Tegucigalpa.- En horas de la madrugada del viernes se realizó un allanamiento ilegal en la casa de Lilian Urrea, una sobreviviente de la masacre de El Tumbador, hecho ocurrido en noviembre de 2010.
El allanamiento ocurrió en la comunidad Guadalupe Carney, ubicada en Trujillo, Colón, a las 5 de la mañana, donde elementos policiales entraron a la casa de Lilian, en horas no establecida en la ley, llevándose detenido a dos de sus hijos, Nelson y Darwin Urrea.
Los dos jóvenes, que cuando sucedió la masacre de El Tumbador tenían nueve y diez años, fueron sacados de su casa y trasladados a la posta policial de Trujillo.
En casos como estos, la justicia solo muerde a los pies descalzos, pues para Lilian y las demás víctimas del caso El Tumbador, no hay justicia y los abusadores hoy andan sueltos, sin haber recibido ningún tipo de castigo.
Cuando se trata de acciones en contra de los campesinos y campesinas que constantemente son víctimas de violaciones a los derechos humanos, de inmediato los cuerpos policiales acuden a sus viviendas a hacer allanamientos, muchas veces violentando el debido proceso en horas no establecidas por la ley, como ocurrió el viernes 22 de mayo en la casa de Lilian Urrea.
Cabe mencionar que la semana pasada el campesino y sobreviviente de la masacre El Tumbador, Francisco Ramírez, también fue detenido acusado por un proceso que sucedió hace más de diez años.
Así es como actúan las autoridades que en vez de hacerle justicia por lo ocurrido en la finca El Tumbador, hasta la fecha no hay nadie pagando por esos hechos. Las víctimas y sobrevivientes siguen siendo criminalizadas, y se sigue cometiendo faltas al debido proceso, en cualquier caso que se les acuse.
