decirle que solo en el departamento de La Paz tenemos criminalizados a 174 personas, entre hombres y mujeres, informó el defensor.
“Nuestros compañeros y compañeras está acusados por usurpación de tierras, pero agréguele otros delitos como aprovechamiento del recurso natural como el bosque, incendio, y le agregan más delitos, que nosotros no cometemos. Todos esos delitos los ponen ahí”, comentó.
El entrevistado dijo que los criminalizados y criminalizadas por exigir el derecho a la tierra se encuentran con medidas sustitutivas a la prisión y que por los momentos no hay algún compañero que se encuentre preso.
Domínguez resaltó que hay compañeros que viven en Tutule y los dejan firmando en el municipio de La Paz, así que incurren en gastos, también otros viven en Opatoro y los dejan firmando en Marcala habiendo una sede allá. Entonces vemos la injusticia donde los compañeros no tienen el recurso económico para poder movilizarse y lo hacen a puro esfuerzo. “Ellos los jueces no consideran la situación económica de los indígenas criminalizados”.
El despojo de las tierras es un tema que agobia a los campesinos y a las campesinas
Al consultarle sobre las principales amenazas que enfrentan en el departamento de La Paz, Domínguez enumeró que son los desalojos y también las órdenes de captura. Las comunidades tienen mucho miedo a ser desalojados porque al ser desalojados pierden sus cultivos, que es la esperanza para poder alimentarse el día a día y al momento de un desalojo, pierden sus casas y cultivos.
Señalando a los actores que generan las intimidaciones y las amenazas, el joven dirigente campesino comentó que son terratenientes con influencias en el poder político, se han apoderado del gobierno, hay bases campesinas que tienen 28 años de estar posesionados con un título de tierra y ahora están pidiendo la anulación de títulos.
En Florida de Marcala tenemos una base que tiene 28 años de poseer las tierras y le está pidiendo la anulación del título un terrateniente. Les están cobrando 17 millones de lempiras.
Añadió que en el proceso de recuperación de tierras, no sabemos qué va a suceder, son 45 socios y 500 personas de la aldea Florida. El terrateniente es oriundo de ese lugar, pero el entrevistado prefirió omitir su nombre por su propia seguridad.
“Ese es un problema que nos agobia a nosotros, el sector campesino. Es un tema complicado porque hay que luchar contra el poder económico de este país y también hacerle frente”, se lamentó el defensor de derechos humanos.
