Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 26 de noviembre, el pueblo hondureño está convocado a ejercer nuevamente su derecho al voto para elegir al presidente, 128 diputados al Congreso de Honduras, 20 diputados al Parlacen (Parlamento centroamericano) y 298 alcaldes y vicealcaldes.
Por primera vez en la historia democrática del país, un presidente buscará reelegirse por un segundo período, y esto a pesar de que la Carta Magna de Honduras lo prohiba tajantemente.
En 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos declarando la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.
Un año después, cumpliendo las sentencias del máximo poder judicial, el TSE (Tribunal Supremo Electoral) aceptó la inscripción de la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández.
Los mismos magistrados electorales rechazaron sucesivamente un recurso presentado por la Convergencia contra el Continuismo, instancia conformada por diferentes organizaciones y sectores sociales, populares, sindicales y estudiantiles que considera dicha candidatura inconstitucional e ilegal.
Es así que este domingo, mientras el ambiente se vuelve cada vez más tenso, se multiplican los asesinatos políticos, se cercena el derecho a informar de varios medios internacionales y el partido de gobierno lanza una cacería de brujas contra la supuesta injerencia del gobierno de Venezuela y de «agentes internacionales» para generar el caos en el país, los tres principales candidatos -de un total de nueve- buscarán la presidencia para el período 2018-2022.
Candidatos
Juan Orlando Hernández, candidato del oficialista Partido Nacional, se presenta con una propuesta electoral muy sencilla: continuar por cuatro años más el camino ya emprendido durante su gobierno, cosechar lo que ha sembrado y profundizar las medidas económicas y de seguridad.
En su propuesta de gobierno, Hernández refuerza los ejes temáticos de su primer mandato: generación de empleo (precario), estabilidad macroeconómica, apertura al capital nacional y transnacional con la promoción de las zonas de empleo y desarrollo económico (Zede o ciudad modelo), concesión de bienes comunes y territorios, programas sociales para los sectores más pobres -que en Honduras siguen representando a más del 60% de la población-, control férreo de las instituciones públicas, seguridad, defensa y militarización del territorio.
Sin duda alguna, el actual mandatario es el candidato que, a pesar de roces y tensiones, más representa los intereses del gran capital nacional e transnacionales, así como de los «grupos fácticos» que controlan la política y la economía hondureña y de la actual administración norteamericana.
Su principal contrincante será Salvador Nasralla, histriónico conductor de televisión y candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que reúne al Partido Libertad y Refundación (Libre), al Partido Innovación y Unidad (Pinu) y a una parte de la base del Partido Anticorrupción (Pac).
En su programa, Nasralla recoge buena parte de las propuestas políticas y sociales que surgen desde los sectores que en su momento se opusieron al golpe de Estado del 2009.
Salud y educación universal y gratuita, viviendas dignas, plan de seguridad comunitaria enfocada en la prevención del delito, lucha contra la corrupción y la impunidad, servicios básicos sometidos a control público, acceso al credito para pequeños y medianos productores, reforma agraria integral, derogación de las leyes que precarizan el trabajo, cercenan derechos de la ciudadanía y ponen en venta bienes comunes y territorios.
Además, se propone velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género, impulsar un nuevo pacto fiscal, reducir el costo de los combustibles, indexar el salario mínimo al costo de la canasta básica.
El candidato del Partido Liberal es Luis Zelaya. Con muy pocas posibilidades de ganar la contienda electoral en cuanto no controla el aparato del partido y arrastra las consecuencias de la división interna originada a raíz del golpe de 2009, Zelaya propone fortalecer la institucionalidad, una lucha férrea contra la corrupción y la impunidad, reactivación económica y generación de empleo a través de parques agroindustriales, inversión en educación y salud, entre otros.
Mucho más que un voto
Para aquellos sectores de la sociedad hondureña que han sido constantemente y sistemáticamente excluidos y olvidados, la del 26 de noviembre es mucho más que un simple elección de nuevas autoridades públicas.
«El actual gobierno ha venido violentando derechos, cercenando territorios, empobreciendo a la población. Para la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras este proceso electoral no significa una votación más, sino que se está definiendo el futuro del pueblo hondureño. De ganar el actual mandatario y candidato ilegal e inconstitucional Juan Orlando Hernández se profundizaría la dictadura que se ha venido instalando durante su mandato, y que ha sido apoyada por los grupos fácticos y por los militares», dijo Miriam Miranda, miembro de la Plataforma.
Para la dirigente garífuna es fundamental que cualquier agenda electoral ponga como eje principal el cambio de modelo económico.
«El modelo neoliberal y extractivista que ha implementado el actual gobierno ha venido arrebatando y saqueando bienes comunes. Ahora quieren profundizar el mismo modelo con la implementación de las Zede, subastando territorios donde justamente están radicados los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Como Plataforma nos sumamos al llamamiento hecho desde la Convergencia contra el Continuismo para que la gente razone su voto y no contribuya a la continuidad de la dictadura», aseveró Miranda.
La también coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dijo que, independientemente de quien será el ganador de esta contienda electoral, la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras continuará impulsando una agenda que prevé cambios estructurales a través de la instalación de una asamblea nacional constituyente popular, democrática, incluyente e originaria.
«Vamos a seguir respaldando las luchas territoriales para generar una sociedad diferente. Las comunidades deben seguir preparándose para defender los territorios de este modelo destructivo y avasallante que acaba con la vida de los bienes comunes y las personas. También vamos a seguir exigiendo el cese de la criminalización, persecución e impunidad. Vamos a exigir justicia para nuestra hermana Berta Cáceres y para todas las defensoras y defensores asesinados.
Decimos NO a este proyecto de muerte. Gane quien gane esta es la agenda que vamos a proponer desde los territorios, articulándonos con todos los movimientos sociales que hay en Honduras como el movimiento estudiantil, obrero, campesino, la comunidad LGTBI, las mujeres», concluyó Miranda.
