La noche del martes 2 de abril de 2024 fue un instante memorable en la vida del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Por primera vez en 40 años, la coordinadora de esta organización – Bertha Oliva – tuvo asiento en la Cámara de 128 diputados y diputadas de la República.
Bertha asistió a la sesión ordinaria de ese día para presentar las motivaciones generales de una ley que podría ayudar a sanar viejas heridas que taladran el alma de esta Nación Centroamericana.
“Estoy aquí porque los familiares de las víctimas del Estado somos también ansiosas buscadoras de la conciliación de Honduras”, dijo Bertha sin confrontar a ningún partido ahí representado.
Las heridas profundas que se busca sanar con la ley fueron hechas por la tortura, la persecución ideológica, las amenazas a muerte contra seres queridos, y en último extremo el secuestro, la desaparición forzada y el asesinato. Más de 200 personas, de diferentes nacionalidades.
Son heridas ardientes que taladran la sociedad hondureña porque fueron hechas por el Estado de Honduras con su maquinaria represiva, abusiva y sumisa al guerrista Ronald Reagan y al siniestro John Dimitri Negroponte. Fueron heridas hechas en nombre de la democracia, invocando a Dios, y a bala viva.
Negar esos crímenes de la Doctrina de Seguridad Nacional, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, y resistirse a rectificar con verdad, justicia, memoria y reparación, sería un nuevo acto suicida del Estado de Honduras. La política de impunidad es una decisión que pudre las instituciones.
Sentada en una butaca del parlamento, hablando hacia la junta directiva, en vivo y directo a través de la televisión pública, Bertha pidió a las bancadas que consideren la ley de víctimas de la doctrina de seguridad nacional una excelente oportunidad para limpiar la cara de la política y sanar el cuerpo del Estado.
La iniciativa de ley no surge de la nada. Tiene varias fuentes que la inspiran y la mueven. Una, la más fuerte, es la que representa a las víctimas; otra es el mecanismo de evaluación anual al Estado de Honduras en materia de derechos humanos en la ONU.
También son fuentes inspiradoras de la ley de víctimas de la doctrina de seguridad nacional las sentencias condenatorias de la Corte interamericana de derechos humanos por violaciones cometidas contra la vida, la integridad física, la libertad y otras garantías individuales en el período 1980-1995.
Por supuesto que las recomendaciones pendientes de la comisión de verdad instituida después de los acuerdos de paz de Esquipulas en 1986 son los primeros instrumentos jurídico-políticos que dan soporte al espíritu de la ley.
“Son 40 años – exclamó el presidente del Congreso Luis Redondo – antes de comenzar a resumir los aspectos principales de la ley ante sus compañeros congresistas. Son 40 años que las víctimas han esperado para venir aquí a pedirnos cumplir con nuestro deber”. Y leyó el texto con convicción, haciéndolo suyo.
Trabajada desde 2021, con aportes de Memoria Abierta de Argentina y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, la propuesta de ley fue ingresada formalmente el 2 de abril, y el jueves 4 el diputado Jari Dixon presidió la primera reunión de la comisión de dictamen.
Según los cálculos del tiempo legislativo, es muy posible que la ley de las víctimas en Honduras sea aprobada antes del 30 de agosto de este año, una fecha imposible de olvidar. En 1982, en las verjas de las iglesias, en los portones lúgubres de la antigua Casa Presidencial, y en la ruidosa plaza La Merced, las madres, esposas y demás familiares de las víctimas, fundaron el COFADEH.
Para hacer ese milagro posible y enriquecer la ley, Memoria Abierta aporta su experiencia en bases de datos, seguimiento de casos y organización procesal. En América, después del terrorismo de la Operación Cóndor dirigida por la CIA, es Argentina el país que más procesó y condenó militares y civiles implicados en violaciones a derechos humanos.
En cuanto a la ONU, esta organización ha participado con mecanismos de búsqueda y documentación de hechos en muchos países de África, Asia y Europa, que han sufrido la misma tragedia que Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Si la ley avanza, el Estado creará medidas para establecer la verdad de una vez, juzgar responsabilidades, honrar la memoria de las víctimas, reparar a sus deudos directos y comprometerse en serio con garantías de no repetición de esos hechos.
Al menos 20 diputados y diputadas del PSH, Libre y Partido Liberal tomaron la palabra en favor de los objetivos de esta ley durante la noche que fue presentada, pero solamente un diputado del partido nacional quebró el silencio sepulcral de esa institución cuya dirigencia conformó la APROH en 1982.
El periodista Jorge Zelaya, diputado nacionalista por Francisco Morazán, dijo que en los años ochentas él cubrió para la radio los sufrimientos y demandas de las madres de desaparecidos, y que su voto particular será a favor de la ley.
Queda camino por recorrer, seguramente las familias de las víctimas volverán a adoptar la piel de cocodrilo para resistir los ataques de grupos implicados en la doctrina de seguridad nacional de entonces, que hoy rechazan la ley. Y posiblemente sus trolls cibernéticos van a salir también.
Es posible que haya voces poniendo énfasis en las facturas de reparación material que el Estado deberá asumir para reparar los daños causados, y no faltará quien nos mande a todos hacia la embajada de Estados Unidos a cobrar esa decisión a la señora Laura Dogu.
De cualquier modo, a juzgar por el tono inteligente de Bertha Oliva la noche del martes 2 de abril en el seno del Congreso, Honduras no está más para confrontarse por el pasado, sino para sanarlo, asumirlo y re-empezar con justicia.
Que así sea. Buenas noches
