Tegucigalpa.
El pasado viernes 4 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras recibió información sobre la profundización del conflicto entre las comunidades en Tela, Atlántida que se manifiestan tanto a favor como en contra de la Central Hidroeléctrica Los Planes de la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso, S.A. de C.V. (HIDROCEP).
Nuestra Oficina ha venido dando seguimiento al conflicto desde el 02 de mayo del presente año, cuando tuvo la oportunidad de visitar la zona para observar y verificar una denuncia por presuntos daños ambientales y violación al derecho al agua, así como la supuesta ausencia e inacción de las instituciones a las que habían acudido para la solución del conflicto. En dicha visita, la Oficina se entrevistó con los pobladores de las comunidades del sector de Pajuiles; el titular de la empresa HIDROCEP, Jason Hawit; el Alcalde de Tela, Mario Fuentes; el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); la Fiscal Regional en el Litoral Atlántico, Marlen Martínez; autoridades de FUSINA y de la Policía Nacional.
En seguimiento a esta primera misión, la Oficina también participó en una reunión convocada por la Fiscalía en las Oficinas de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi-Ambiente), en donde se acordó una visita el viernes 02 de junio de 2017 para comprobar los daños ambientales, así como el cumplimiento de la licencia ambiental otorgada a HIDROCEP. En esta ocasión, participó Mi-Ambiente, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría General de la República, así como representantes de las comunidades y de HIDROCEP, en donde OACNUDH Honduras participó como observador.
Esta mañana, OACNUDH fue informada sobre un desalojo del campamento en Pajuiles, efectuado por la Policía Nacional a instancias de una orden judicial y requerimientos fiscales varios, en donde resultaron detenidas por lo menos cuatro personas, sin poder corroborar hasta este momento su situación procesal. OACNUDH ha venido recibiendo información acerca de un número indeterminado de requerimientos fiscales contra otros miembros de las comunidades que protestan contra la hidroeléctrica. Hasta el momento, se desconocen las acusaciones penales específicas.
La Oficina lamenta que la problemática persista y que las comunidades hayan tenido que llegar a este nivel de confrontación, en donde inclusive han resultado personas agredidas, incluyendo Martín Fernández, defensor de derechos humanos y Coordinador del MADJ, además de Oscar Martínez, también miembro del MADJ.
Lamentamos la demora en la resolución de la cuestión de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades. Vale la pena recordar que el origen de este conflicto está en el otorgamiento de la licencia a HIDROCEP y la estimación del impacto que sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las comunidades. Por lo cual, el desalojo de hoy – si bien ordenado por la autoridad judicial – es una medida que no resuelve la situación de fondo, ya que no responde a los interrogantes de las comunidades ni conlleva a la aclaración de los hechos.
Condenamos tanto la violencia como las agresiones entre las comunidades que se han venido suscitando a lo largo del conflicto y que tuvieron una grave expresión el pasado viernes. Esperamos una investigación oportuna de estos sucesos, una investigación exhaustiva e imparcial de todos los hechos vinculados a esta concesión, así como la atención de todas las denuncias recibidas.
Llamamos a las comunidades a la calma y al diálogo para restaurar la convivencia pacífica. En este sentido, instamos a la autoridades locales y nacionales a promover y facilitar la comunicación y el dialogo entre las partes de manera urgente para prevenir más enfrentamientos. Es necesario trazar una hoja de ruta que permita una salida consensuada, con la participación de las comunidades y actores relevantes, en el marco de investigaciones exhaustivas que establezcan las responsabilidades pertinentes, los requerimientos de la ley y del respeto a los derechos humanos.
OACNUDH Honduras aprovecha para enfatizar la importancia de asegurar que los proyectos de desarrollo económico se den en el marco de concesiones otorgadas legalmente, en cumplimiento con la legislación nacional y los estándares internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario, la consulta con las poblaciones afectadas, así como la observación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En ese sentido, la Oficina reitera su disponibilidad para observar y acompañar el diálogo en el marco del cumplimiento de nuestro mandato en Honduras.
