En espera de justicia campesinos de Siguatepeque se sometieron a juicio Oral y Público

Siguatepeque, Honduras.- Por mayoría de votos el Tribunal de Siguatepeque no aceptó el reconocimiento del grupo campesino «11 de marzo» como asentamiento humano, antes de dar inicio al juicio Oral y Público contra los defensores de la tierra Vicente Castro, Juan Mejía y José Vásquez, este lunes 14 de junio.

Tras la evacuación de las pruebas documentales, testificales y periciales, se anunció que la etapa de conclusiones será el 21 de julio de 2021.

El juez disidente (quién participó de manera virtual) en Tribunal, sugirió que el Instituto Nacional Agrario (INA) emitiera un oficio determinando si el grupo campesino se considera o no una colonia, barrio o comunidad, pero no fue tomado en cuenta por los otros dos jueces, por lo que se dio apertura al juicio.

La abogada Cárdenas Solicitó al Tribunal que se aplicara la ley de manera retroactiva por ser el que más les favorece en cuanto al artículo 305 del vigente Código Penal en relación al 613 a fin que se trate el delito de usurpación por la vía civil cuando existen trámites previos en materia administrativa y civil, por lo que el grupo campesino “11 de Marzo” ha realizado trámites en el año 2018 ante el Instituto Nacional Agrario (INA), cuando solicitó una  tratarse de un grupo campesino .

De haber sido aceptada la solicitud se desestimaría el delito de usurpación y se llevaría el caso por la vía civil, tal como lo planteó la abogada Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en la etapa de incidencia.

Durante el juicio Oral y Público compareció el terrateniente Marco Valerio, quien denunció que un grupo de pobladores ha usurpado sus terrenos en la comunidad de El Porvenir, aunque no identificó directamente a ninguno de los imputados que estaban presentes en la sala.

A los tres campesinos se les acusa de usurpación y roturación de suelo de vocación  forestal. Valeriano pagó por estas tierras al Banco de Occidente para utilizar la madera, según declaraciones del propio empresario que se dedica al rubro de aserraderos, gasolineras y transporte.

Desde un año antes del desalojo ejecutado contra la empresa campesina “11 de marzo”, ellos ya estaban allí (en los terrenos), declaró Valeriano “dialogué con ellos y les dije que no siguieran en ese trámite y siguen descombrado para vender leña”.

También testificaron los agentes de policía Alexander Ordóñez y Juan Roque, quienes dieron captura a dos de los campesinos imputados. En sus relatos afirman que estaba un grupo de personas limpiando “chapeando” el suelo con machetes. Uno de los campesinos salió corriendo y le decomisaron un machete. Los policías se refirieron a los criminalizados por aspectos físicos como “el de barba” y “un señor trigueño”.

Además testificaron dos agentes propuestos por el Ministerio Público quien actúa como único acusador y en defensa del maderero. Ellos ratificaron un acta de desalojo y la situación del terreno que mandó a realizar Marco Valeriano. Ahí había cultivo de café, maíz, frijol, plátano y viveros en construcción, los cuales. Según el perito forestal había aprovechamiento forestal y madera plagada por el gorgojo del pino que estaba aserrada en regla y cubierta por nylon (papel plástico).

Cabe señalar que el 80 por ciento del terreno nacional es de vocación forestal, por lo que los productores utilizan los espacios para los cultivos de alimentos, huertos familiares y cuidado de los bienes comunes. En Honduras  más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a un terreno para cosechar sus alimentos.

En el grupo campesino “11 de marzo” 54 familias mantienen la lucha de recuperación de unas 90 manzanas de tierra que estaban ociosas y han investigado que tienen carácter ejidal. Mantienen cultivos que alimenta a unas 250 personas cuidan el bosque, contrario a que el fiscal del medio ambiente Maximiliano Rubí del Ministerio Público, los acusa.

El Ministerio Público quiere criminalizar a estos miembros del grupo campesino “11 de marzo” y someterlos a un proceso penal injusto, desde COFADEH ejercemos esta representación y llegaremos hasta el final, esperando que el Tribunal de Sentencia se apegue a derecho y absuelva de estos cargos a estos defensores que ejercen uso el derecho a la tierra  y a la alimentación para su subsistencia.

El presidente de la empresa campesina, Vicente Castro (62), junto a Juan Mejía  (62) y José Vásquez (54), estuvieron privados de libertad por 8 días en marzo de 2019, hasta la celda policial llegó Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, para solidarizarse con los defensores, quienes mantienen medidas sustitutivas a la prisión y cada viernes, incluso durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, van a firmar al Juzgado de Siguatepeque, incurriendo en gastos económicos y días sin trabajar.

En octubre de 2019 el COFADEH logró la libertdad definitiva del líder campesino Héctor Orlando Velásquez, de esta misma empresa campesina.