Tomado de La Tribuna
Tegucigalpa.- El diputado de la Alianza Patriótica de Honduras (APH), Enrique Yllescas, propuso al Congreso Nacional la aprobación del servicio militar obligatorio en Honduras, como una alternativa disciplinaria y de prevención en materia de seguridad, esta moción comienza a generar preocupación y oposición por parte de defensores de derechos humanos, principalmente quienes han conocido la temática histórica.
Retroceso peligroso, atentado a la juventud, antidemocracia, violaciones a derechos humanos, muertes extrajudiciales, desesperación por falta de políticas y asistencia a la población y hasta ideas esquizofrénicas, son las palabras que se les vienen a la mente a quienes se oponen a esta iniciativa, incluyendo al designado presidencial, quien usó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo.
“Estoy en contra del servicio militar obligatorio (…) sería un enorme retroceso a las libertades del pueblo, me pronuncio en contra de esta iniciativa e invito a mi partido a manifestarse en contra. La juventud requiere de calidad educativa y oportunidades, es por eso que me pronuncio en todo caso de un servicio militar voluntario educativo en áreas técnicas y agrícolas”, posteó en su cuenta de Twitter.
Según el diputado Yllescas, del partido que lidera el general retirado Romero Vásquez Velásquez, su moción se basa en las condiciones actuales de inseguridad y participación de la juventud hondureña, quienes han fortalecido la operatividad de las maras y pandillas.
Manifiesta que ha establecido un parámetro estadístico de casi 40 mil jóvenes, entre 18 a 30 años de edad, que están involucrados en actos delictivos, así como en maras, pandillas y crimen organizado, lo cual es un efecto rebote negativo tanto para las familias como para el país, defiende.
Ante esto, la defensora de derechos humanos, Berta Oliva, consideró que la iniciativa no es algo de “alguien que cree en la democracia; sino en los procesos de militarización por lo tanto aunque respeta la opinión del diputado y su partido, no la comparte porque solo traería “profundas violaciones a los derechos humanos y división entre la sociedad hondureña” en momentos de crisis y polarización; además que la iniciativa “no es coherente con la realidad”.
Para Oliva quien ha llevado una lucha de casi 40 años al frente del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), lo que deberían estar mocionando los diputados son oportunidades para los jóvenes y no “encerrándolos a la fuerza en unidades militares”, se equivocan.
“Los jóvenes necesitan atención desde que nacen, el Estado debe responder por el desarrollo de ellos asegurando que en su familia haya elemento para empezar y que en su país haya lugares de recreación y condiciones plenas de educación, salud y no armas, si pensaran mejor no tendríamos el caos que ahora tenemos”.
RETROCESO A BUENAS ACCIONES
La derogación del servicio militar obligatorio para quienes están de acuerdo con la iniciativa fue un error histórico que mantiene a Honduras sin posibilidad de disminuir la delincuencia juvenil y crimen organizado, pero para quienes conocen la historia desde la óptica de derechos humanos, el retroceso es volver a repetir lo mismo que en el pasado no funcionó.
“El servicio militar obligatorio solo demuestra que un país ha perdido la capacidad de razonar, de dialogar y atender a la juventud, la respuesta bruta es la que nos da el servicio militar obligatorio, si eso prospera habremos retrocedido 40 años, no podemos tener resultados diferentes cuando hacemos lo mismo, ¿por qué no se combate a las maras y pandillas que dirigen desde los batallones y unidades militares, quienes hacen uso y abuso de sus uniformes y logística?”, expresó Oliva.
El servicio militar obligatorio fue derogado en 1994, durante el primer año de gobierno del Partido Liberal en la administración de Carlos Roberto Reina (1994-1998).
En ese entonces, se aprobó la reforma al artículo 276 de la Constitución de la República referente al servicio militar obligatorio y estableció el servicio voluntario y educativo que se ha mantenido vigente por 23 años. La iniciativa fue celebrada desde aquella época por la sociedad civil y defensores de derechos humanos al considerar que el gobierno de Reina puso fin a las “cacerías de jóvenes”.
En ese contexto para Oliva, ahora “obligar a la gente a que piense, actúe y que tenga entrenamiento militar, es el peor golpe que se le puede dar a la juventud hondureña y el fracaso de Honduras si es que estaban pensado que se democratice el país”.
OBSOLETOS
Desde el año pasado a lo interno del Congreso Nacional y recientemente con algunas visitas de personajes militares extranjeros y analistas en seguridad, han venido manifestando que los jóvenes que no son disciplinados por sus familias o el propio Estado, llenan los requisitos para el reclutamiento de las maras y pandillas, por lo tanto se debe analizar por qué los argumentos son los mismos que antes de 1994.
Lo anterior, fue la opinión de la subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, quien en los años noventa dirigió el Movimiento Cívico Cristiano y Popular junto a otros defensores en organizaciones como el Comité de Mujeres Visitación Padilla, la Iglesia Menonita y otros de la sociedad civil, quienes impulsaron con reiteradas huelgas, peticiones y protestas las acciones del gobierno de Reina.
“El servicio militar obligatorio que teníamos en el pasado era brutal, violento, represivo, violatorio de toda clase de derechos, cuando se transformó (1994) era para hacerlo humanista, social, democrático y voluntario. El argumento del diputado me provoca bastante gracia porque es el mismo argumento obsoleto que sacaron en 1994 cuando estábamos en la discusión previa a la aprobación del servicio militar voluntario”, expresó.
Por su parte, estadísticas policiales recientes cuentan que en Honduras son más de 30 mil pandilleros y mareros que operan a nivel nacional y de todas las edades, siendo en su mayoría menores, adolescentes y personas no mayores de 40 años. Incluso en 2016 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) calculaba un ejército de 36,000 mareros y pandilleros en Honduras.
Ante esto, Mejía se preguntó que en la iniciativa debe analizarse también “el papel que está jugando algún sector de los Estados Unidos, además del presupuesto global a invertir en militarismo que impactaría a las arcas del Estado”.
“Tenemos más enfoque al gasto militar, hay que revisar ese impacto global, no tenemos un informe de los gastos de las Fuerzas Armadas, cuáles son las bondades del servicio militar voluntario, ellos no se han quejado. El servicio militar obligatorio dejó cicatrices, torturas, daños, duelos en las familias, jóvenes muertos en las prácticas, cadáveres entregados en ataúdes sellados para que nadie pudiera observar qué había sucedido con ellos”, recordó. .
Por eso, llamó a no fortalecer la antidemocracia y procurar invertir el presupuesto a la milicia creando por cada centro militar, diez jardines de niños, colegios, fortalecer la creación de empleos, el ocio fomenta la delincuencia, el enfoque contra las maras no está en el servicio militar; sino en una política de protección de los derechos humanos de los niños y jóvenes, desde que nacen hasta que llegan a la universidad”, refirió. (SA)
