Tegucigalpa, Honduras.- Por 1.7 millones de dólares a causa de supuestos daños a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, acusa el Ministerio Publico (MP) al joven maestro Rommel Valdemar, quien enfrentará juicio oral y público el 16 y 17 de abril próximo.
Rommel de 23 años, participaba en las movilizaciones convocadas por la Plataforma en defensa de la Salud y Educación, entre abril y junio del 2019, periodo en el que se elevó el nivel de violaciones a derechos humanos. El 30 de mayo el joven fue capturado y enviado a la cárcel de máxima tortura (seguridad), La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, hasta octubre cuando por orden médica se le remitió a un centro médico psiquiátrico, por su grave estado de salud.
Acusado de daños e incendio agravado, tras la quema de llantas afuera del portón de la sede diplomática en Tegucigalpa, Rommel estará en el banquillo de los acusados en la Sala V de los Tribunales de Juicos Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según determinación de la audiencia de proposición de medios de prueba, celebrada este jueves 13 de febrero.
Neydi Castillo, fiscal del Ministerio Público junto a Claribel Medina, abogada privada de la Embajada Americana, manifestaron que los daños causados ascienden a una cuantía de un millón 710 mil 640 dólares estadounidenses (us$ 1,710,640.00) que en moneda nacional equivale a 42 millones 475 mil 191 lempiras con 20 centavos (L 42,475,191.20), al día de hoy (us$1 x L 24.83).
La cantidad de dinero supone daños a máquinas de la embajada y los costos por el cierre de atención a las personas que van cada día a solicitar visa, recalcó Medina, quien se adquirió a las pruebas presentadas al MP.
Así mismo, mencionaron la presentación de testigos protegidos, figura utilizada por miedo a represalias por agresión demostrada por grupos organizados. Los anterior haciendo referencia a los manifestantes y participantes en la protesta social, criminalizando con ello la libertad de expresión.
También ofrecieron la presentación de fotografías, objetos decomisados, ropa, videos captados por la policía a través del sistema 911, y declaraciones de agentes policiales, los cuales fueron aceptados por el Tribunal.
Por su parte, la defensa compuesta por Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el abogado probado Omar Menjivar, prepusieron un acta de registro personal para demostrar que Herrera Portillo no se le decomisó ningún objeto relacionado con el hecho que se le atribuye.
La defensa alegó que la cantidad de dinero que piden por daños, es exorbitante; y que no se puede proponer testigos protegidos sin acreditar el supuesto riesgo al que dicen estar sometidos, para medir riesgos hay organizaciones especializadas en la materia que les pueden ayudar. Con respecto a este pronunciamiento el Tribunal admitió que los testigos se presenten sin protección, y serán ellos quienes determinen el riesgo para la declaración.
La abogada Cárdenas, estima que el Tribunal no debió admitir el documento sobre la cuantía, donde no hay peritaje sobre los daños. Además es un documento emitido por un representante de la Embajada, este se hizo en el extranjero el cual debía ser apostillado, entre otros requisitos legales.
En cuanto al tiempo señalado para el juicio, los defensores concuerdan que hay cierta prisa en que se desarrolle el mismo, pues si bien hay un término hasta de dos años según el Código Penal hondureño, no siempre sucede así, o extienden el periodo por seis meses más, mientras se junta la prueba.
Por ejemplo, explicó Menjivar, que el caso contra Raúl Álvarez y Edwin Espinal (presos políticos que se defienden en libertad y a quienes representa), fueron apresados en enero del 2018, y el juicio oral y público será en mayo, un mes después de la fecha señalada para Rommel. Pero hay que señalar que es un caso con un impacto que representa estar involucrada la embajada americana.
Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo, padre y madre de Rommel, denunciaron la injusticia a la que está sometido su hijo, por lo que es inevitable sentir impotencia. Al finalizar la audiencia, fue inevitable para la maestra romper en llanto, y con ello, llegaron los abrazos solidarios y las palabras de ánimo.
Lo sucedido en la audiencia en cuanto a las pruebas propuestas para el juicio oral y público, son incompresibles, especialmente los 42 millones de lempiras que piden por los supuestos daños, de dónde va a sacar ese dinero, cuestionó Adrián, hermano menor de Rommel.
Agregó que «fue una audiencia demasiado exagerada, se hablaron muchas falacias sobre Rommel, lo acusaron hasta de narcotraficante señalándolo de poseer una cantidad exagerada de droga, esperaba más comprensión de parte de los jueces. sin embargo, hay que esperar las pruebas en el juicio, porque yo no creo que Rommel haya causado todos esos daños».
Una audiencia dolorosa y con saña, así la describió la integrante del Comité por la liberación de los presos políticos en Honduras, Kathy Cooper, y se manifiesta al valorar una puerta en más de 1.7 millones de dólares «ni que fuera de oro macizo, además hay una serie de detalles que demuestra odio hacia la gente que se manifiesta en contra de la arbitrariedad, el contexto nacional y el desaparecimiento del estado de derecho», pero se tiene la esperanza que todo lo que la parte acusadora dice será denegado.
Afirmó la disposición a seguir la lucha para demostrar la inocencia de este profesor que es joven y tiene un sentimiento de rebeldía ante lo que se vive, y espera que los maestros se solidaricen con el compañero y que señalen las arbitrariedades del Ministerio Público.
Por su parte, Raúl Álvarez (ex preso político) quien se defiende en libertad y está a las puertas del juicio oral y público, dijo que «me identifico con Rommel, compartimos como tres meses en la cárcel, estuvimos presos por la misma causa, defender al pueblo, un país que vive en la zozobra en una dictadura ¡cómo no quererlo si yo viví en carne propia lo que es estar preso!
Y en este ambiente de desencanto por las propuestas de parte del Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos, Rommel Valdemar, quien permanece en un centro siquiátrico desde octubre pasado, deberá comparecer ante un Tribunal, y el equipo de defensa legal buscará justicia para el profesor y estudiantes de dos carreras universitarias simultáneamente.
