Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Ante la violación de los derechos indígenas y los bienes comunes, los vecinos de los municipios de San José, Santa María, La Paz y Chinacla, afiliados al Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH, realizaron el pasado 21 de septiembre, una movilización hasta una zona donde se construye clandestinamente una represa hidroeléctrica.
Con esta acción el grupo de defensores indígenas, exigieron el desalojo inmediato de la empresa de energía de Occidente, la cual en forma ilegal está haciendo trabajos de construcción de la hidroeléctrica en el lugar de Llanos de San Antonio, a cuatro kilómetros de la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, en el centro occidente de Honduras.
Según MILPAH, hay daños ocasionados por construcciones en la zona y que se ejecutan sin previa consulta, tomando en cuenta que es un territorio indígena amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por lo que han solicitado al Ministerio Público, MP, que esos proyectos deben ser investigados, sancionados y reparados.
Se menciona en la denuncia pública realizada por MILPAH, los proyectos Aurora 1 en el Aguacatal, San José; Los Encinos de capital variable, Santa Elena; Río Sasagua y Lepasle de Ocotal en Santiago de Puringla; Aurora 2, Guajiquiro; Concesión de Reserva Forestal el Jilguero, Chinacla; Ordenamiento territorial (catastro) en todo el departamento de La Paz, y la Hidroeléctrica Lepaterique, en el departamento de Francisco Morazán.
La movilización sirvió para rechazar rotundamente las acciones del Gobierno de continuar concesionando los bienes comunes del pueblo Lenca a empresas y políticos que explotan los ríos y minerales, sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
Un centenar de personas se movilizaron hasta la construcción de la hidroeléctrica donde dialogaron con empleados presentes, dándoles un plazo de ocho días para que se retiren de la zona, por lo que volverán el próximo miércoles, y se negaron a firmar un documento que los indígenas exigen que se les muestre los resultados de una supuesta consulta que realizó la alcaldía en un cabildo abierto, para la aprobación del proyecto, pero eso no lo aceptamos, porque no es legal, afirmó Martin Gómez, sub coordinador del MILPAH.
Los Alcaldes han manifestado que los pueblos son frecuentemente consultados en los cabildos abiertos, aunque en no pocas oportunidades estos se realizan en conciliábulos y solamente buscan legitimar las concesiones territoriales ya previamente otorgadas.
Había tres patrullas de la Policía Militar, pero dando protección a los empresarios, y no a los líderes de MILPAH que tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde noviembre del 2015, denunció Gómez.
Ese mismo miércoles 21, el grupo que se manifestaba en Llanos de San Antonio, el encargado de la Policía –un sub inspector de apellido Suazo- dijo el dirigente, les advirtió que no hicieran cosas malas, porque no quería pedir más refuerzo a Marcala.
Ahí, los representantes de MILPAH, permanecieron toda la noche y se retiraron el jueves en la mañana, sin detener el trabajo de defensoría por el respeto de su territorio.
Desde hace 6 años los grupos de poder político, económico, militar y hasta religiosos han tratado de apoderarse con muchos más recursos, y con el acompañamiento de los distintos gobiernos, nacional y municipal, de sus ríos para represarlos y según dicen para convertirlos en fuentes de generación eléctrica.
Los alcaldes y demás autoridades locales tienen el compromiso de respetar y hacer cumplir los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT, que habla sobre los territorios, el derecho a la consulta previa y como el Estado proteger a dichas poblaciones. Honduras hace 21 años es signatario de este convenio, pero no lo hace valer como se debe, según las denuncias de los pueblos indígenas.
La población indígena hondureña es aproximadamente de 464,495 aglutinados en ocho pueblos, diferenciados entre sí por su entorno cultural y que representan el 12 por ciento de la Hondureñidad.
Atendiendo a razones de origen, las etnias existentes se agrupan en Afrocaribeños, entre los que se ubican los garífunas y los negros de habla inglesa; Mesoaméricanos, conformados por el pueblo Chortí y Lenca; No Mesoamericanos o Circuncaribes, integrados por los Tolupanes, Pech y Tawahka; además de ciertas variaciones de mestizajes entre los que destacan los Misquitos, Sumos y Ramas.
El pueblo Lenca es el más numeroso y con notoriedad en la defensa de la tierra, solo en el departamento de La Paz, el año pasado asesinaron a unos 20 hombres activistas de derechos humanos, el caso que más reciente fue el de la lideresa Lenca Berta Cáceres Flores, el pasado 2 de marzo en La Esperanza, departamento de Intibucá, quien era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
A los que tienen el poder, les moletas que el pueblo tome conciencia del valor incalculable de los bienes naturales, por eso es necesario que la población se forme y eduque en materia de derechos humanos y leyes que los amparan, ya que así no se podrá negociar con las riquezas de la tierra, lo mismo que defensivo el Cacique Lempira durante la invasión española en el siglo XVI, y otros héroes caídos en la historia, instó la coordinación general de MILPAH.
Hace ya más de 6 años que MILPAH decidió organizarse para defender en forma más articulada sus bienes naturales, que son las montañas, el bosque y los ríos.
Los Indígenas organizados siempre han señalado que en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Honduras, los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas sobre todo tipo de intervención que se realice en sus territorios, esto también podría incluir las formas de propiedad que el Estado decida delimitar y que atente con las formas de vida, y de propiedad, que en este caso los Lencas poseen.
